Iqoxe, punto de inflexión para reforzar la seguridad de la industria petroquímica

La industria petroquímica de Tarragona sufrió el 14 de enero de 2020 el accidente más importante de su historia. Una explosión en la planta de la empresa Iqoxe, en el polígono químico sur, acabó con la vida de tres personas: dos trabajadores de la compañía de La Canonja y otra que se encontraba en su vivienda del barrio de Torreforta –a 2,5 kilómetros de distancia– y que recibió el impacto de una chapa de hierro –que era la tapa del reactor R3131 que estalló a las 18.40 horas– de 1,22 metros de ancho, 1,65 de largo y tres centímetros de espesor.

Han pasado 394 días de la explosión y el caso aún genera muchas más preguntas que respuestas, pese a que la empresa defiende «haber actuado correctamente», según indicó recientemente al Diari el portavoz de la compañía, Javier Fontcuberta. Trece meses después del suceso, sin embargo, no se conoce aún qué es lo que provocó el estallido ni el motivo ni el responsable de la mayor tragedia de los úlimos años, que ha supuesto un punto de inflexión en la percepción de seguridad que se tiene del mayor polígono petroquímico del sur de Europa.

Hasta la fecha, dos son los informes que se han puesto sobre la mesa para intentar arrojar un poco de luz sobre lo sucedido. Uno, de la empresa nórdica DNV encargado por el Departament d’Empresa de la Generalitat de Catalunya; y otro del Institut Químic de Sarrià (ICS), solicitado por parte de la propia compañía. Ambos trabajos técnicos coinciden en el hecho de que la causa fue la explosión del reactor, si bien discrepan en algunos puntos. El primero es sobre cuál fue el material que estalló. Según DNV, fue la materia prima –el óxido de etileno–, mientras que el IQS cree que fue la descomposición del producto que se fabricaba, el MPG500. Tampoco hay acuerdo para explicar el motivo que originó la deflegración.

Salas de control bunkerizadas

Parlalelamente, a lo largo de 2020 el Parlament de Catalunya llevó a cabo una comisión de estudio, cuyas conclusiones contemplan un paquete de medidas de seguridad a desarrollar en los próximos años. Así, las formaciones del Parc de la Ciutadella optan por cambiar la normativa vigente y obligar a las empresas a «disponer de salas de control bunkerizadas en cada planta» para «proteger a los trabajadores», según se indica en el documento aprobado por la cámara legislativa el pasado 15 de diciembre.

En el texto que fue avalado por la cámara legislativa apuesta por exigir a las compañías a «disponer de un registro remoto, con sistemas de copias de seguridad», y por la presencia de cajas negras «equivalentes a las de los aviones», así como a «incentivar a las empresas para que creen centros de control externos a las plantas de producción».

Además, el nuevo Plaseqta recuperado tras el accidente dibuja una inversión de 1,4 millones de euros en sensores perimetrales en el polígono petroquímico. Pese a ello, el conseller de l’Interior, Miquel Sàmper (Junts), reconoció en noviembre que el Govern no tenía dinero para iniciar su instalación, por lo que se prevé que su puesta en marcha se inicie a lo largo de este año. De hecho, está previsto realizar el anuncio tras las elecciones de este domingo.

«Infraestructuras y redes cerradas»

Desde la Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT) se reivindica que la seguridad «es la prioridad principal del sector», según indica el gerente de la entidad, Juan Pedro Díaz. «Aplicamos los estandares y las medidas más exigentes, y de hecho los datos demuestran que somos uno de los sectores con la accidentalidad más baja», recalca Díaz. Pese a ello, enfatiza la voluntad de «mejora continuada» y, por ello, el nuevo Pla Estratègic de la AEQT «incluye medidas orientadas a mejorar aún más la seguridad», asegura el alto cargo de la asociación química.

Asimismo, desde la AEQT también se pide que en la próxima legislatura las formaciones con representación autonómica «reclamen» que se den pasos hacia adelante en «proyectos y necesidades que son urgentes para el territorio», como son «las redes eléctricas cerradas, la finalización de infraestructuras viarias y ferroviarias y la actualización de redes eléctricas obsoletas».