La huelga en los juzgados bloquea más de 700 casos en Tarragona

«Tengo 160.000 euros pendientes de cobrar, de procesos que hemos ganado con los clientes y que están pendientes de ejecución, de ser pagados. Hay mucho dinero consignado que, cuando la sentencia es firme, debe ser pagado a sus legítimos acreedores. Todo eso está parado, y son muchos millones. En otros sitios la afectación es más salvaje, aquí en Tarragona estamos en un nivel medio», denuncia un abogado tarraconense.

Su testimonio ilustra la paralización que sufren los tribunales debido a la huelga que desde el 24 de enero hacen los letrados de la administración de justicia (LAJ). En las primeras dos semanas, más de 700 asuntos han quedado bloqueados, según los balances más recientes del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Del 30 de enero al 3 de febrero, se suspendieron en la provincia 444 actuaciones. La jurisdicción más afectada fue la penal (253), seguida de la civil, con 156, la social, con 27, y la contenciosa-administrativa, con ocho. Del 6 al 10 de febrero, últimos datos disponibles, los procedimientos paralizados en la provincia se elevaron a 297. Nuevamente la penal, con 181 afectaciones, fue la jurisdicción más perjudicada, por delante de la civil (99) y la social (17). Por lo tanto, cada día más de 70 casos se ven afectados por este parón. Eso acentúa aún más la saturación –la endémica y la que agravó la Covid– que sufren los órganos judiciales. En Catalunya, las actuaciones afectadas superan las 4.200 según esos mismos recuentos.

Una de las derivadas más comprometidas es la de la suspensión de juicios, lo que está acarreando multitud de inconvenientes. «Hay una compañera que fue de Barcelona a Tortosa y se encontró con el juicio suspendido. El problema es que no se informa, no se sabe si se va a suspender y si el abogado no asiste y se celebra, le pueden dar por desistido y perder», relata otro abogado de Tarragona.

«Todo va más lento»

Lo que es seguro es que el colapso judicial ya se está agravando. «Vamos a ver la situación más bloqueada de lo normal. Imagínate que llevas esperando un juicio un año y te los suspenden el mismo día. A lo mejor el siguiente señalamiento es para de aquí a seis meses, o para el otro año», cuenta otro jurista. «Respetamos el derecho a la movilización y a la huelga pero el perjuicio se está produciendo directamente sobre el ciudadano y repercutirá en el sistema. Si ya de por sí la administración de justicia es lenta, aún lo será más ahora. A lo mejor un trabajador que está pendiente de cobrar un sueldo de un contencioso, tiene que esperar años para hacerlo», indica David Toribio, coordinador de la agrupación de justicia de la FSC-CCOO de Catalunya, que engloba dentro a los propios letrados que están protestando.

El Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Tarragona (ICAT) ha hecho «un llamamiento a intensificar el diálogo entre las partes para resolver el conflicto entre los letrados de la administración de justicia y el Ministerio». La junta de gobierno del colegio tarraconense «respeta el derecho a huelga de los letrados para defender sus reivindicaciones laborales y no entra a valorar la postura negociadora del Gobierno». El Col·legi «insta a las dos partes a acercar sus posiciones mediante el diálogo en beneficio de la ciudadanía, que está sufriendo las consecuencias del bloqueo que supone para la justicia, con la suspensión de una gran cantidad de actuaciones judiciales de todo tipo».

Sin avances

Las posiciones, por el momento, parecen muy distantes. Este pasado viernes, después de 15 horas sentadas en la mesa de negociación sin avances, ambas partes se acusaron mutuamente de no tener voluntad de negociar.

En la misma línea, el Consejo General de la Abogacía Española ha emitido un comunicado en el que reclama «celeridad y responsabilidad» para resolver el bloqueo que «está perjudicando gravemente a juzgados y tribunales», ya que los letrados intervienen en todos los pasos de los procedimientos judiciales.

El conflicto, para estos letrados, tiene su origen en «la falta de adecuación salarial a las mayores funciones y responsabilidades atribuidas por la Ley 13/2009, descargadas a los jueces, incrementadas en sucesivas reformas». Los manifestantes acusan al Ministerio de Justicia de un incumplimiento reiterado de los acuerdos firmados. Las competencias aumentaron, aunque no lo hizo la retribución.

Después de 12 años esperando una adecuación salarial, el Ministerio de Justicia y los sindicatos acordaron en abril de 2021 mejorar el régimen retributivo de estos funcionarios, pero los trabajadores denuncian que no se han cumplido los acuerdos pactados.

El propio comité de huelga ha dicho que «la cuenta de consignaciones judiciales está parada» y que en toda España «hay 530 millones de euros pendientes de entregar como consecuencia». «La actividad en los juzgados es especialmente escasa y se están repitiendo concentraciones en toda España. Estimamos en 146.000 los juicios y vistas suspendidos; en Madrid 19.000. El Tribunal Supremo sigue en huelga en su mayoría, y cerrado el registro general».

«Esto es una huelga, nos estamos jugando mucho, lo estamos pasando mal, nosotros y nuestras familias, a nivel económico y psicológico», decía hace unos días en redes sociales Elena de la Vara, una letrada de la administración de justicia en Reus que está al frente de las movilizaciones.

Baile de cifras

La adhesión al parón en la provincia es notoria pero las cifras difieren muy ostensiblemente. El colectivo sitúa entre el 40 y el 50% el apoyo a la huelga en los últimos días. Por poner un ejemplo, el 17 de febrero el Ministerio ubicaba ese seguimiento en Tarragona cerca del 13%, con 10 profesionales secundándola de un total de 81. En el global de España, los letrados cifran el seguimiento en un 82% y Justicia lo rebaja a un 25%.

El letrado, un cargo anteriormente llamado secretario judicial, es una parte vital del engranaje del sistema. Se trata de una figura que distribuye el trabajo de la oficina judicial. Asume la responsabilidad de los servicios administrativos. Impulsa procedimientos, admite a trámite las demandas o atestigua que todo lo que se hace tiene un principio de fe pública.

Su ausencia en los tribunales debido a esta huelga indefinida que hoy inicia su quinta semana lleva a suspender procedimientos como tramitaciones, juicios, pagos o ejecuciones de sentencia. Es algo con impacto directo en el ciudadano. Entre otras labores, gestiona las cuentas desde las que se abonan pensiones alimenticias, embargos o indemnizaciones.

Las asuntos por resolver se disparan un 26% desde la Covid en Tarragona

La huelga de los letrados impacta de lleno en un sistema ya de por sí saturado y en el que los efectos de la pandemia –bajas, parones obligados o reducción de los aforos– aún se perciben. Desde la Covid-19 el número de asuntos pendientes en los juzgados de Tarragona se ha disparado un 26%. En el tercer trimestre de 2019, antes de la emergencia sanitaria, había 51.979 casos en trámite. En 2022, el número era de 64.279, después de un incremento progresivo.

Los aumentos se han dado sobre todo en los ámbitos civil, penal y social, según los balances provinciales publicados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La Memoria de la Audiencia Provincial de 2021 establecía que Tarragona tenía al menos 12 juzgados saturados y necesitaba la creación de otros cuatro para empezar a descongestionar el sistema.

El informe radiografiaba las dificultades en el ejercicio que hubo durante un año pasado en el que la Covid «siguió limitando el funcionamiento normal de la actividad judicial en la provincia», en palabras de Joan Perarnau, presidente de la Audiencia. «La inmensa mayoría de órganos judiciales de la provincia están con sobrecarga de trabajo», sostiene el máximo responsable del ente judicial. En 2021 hubo un «incremento en la entrada de asuntos en juzgados y tribunales», respondido con un «loable» aumento de la resolución, que «no siempre fue suficiente».

En marzo se pondrá en marcha un nuevo juzgado social en Tarragona

Está previsto que a finales de marzo se ponga en marcha el esperado nuevo juzgado social en Tarragona. Será el cuarto de la jurisdicción y vendrá a paliar en parte la situación de colapso que sufre especialmente este ámbito. El área aglutina, por ejemplo, los casos ligados a cuestiones laborales o de la Seguridad Social. A esa parcela han ido a parar muchas situaciones de conflictividad derivadas de la Covid, como despidos o ERTE. Este juzgado social 4 de Tarragona que verá la luz en cuestión de mes y medio es una de las demandas más recurrentes de los últimos años de la Audiencia Provincial y del propio Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSCJ).