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El juicio del caso Inipro apunta al año 2024

El Ministerio Público trabaja con el escenario de que sea tras las elecciones locales

| Actualizado a 11 junio 2022 07:00
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Por primera vez en una década aparece en el horizonte una fecha con visos de credibilidad para el esperado juicio del caso Inipro. Tras nueve años de instrucción, la Fiscalía Provincial de Tarragona anunció ayer que trabaja con la previsión de que la vista oral que sentará en el banquillo de los acusados al exalcalde de Tarragona Josep Fèlix Ballesteros (PSC) y a la exportavoz municipal Begoña Floria (PSC) se lleve a cabo a principios de 2024. Así lo anunció en una entrevista en TAC12 la fiscal jefa de la Audiencia Provincial, María José Osuna, quien de esta forma descarta que las tres semanas de sesiones se lleven a cabo antes de las elecciones municipales del 28 de mayo de 2023.

«Justo ahora las audiencias están señalando para finales de 2022. En este caso aún se está en trámite de defensa y no hay presos, por lo que la previsión es que nos vayamos a principios de 2024», indicó la fiscal jefa en la televisión pública del Camp de Tarragona, quien también apunta a la «sobrecarga» de trabajo que sufren los juzgados para justificar este calendario.

¿Alcalde contra alcalde?

Después de que en 2013 la CUP denunciara el caso al juzgado, a finales de 2020 se conoció que el Ministerio Público pide una pena de prisión de cinco años y ocho meses para Ballesteros, a quien acusa de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude, falsedad en documento público y falsedad en documento mercantil. Asimismo, el fiscal también propone para Ballesteros la inhabilitación «para todo cargo o empleo público» durante el tiempo que dure la condena, así como al pago de «12 euros diarios durante 22 meses», lo que supondría unos 8.000 euros de sanción. La CUP, por su parte, pide 13 años para el exalcalde, por los 14 de la acusación del Ayuntamiento.

Paralelamente, la Fiscalía solo apunta a Begoña Floria por un solo delito –malversación de caudales públicos– por el que le pide cuatro años y diez meses de cárcel. El ministerio público también pone sobre la mesa «una inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena», así como a una «inhabilitación absoluta» durante ocho años y seis meses. Se trata de una petición que no es ni la mitad de lo que piden CUP y Ayuntamiento, que solicitan diez años de prisión.

Sin lugar a dudas, una de las grandes citas del juicio será la posible declaración del actual alcalde, Pau Ricomà (ERC), quien ha sido propuesto como testigo por parte de Ballesteros. Tras enfrentarse desde 2015 en el Saló de Plens, es posible que en dos años ambos primeros ediles se vean las caras también en los tribunales. ¿Alcalde contra alcalde?

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