La Generalitat debe aún 12,2 millones al Ayuntamiento de Tarragona

Van pasando los años y no hay forma de que baje la deuda que la Generalitat de Catalunya mantiene con el Ayuntamiento de Tarragona. Según los últimos datos que maneja la corporación local, el Govern aún tiene pendiente de pago 12,2 millones de euros a la administración municipal, una cifra que representa el 9,2% de los 131,7 millones de gasto corriente que manejará la institución de la Plaça de la Font a lo largo de este 2015.

Según los números que la concejalía de Hisenda facilitó al Diari con fecha 12 de febrero de 2015, la mayor parte de la deuda que tiene la corporación autonómica se concentra en Serveis Socials, una partida en la que la Generalitat debe aún 4,6 millones de euros al Ayuntamiento o, lo que es lo mismo, el 37,7% del dinero pendiente de abonar.

En materia social, el Govern no ha sufragado aún sus obligaciones con el Consistorio en materias como el Servei a Domicili, Serveis Socials Bàsics, Atenció a la Infància i Adolescència, Inmigració, Centres Oberts y Urgències Socials. Se da la circunstancia de que el área de Serveis Socials tiene un presupuesto de 11,1 millones de euros, por lo que el dinero pendiente de cobrar supone nada más y nada menos que el 42% del total.

¿Y la Llei de Barris?

Especialmente significativa es también la deuda que el Govern arrastra en materia de planes integrales, correspondientes a las convocatorias de la Llei de Barris a las que se acogieron Campclar (2005) y la Part Alta (2007). En este aspecto, la administración autonómica sólo está al corriente de pago hasta la anualidad de 2010, pero desde entonces debe aún 2,8 millones de euros al Ayuntamiento.

A principios de 2012, el Govern anunció que, debido a la crisis económica, suspendía todos los pagos por este servicio. Por ello, la cantidad pendiente a sufragar en este sentido se incrementó -de forma importante- a lo largo de los siguientes años, un hecho que se traduce en los 2,8 ‘kilos’ actuales.

Recorte en guarderías

Especialmente significativa es también la deuda existente en materia educativa, en la que ya hace años que el Govern incumple con los compromisos que tenía firmados con la administración situada en la Plaça de la Font. Principalmente, la Generalitat ha dejado de pagar en Llars d’Infants, Escola de Música y la Escola d’Adults.

En este sentido, el Govern arrastra impagos por valor de 766.000 euros al Consistorio en guarderías, un hecho que ha provocado que la administración municipal se haya unido junto a otras 35 localidades catalanas para llevar al Govern ante los tribunales para reclamar la cantidad establecida.

Hasta 2011, la Generalitat pagaba al Consistorio 1.800 euros por plaza y curso, pero desde entonces esta cifra se ha ido reduciendo, hasta el punto de que en la actualidad ya no paga nada. Toda esta situación también ha comportado que el pleno municipal aprobara el pasado 26 de enero, por unanimidad, una moción en la que se pedía al ejecutivo de Artur Mas (CiU) que abone sus deudas con el Consistorio a corto plazo. Cabe destacar que el texto contó con el visto bueno de los concejales del grupo municipal de Convergència i Unió.

Asimismo, el texto -que fue aprobado por PSC, CiU, PP e ICV- instó al Govern para que recupere en los presupuestos futuros la dotación económica que, hasta hace cuatro años, transfería a los consistorios.

Amenaza de embargo

Todo ello se traduce en el hecho de que, en los 1.507 días que lleva en cargo el delegado del Govern en la demarcación de Tarragona, Joaquim Nin (CiU), el gobierno de la Generalitat ha elevado de manera sustancial una deuda que, a lo largo de los cuatro últimos años, siempre ha fluctuado entre los 9,5 y los 15,8 millones de euros. El momento más crítico de los impagos de la Generalitat fue en diciembre de 2012, cuando la deuda autonómica con el Ayuntamiento llegó hasta los 15,8 millones de euros. Por ello, la administración municipal se planteó iniciar los trámites para embargar al Govern, una posibilidad que nunca antes se había puesto sobre la mesa entre corporaciones públicas.

En ese momento, el Consistorio se planteó iniciar la tramitación judicial para exigir, de entrada, 815.000 euros, que era la cantidad que el Ayuntamiento había requerido por escrito a la Delegació del Govern, en unas peticiones que no fueron contestadas. Pese a ello, finalmente la amenaza no se materializó, ya que a partir de entonces, el Govern de la Generalitat ha ido pagando, muy poco a poco, la deuda que tenía con la administración comandada por Josep Fèlix Ballesteros (PSC).

En esta línea, el dinero pendiente de cobrar se redujo considerablemente, hasta llegar a los 9,5 millones (seis menos) el pasado mes de agosto, si bien también es cierto que, a lo largo de este último medio año, la cantidad pendiente se ha vuelto a disparar, llegando hasta los 12,2 millones de euros.