La Fiscalía ve delito de prevaricación urbanística en el alcalde de Vallmoll

El alcalde de Vallmoll, Josep Lluís Cusidó, declarará el próximo 16 de marzo en el Juzgado de Instrucción 1 de Valls en calidad de investigado en un procedimiento contra la ordenación del territorio y prevaricación urbanística. El tribunal vallense investiga así después de la denuncia presentada desde la sección de Medio Ambiente de la Fiscalía Provincial de Tarragona.

La Fiscalía ha solicitado al juzgado proceder a la incoación de diligencias previas. La Fiscalía establece que Cusidó ha cometido un delito sostenido de prevaricación urbanística, además de otros que, sin embargo, ya han prescrito: «Los hechos constituyen diversos delitos contra la ordenación del territorio en concurso ideal con un delito continuado de prevaricación urbanística omisiva. Los delitos contra la ordenación del territorio han prescrito pero el de prevaricación no», expone el informe de acusación de la Fiscalía, dirigido al juzgado de instrucción del Valls.

El origen del caso se remonta a 1979, cuando el ayuntamiento concedió a Cusidó licencia para la construcción de un almacén agrícola de dos plantas en una finca de su propiedad, en un suelo catalogado como rústico en el Camí del Roser. «La licencia contenía expresamente la prevención de que en ningún momento podría habilitarse el almacén como vivienda. No obstante, construyó una vivienda que desde entonces ha experimentado diversas ampliaciones», dice el fiscal.

El juez le ha llamado a declarar como investigado, junto al arquitecto municipal

Ante la queja formulada a partir de entonces por varios ediles, 13 años más tarde, en 1992, Cusidó, como alcalde y «persona interesada», manifestó lo siguiente: « Evidentemente se reconoce la situación irregular existente desde el punto de vista urbanístico desde 1979 y, por lo tanto, asumiré como cualquier otro ciudadano las responsabilidades que se deriven en forma de sanción o cualquier otro medio que el Ayuntamiento estime oportuno. De esta forma espero que en un término máximo de tres meses este consistorio pueda resolver este asunto del cual los anteriores ayuntamientos se desentendieron, limitándose a consentir una situación evidentemente ilícita».

Cusidó, que lleva 29 años como alcalde del PSC –en mayo de 2019 logró seis de los nueve concejales, mayoría absoluta–, ya era edil en 1992. La Fiscalía expone que, «pese a esa declaración y a que precisamente le correspondía a él mismo el inicio de la adecuación de la legalidad urbanística, nunca le ha sido incoado ningún expediente ni ha recibido inspección alguna del arquitecto municipal». Pero la acusación del fiscal en sus investigaciones va más allá y relata que «lo mismo ha sucedido con otras irregularidades urbanísticas cometidas desde su entorno inmediato».

«Evidentes infracciones»

No sucedió así en otros casos de ciudadanos más retirados de su círculo: «Respecto a otras personas desvinculadas de su entorno y por situaciones menos graves, sí se han incoado expedientes de disciplina urbanística». Tanto Cusidó, como los arquitectos municipales, también denunciados, «han callado evidentes notarias infracciones urbanísticas de diferente índole».

Una de ellas atañe a la vivienda del alcalde. En una licencia de obra, solicitada por la mujer de Cusidó, «se hace figurar falsamente que la finca indicada se encuentra en la urbanización Paradís». Esa vivienda ha sido ampliada varias veces. Otro de los puntos bajo la lupa es el llamado Camí del Roser. Sostiene la Fiscalía de Tarragona que el alcalde, «sin licencia ni resolución que le habilitara, hizo que se asfaltara y se dispusiera de alumbrado público en el camino del Roser, de donde obtiene conexión eléctrica desde la urbanización Vallmoll Paradís hasta su domicilio pero no más allá». Según esa investigación y como han denunciado algunos vecinos, el alcalde «ha venido satisfaciendo diversas cantidades de suministros y de coeficiente en relación con parcelas catalogadas como zonas verdes, con la finalidad de disimular la evidencia de las ilegalidades».

El máximo representante municipal de Vallmoll no tiene ninguna «unidad de valor» dentro de Vallmoll Paradís «pero viene pagando cuotas de forma voluntaria desde el año 1980 y se le permite votar pese a no ser miembro de la entidad». Eso no fue obstáculo para que la familia solicitara y obtuviera licencia de obras. La Fiscalía es contundente en sus apreciaciones: «Estas actuaciones tienen probablemente la finalidad de encubrir o blanquear que los diversos suministros vayan a unas edificaciones que no deben estar en donde están». Así, la Fiscalía concluye que el alcalde, «faltando a su deber de neutralidad y objetividad», en materia urbanística ha tenido diferentes varas de medir: «Ha actuado de forma diferente en cuanto a su propio patrimonio y el de sus allegados respecto a otros no allegados para quienes, correctamente, ha incoado expedientes de restauración de la legalidad urbanística, impuesto multas coercitivas e incluso ha interpuesto denuncias por casos mucho menos graves que el propio».

La Fiscalía dice que el edil ha interpuesto denuncias por casos mucho menos graves que el suyo

La denuncia también va dirigida contra Ignasi Comas, arquitecto municipal de Vallmoll, que también comparecerá en el juzgado el 16 de marzo como investigado. Lo mismo sucede con Anna Ollé, «que en ocasiones ha hecho funciones de arquitecto municipal en forma que quedará determinada durante la instrucción judicial», según Fiscalía.

El día 17 de marzo también declarará el secretario del Ayuntamiento de Vallmoll, Rodrigo Fernández, en calidad de testigo, igual que los agentes de la Unidad Técnica adscrita a la Audiencia de Tarragona que han elaborado los oportunos atestados. Antes, el día 12, han sido citados los dos denunciantes del caso, dos vecinos de Vallmoll.

La Fiscalía, en este informe del pasado diciembre, también ha dicho que se continúe con algunas investigaciones. Asimismo, encomienda a la Unidad Técnica de la Guardia Civil a esclarecer de dónde proceden los suministros de agua y electricidad a la vivienda de Josep Lluís Cusidó, si se satisface alguna cantidad por los consumos y en qué concepto, así como aclarar cómo fue el asfaltado y el alumbrado del Camí del Roser, en cuanto a fechas, personas y resoluciones.

En su defensa, Josep Lluís Cusidó explica que «estoy a disposición del juez para aclarar las cosas»: «Este caso ya lo archivó la Audiencia, pero ahora volvemos. Estoy a disposición de la justicia. Somos cargos públicos y estamos para eso, para responder cuando toca o cuando te requieren». Cusidó achaca la acusación a «motivaciones políticas» y a una persecución por parte «de unos vecinos que están obsesionados»: «Cada vez que hay elecciones municipales, recibimos toda una serie de denuncias desde hace tiempo y nunca se ha llegado a nada. Detrás está la oposición, que no sabe perder en las elecciones y utilizan a unos vecinos que están dispuestos a denunciarlo todo».

El máximo representante municipal de esta localidad del Alt Camp dice que hasta ahora se han archivado todas las denuncias presentadas «y esta es otra que forma parte de lo mismo». Añade que dará «ante el juez todas las explicaciones necesarias y presentaremos toda la documentación» y que la acusación de los vecinos «no se ajusta a la realidad». Sobre el pago de cuotas en la urbanización de Vallmoll Paradís, aun no residiendo en ella, apunta: «Es algo que empezamos a hacer de forma voluntaria».