Fumata gris. De momento, FCC no firmará el convenio preacordado el pasado 8 de abril con los trabajadores de la basura, que este jueves ha recibido el aval del alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales (PSC).
Así lo confirman al Diari fuentes de la compañía gestora del mayor servicio municipal, que ven «insuficiente» la carta que este mediodía ha consensuado el gobierno municipal con el comité de empresa de la basura para que la sociedad avale un acuerdo que prevé una subida salarial del 3,5%, lo que supone un gasto de unos 400.000 euros.
Fuentes de FCC indican que, con el redactado de la carta, la firma «no está en condiciones» asumir el convenio. Por ello, pone dos condiciones sobre la mesa: que Urbaser también avale el convenio y que este sea aprobado «por el órgano de contratación».
Sobre la primera exigencia, desde FCC se recuerda que el consistorio «aprobó el pasado 24 de abril adjudicar el nuevo contrato a Urbaser», por lo que pide un «documento de conformidad expresa» por parte de esta empresa.
Asimismo, a juicio de FCC, el convenio debe ser avalado por el pleno municipal, para garantizar que será el Ayuntamiento «el que se hará cargo del incremento salarial».
En este sentido, la empresa gestora de la basura propone que en la mediación del próximo 23 de mayo en el Tribunal Laboral de Catalunya «también acuda un representante del consistorio».
Desde FCC se justifica su posicionamiento en los «escritos contradictorios» del consistorio de los últimos días.
Inicialmente, el Ayuntamiento, tras dejar claro que «no puede entrar en las relaciones laborales entre empresa y trabajadores», alertaba el lunes que «la empresa ya es conocedora que nos encontramos ante una situación de continuidad, y que debe hacerse responsable en relación a actuaciones que puedan distorsionar los derechos y obligaciones de la futura empresa adjudicataria, garantizando siempre las mejores condiciones para los trabajadores», ayer rebajó la advertencia.
Sin embargo, en una nueva comunicación con fecha del martes, el consistorio «deja sin efecto» su postura inicial y se limita a recalcar que la administración municipal «no puede entrar en las relaciones laborales entre empresa y trabajadores», por lo que «no toca manifestar conformidad o disconformidad».
De esta forma, el Ayuntamiento retiraba la amenaza a FCC de ser la responsable de los 400.000 euros que supondrán las mejoras salariales.
«Incrementos ordinarios»
La respuesta de FCC, tras ser analizada por los servicios jurídicos, llega después de la carta que este mediodía ha enviado el Ayuntamiento a la empresa, firmada por el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales (PSC).
En la misiva se indica que la voluntad es «lograr la firma del convenio», que estipula una mejora salarial para los empleados de un 3,5% para este 2025, lo que se traduce en una partida de 380.000 euros.
En la carta, Viñuales hace evidente a los representantes de FCC que la mejora salarial «está en el orden de magnitud de los incrementos estándard o ordinarios», que «entendemos que pueden ser asumidos por la empresa sin que esto comporte riesgo económico para el contratista».
Asimismo, el documento recalca que las negociaciones han sido «legítimas, no abusivas y responsables», y no implican aumentos «que puedan ser considerados fuera del marco de la buena fe».
Asimismo, en la carta se recuerda a FCC que «el pliego que regula la contratación administrativa prevé la revisión de precios a consecuencia de los incrementos salariales pactados», que para la entrada en vigor de la nueva concesión es del 2,5%.
Sin embargo, de momento, todos estos argumentos no son suficientes para desenrocar la posición de FCC. La huelga, pues, sigue sin desaparecer del horizonte de la Plaça de la Font.
