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Más leña al fuego. Después de que el pleno municipal aprobara el pasado lunes –por mayoría absoluta– una moción para evitar la desaparición del quiosco de la Plaça Imperial Tarraco, ahora el PSC cambia de marcha. La formación socialista ha presentado ante el secretario general de la administración local, Joan Anton Font, un documento en el que denuncia «defectos de forma» en la tramitación del expediente del nuevo carril bici que, antes de final de año, enlazará el Campus Sescelades con el centro neurálgico de la ciudad, y que el próximo viernes 8 de octubre supondrá el cierre definitivo del negocio que está en pie desde 1967.
En el texto, al que ha tenido acceso el Diari, la concejal socialista Begoña Floria solicita al más alto funcionario municipal «un informe específico de legalidad» sobre la modificación que se realizó del proyecto, y que comportó la decisión de no mantener la caseta, pese a que inicialmente estaba previsto que fuera compatible con el carril bici. En este sentido, la concejal lamenta que en todo el expediente que está publicado en la web municipal «no aparece el nuevo proyecto» que determina la desaparición del quiosco, pese a la obligación legal de hacerlo, según se indica en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. «Los órganos de contratación que hubieren modificado un contrato durante su vigencia, con independencia de si este está o no sujeto a regulación armonizada y de la causa que justifique la modificación, deberán publicar en todo caso un anuncio de modificación en el perfil de contratante del órgano de contratación en el plazo de 5 días desde la aprobación de la misma, que deberá ir acompañado de las alegaciones del contratista y de todos los informes que, en su caso, se hubieran recabado con carácter previo a su aprobación, incluidos aquellos aportados por el adjudicatario o los emitidos por el propio órgano de contratación», afirma el artículo 207.3 de esta normativa.
«Nuevo proyecto sin publicar»
En el escrito, la edil recuerda que el 11 de diciembre de 2020 el Consistorio publicó el anuncio de la licitación de las obras en la sede electrónica municipal «en base a un proyecto redactado en julio de 2020, según consta en el expediente». En la página 7 de este trabajo se indica que, entre las acciones a realizar por los ejecutores de las obras, estaría la de «trasladar el quiosco», «derribar parcialmente las aceras para la formación de los vados y carriles bici» o «el derribo de la zona verde». «En la descripción de las obras se prevén diversas actuaciones en las que se diferencia claramente entre las acciones derribar o traslado», afirma la denunciante.
Asimismo, la concejal remarca en el documento que, en la página 139 del proyecto, «queda presupuestado» el traslado por un valor de 3.920,94 euros. En concreto, el único proyecto que figura en el expediente especifica que, entre las actuaciones a realizar, está «el traslado del quiosco a una nueva ubicación», en una partida que incluye «la mano de obra, los materiales y medios auxiliares necesarios, incluido el derribo de la cimentación, el transporte y la gestió de residuos con medios mecánicos y carga mecánica de runa sobre el camión o contenedor», así como «el pago de tarifas, tasas, cánones y gastos» y «toda la documentación acreditativa del proceso de deposición del residuo».
En la petición registrada ante la Secretaria General también se pone de relieve que, en el proyecto que figura en el expediente, se recogen planos «en los que la nueva ubicación del quiosco está marcada» en la propia plaza imperial.
Posteriormente, el 15 de abril de 2021 se adjudicaron las obras, que se iniciaron el 4 de junio con la previsión de acabar el 4 de octubre –cuatro días antes de la finalizar la concesión administrativa que tiene el propietario del quiosco–. «El concejal de Territori, Xavier Puig (ERC), informó el 12 de septiembre que se modificaría el contrato para tirar el quiosco y, de hecho, en el último pleno aseguró que «era razonable hacer un modificado del proyecto». Pese a ello, Floria pone de relieve en el texto que «no se ha publicado ninguna modificación del contrato en curso», que administrativamente se gestionó solo con el proyecto inicial que preveía salvar la caseta donde está ubicado el quiosco.
Asimismo, Begoña Floria también considera otro «defecto de forma» el hecho de que en el proyecto modificado, que no ha sido publicado, «no se diera audiencia al actual gestor del quiosco», ya que este «podría haber presentado alegaciones dentro del plazo de su concesión».
