El ‘pistolero’ de Securitas recibirá la eutanasia el próximo martes 23 de agosto

Eugen Marin Sabau, el exvigilante de seguridad que disparó contra sus compañeros de trabajo el pasado diciembre, recibirá la eutanasia el próximo martes 23 de agosto. Así lo confirmaba ayer su abogado, Gerard Amigó, después de que el Centre Penitenciari de Terrassa –donde está ingresado Sabau desde hace unos meses– lo comunicara al Juzgado de Instrucción número 5 de Tarragona, que lleva el caso desde el inicio.

La fecha se ha decidido después de que la Audiencia Provincial desestimará los recursos presentados por las víctimas, quienes pedían que el proceso de eutanasia se paralizara hasta que se celebrara el juicio contra Sabau. Ahora, la única esperanza que tienen las víctimas –tres compañeros de trabajo del presunto autor y dos agentes de los Mossos d’Esquadra– es que el Tribunal Constitucional se pronuncie y tire adelante medidas cautelares, después de que presentaran un recurso de amparo. El TC tiene once días para hacerlo. De no ser así, Sabau recibirá la eutanasia y el caso se archivará por la vía penal.

El abogado de Sabau, Gerard Amigó, se mostraba muy satisfecho tras conocer la noticia, ayer por la tarde. «Por fin ponen una fecha. Después de trabajar muy duro, lo hemos conseguido. Seguramente nos ayudó mucho el magnífico auto que realizó la Audiencia Provincial, quien dejaba claro que el derecho a la muerte digna prevalece sobre el derecho a un juicio justo», explicaba ayer Amigó. Añadía que «es un hecho relevante e histórico, ya que se trata del primer caso en España. Esto podría crear jurisprudencia a partir de ahora». El abogado insistía en que «estamos contentos por nuestro cliente, pero también queremos mostrar el máximo respeto a las víctimas». Amigó, por otro lado, ve «improbable» que el Constitucional marque medidas cautelares que puedan parar la eutanasia el próximo día 23 de agosto.

El caso podría archivarse

Por su parte, las defensas de las víctimas están dispuestas a llegar hasta el final para paralizar la eutanasia y que se celebre el juicio lo antes posible. Primero acudieron a la jueza de Instrucción número 5 de Tarragona, luego a la Audiencia Provincial y, finalmente, al Tribunal Constitucional, donde presentaron –el pasado viernes, día 5 de agosto– un recurso de amparo. Las víctimas piden que el proceso de la muerte asistida para Sabau se paralice, al menos, hasta celebrarse el juicio. Dicen que tienen derecho a la tutela judicial efectiva. Hasta ahora, la justicia no les da la razón.

Albert Palacio, portavoz de USPAC –sindicato que defiende a los dos Mossos d’Esquadra heridos durante la huida de Sabau– lamentaba que ya se haya fijado la fecha y aseguraba que «quizás, ahora, el Constitucional irá per feina y emite una resolución». Palacio explicaba ayer que la defensa de los Mossos presentará otro escrito ante el tribunal, teniendo en cuenta el poco margen de tiempo que hay. Las víctimas no pierden la esperanza y tampoco descartan otras acciones para defender sus derechos, explican.

«Me gustaría saber qué diría la justicia si, en lugar de juzgar a Sabau, se tuviera que juzgar al terrorista que atropelló a trece personas en la Rambla de Barcelona en 2017. No creo que los jueces le autorizan la muerte asistida antes de ser juzgado», opinaba Palacio, quien quiso dejar claro que «no estamos en contra de que se le practique la eutanasia, sino de que se haga antes de ser juzgado».

Según el sindicato, los agentes heridos, sobre todo el que recibió el disparo y que ha sido intervenido hasta en tres ocasiones del brazo, «lo están pasando muy mal a nivel psicológico», aunque reconoce que «nosotros lo tenemos mejor que el resto de víctimas, ya que el Estado se encarga de las indemnizaciones, teniendo en cuenta que formamos parte de los cuerpos policiales del Estado».

Si finalmente el Tribunal Constitucional no se pronuncia y no hay medidas cautelares para paralizar la eutanasia de Sabau, el caso se archivará de manera automática. Al menos, por la vía penal. Las víctimas deberán contemplar otros caminos, como el civil, para conseguir una indemnización. «Necesitamos que la justicia nos explique qué plan B tiene previsto para subsanar el drama de las víctimas», acaba Palacio.