Juzgarán a un guardia urbano de Tarragona acusado de quedarse con dinero de las multas

Un agente de la Guàrdia Urbana de Tarragona se enfrenta a cinco años y cuatro meses de prisión acusado de quedarse con el dinero de las multas. Supuestamente, se apropiaba del importe en efectivo que cobraba por las sanciones impuestas a los ciudadanos extranjeros. En su taquilla le fueron encontrados diferentes boletines de denuncia. El caso llegará a juicio con un jurado popular –si antes no se alcanza un acuerdo entre las partes– en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Tarragona.

El acusado es funcionario del Ayuntamiento de Reus, según recoge el escrito de acusación de la Fiscalía. Según un decreto de 14 de noviembre de 2018, el policía quedó adscrito, en comisión de servicios, al Ayuntamiento de Tarragona en calidad de agente de la Guàrdia Urbana desde el 16 de noviembre de dicho año hasta el 15 de noviembre de 2019.

El 8 de octubre de 2019, el encausado solicitó la prórroga de dicha comisión de servicios, siéndole acordada el 16 de noviembre por un periodo de un año. El 21 de mayo de 2020 solicitó la finalización de su adscripción, haciéndose efectiva el 4 de octubre de 2020.

Trànsit y playas

Durante el tiempo en que prestó sus servicios como agente de la Guàrdia Urbana de Tarragona, estuvo adscrito a la Unitat de Trànsit y a la Unitat de Vigilància de Platges. Tenia encomendadas, entre otras funciones, la vigilancia, control, disciplina y regulación del tráfico.

Según el Ministerio Público, el acusado, «con ánimo de obtener un ilícito enriquecimiento patrimonial y valiéndose de su cargo y de las funciones que le eran encomendadas», incorporó a su patrimonio los importes de las multas que imponía, «incumpliendo la normativa interna de cobro». El acusado sancionaba por infracciones de tráfico principalmente a conductores extranjeros, los cuales le abonaban las multas en efectivo y en la vía pública, con la reducción del 50 por ciento.

Pero el acusado, añade el escrito, no procedía, como establece la normativa, a dar cuenta de las mismas al responsable y a tramitarlas mediante su ingreso en la cuenta bancaria de la Base de Gestió d’Ingressos de la Diputació de Tarragona. De esta manera, cobró seis sanciones de 50 euros y tres de cien entre el 21 de julio de 2019 y el 16 de enero de 2020. En total 600 euros que no fueron a parar al patrimonio público.

Con la finalidad de que su actuación no fuera descubierta por sus superiores, el procesado ocultó los boletines de denuncia antes indicados en el interior de su taquilla personal en las dependencias policiales, dejándolos así al margen del procedimiento establecido.

De esta manera incumplía un comunicado interno sobre el procedimiento de gestión de multas y la obligación de entregar con inmediatez los boletines al cabo de turno para facilitar su tramitación y evitar el archivo, «obstacularizando las funciones encomendadas a la Unitat de Multes de la Guàrdia Urbana en cuento a la instrucción de los expedientes administrativos». El encausado ocultó en su taquilla personal y dejó sin tramitar 10 multas.

Los delitos

Para el fiscal, los hechos constituyen dos delitos continuados: uno de malversación de caudales públicos y otro de infidelidad en la custodia de documentos. Por el primero solicita la pena de 22 meses de prisión, el pago de una multa de 3.300 euros e inhabilitación para empleo o cargo público durante cuatro años; y por el segundo, tres años y medio de cárcel, 6.000 euros de multa e inhabilitación durante cinco años.

En cuanto a la responsabilidad civil, se solicita que devuelva al Ayuntamiento los 600 euros.

El próximo 14 de abril está prevista una vista de conformidad para ver si las partes llegan a un acuerdo y no se tiene que celebrar el juicio.