El Port de Tarragona ya pierde barcos por el conflicto de la estiba

El conflicto con la estiba en el Port de Tarragona ha reducido a un tercio la operativa de cereales en las últimas semanas. Ese tráfico ya disminuyó en agosto un 45%, al pasar de 633.300 toneladas en 2021 a 347.800 en 2022. La incidencia, causada por el proceso de subrogación de los empleados en el marco de la liberalización de la estiba, se ve también en el tiempo de permanencia de los barcos. De media se ha duplicado y en algunos casos se ha triplicado. Son solo algunas de las afectaciones en el impacto global derivado, que también atañe al transporte, a las fábricas productoras de pienso o a la propia ganadería, todos ellos sectores muy preocupados porque está en juego la cadena alimentaria. «Puede ser un problema muy grave en los animales. Si no se les suministra pienso, se mueren y la carne acabará por no llegar a los supermercados», denuncia Pere Borrell, presidente de la Associació Catalana de Fabricants d'Aliments Compostos (ASFAC), una de las entidades que ha puesto el grito en el cielo ante la situación.

En clave Port, los tráficos se están resintiendo. Esta semana, la línea regular semanal de carga rodada con el puerto de Izmir (Turquía) ha desviado el tráfico a Sète, en Francia. Asimismo, la línea regular de carga refrigerada de fruta se va esta semana a Barcelona.

Borrell lamentaba que «el flujo de camiones que cargan en los almacenes es de un 50% menos respecto a lo normal, y nos han comunicado que un barco con maíz que venía de Ucrania con destino a Tarragona y Barcelona se ha desviado a Castellón, porque no le aseguran que pueda descargar».

La situación es de máxima tensión en todas las partes implicadas, en la medida en que deja tocado al Port como eslabón estratégico de la cadena logística del norte de la península y como pieza clave de la economía tarraconense.

Muchas mercancías y materias primas que alimentan las industrias de Catalunya y Aragón pasan por los muelles de Tarragona. Si no funciona la estiba, todo el tejido económico se resiente, empezando por las granjas de Catalunya y Aragón, bajo la amenaza ya del desabastecimiento.

Una infraestructura clave

Tarragona tiene el puerto de todo el Mediterráneo con mayor volumen de tráfico de cereales, destinados a la fabricación de piensos para animales de granja. «Unos 140 millones de animales del hinterland del Port, de Catalunya y Aragón, pero también el norte del País Valencià, La Rioja, Navarra y el este de las dos Castillas, dependen del suministro de cereales desde Tarragona», explican desde el Port.

Por aquí también entra material estratégico para la industria del automóvil, clave en procesos como la transformación del acero, o para la producción del 50% del papel higiénico que se consume en España. Alerta la Autoritat Portuària de un efecto dominó de largo alcance, que pasa por «aumentos de precios en los productos para el consumidor final, pérdida de empleos en operativas, transportistas o autónomos, y pérdida de oportunidades, de nuevas líneas o tráficos que no se implanten».

El Port padece desvíos de barcos y el riesgo irá en aumento si no se arregla el problema. «Los retrasos y los incumplimientos pueden provocar que se vayan determinados tráficos a otros puertos españoles o del Mediterráneo y, consecuentemente, se puede producir una pérdida de capacidad de crecimiento económico y de bienestar del territorio si el Port no puede afrontar los retos de futuro, como por ejemplo la diversificación y el aumento de tráficos», dice el Port.

El desencadenante de todo ello ha sido la disolución de la sociedad Estarraco CPE, que hasta ahora actuaba facilitando personal para la estiba. La medida implica que las empresas que eran socias de Estarraco CPE (Euroports, Ership, Noatum, Bergé y DP World) van a actuar directamente a partir de ahora como empleadoras.

La disolución de Estarraco CPE es fruto de la reforma legislativa de los Centros Portuarios de Empleo y de la modificación de la Ley 14/1994, de 1 de junio, aprobada por el Gobierno y que regula las empresas de trabajo temporal. El cambio normativo culminó el pasado 4 de mayo de 2022 con la publicación de la resolución de la Dirección General de Trabajo del V Acuerdo para la regulación de las relaciones laborales en la estiba.

Todo ello ha desembocado en el conflicto, por la disconformidad de los estibadores con ese proceso, pese al compromiso explícito de las empresas de garantizar la recolocación de toda la plantilla en las cinco compañías, manteniendo derechos laborales como categoría, salario o antigüedad.

Condiciones subrogadas

Las empresas estibadoras «instan al Comité de Empresa a que los trabajadores retomen sus actividad con normalidad y cesen en su actitud de ralentizar las labores del puerto, que perjudican no solo a las empresas de estiba, a las navieras y al puerto, sino a sectores productivos enteros, a decenas de miles de trabajadores, y al conjunto del país». Estas compañías, según explican, «no entienden que la respuesta de los trabajadores a su oferta de subrogación de los puestos de trabajo, mantenimiento de empleo, condiciones laborales y salariales, y convenio sea la ralentización de las operaciones, que está provocando que la actividad en el Port se haya reducido a un tercio respecto a una situación normal, con las repercusiones que supone. Las sociedades estibadoras estiman la necesidad de destinar recursos adicionales y realizar contrataciones, para suplir esta baja productividad y superar esta situación». Asimismo, hacen un llamamiento al diálogo para que los trabajadores negocien «de buena fe dentro del periodo legal de consultas», cuyo inicio está previsto para mañana, «y que depongan acciones encubiertas de presión».

Los estibadores respondieron ayer con otro comunicado, firmado por el comité de empresa de la sociedad Estarraco. En él denuncian que han requerido a las empresas «la necesidad imperiosa y urgente de llevar a cabo la ampliación de la plantilla fija para poder prestar un servicio público de interés general ante la previsión de crecimiento del tráfico de mercancías». Los empleados lamentan que «la respuesta ha sido un no con rotundidad a disponer de más personal» y hablan de «una situación de falta de personal estibador portuario por propia decisión empresarial», como factor que «genera la consecuencia de que los buques se descarguen con demora».

Defienden que «el trabajador portuario ha mostrado su máxima disponibilidad». «Muchos de nosotros ya estamos llegando al límite de horas de trabajo realizado en su cómputo anual, siendo que aún quedan cuatro meses delante para prestar servicio, junto con los trabajadores eventuales en precariedad laboral que se encuentran también en el límite de horas de trabajo». Estos profesionales añaden que «existen almacenes repletos de maíz que las empresas mantienen retenidos por causas no imputables a los trabajadores y los buques se continúan descargando con el personal disponible».

El comité «lamenta profundamente la situación en el Port, por su deteriorada gestión en el tráfico comercial y la demora en la descarga», pero desmiente «con rotundidad que la causa sea por un conflicto laboral sino por una serie de decisiones equivocadas tomadas de forma unilateral por la parte empresarial y societaria».

Por su parte, la Autoritat Portuària de Tarragona (APT) ha instado a las partes implicadas, empresas y empleados de la estiba, «para que lleguen a los acuerdos necesarios para devolver el puerto a la operativa normal».

La APT requiere a las empresas para que activen los «mecanismos necesarios para descongestionar el puerto», les ha solicitado el «estudio de las razones por las que la operativa de la estiba está ofreciendo rendimientos anómalos en el Port» y admite que trabaja para que «haya una rápida solución en las próximas semanas».

El presidente del Port, Josep Maria Cruset, «reclama una actitud positiva a trabajadores y empresas para alcanzar un acuerdo que responda a las necesidades y a las expectativas de futuro del Port, con una organización del trabajo moderna y transparente que garantice unos servicios portuarios eficientes y competitivos». Cruset recuerda que «el Port es un motor del país y no se pueden poner en riesgo los múltiples sectores económicos que dependen de él».