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Agentes de los Mossos d'Esquadra de la Unidad Central de Estafas y Medios de pago de la División de Investigación Criminal (DIC), con la colaboración de mossos de la Unidad Central de Actividades Relevantes para la Seguridad Ciudadana del área Central de la Policía Administrativa, han detenido a tres personas, a quienes se los atribuyen al menos 25 delitos de estafa y falsificación documental.
Los presuntos autores su integrantes de un grupo criminal que se dedicaba a la organización de fiestas ilegales en viviendas de turismo rural, sin el consentimiento de los propietarios, sin abonar el importe del alquiler del espacio, el alquiler de material de hostelería ni la compra o contratación de servicios básicos como catering o bebida.
De este modo obtenían de forma íntegra el beneficio económico del conjunto de asistentes a la fiesta de forma directa, derivada de la venta de entradas así como la venta de las consumiciones. La investigación estima en 200.000 euros la cantidad defraudada.
Para llevar a cabo esta metodología, los presuntos autores contactaban con los responsables de las viviendas de turismo rural o con las empresas de servicios, ocultando su identidad bajo unos datos falsos. En algunos casos utilizaban copias de documentación de otras personas o usaban a una tercera persona como intermediaria (que desconocía la intención real de los locatarios).
Una vez iniciaban el contacto, su intención era abonar el importe del alquiler o compra mediante una transferencia bancaria que resultaba ser simulada y falsa. Enviaban por e-mail, o mensajería instantánea, un justificante de transferencia bancaria con datos falsos haciendo creer al destinatario que por la proximidad al fin de semana, el pago no se haría efectivo hasta después de unos días (ya pasado el tiempo de alquiler de la casa).
Toda esta secuencia delictiva se desarrollaba en un espacio de tiempo muy reducido, aproximadamente 24h, a contar desde el inicio del contacto con los responsables de viviendas o empresas hasta que se realizaba la fiesta.
A pesar de que el aforo de las viviendas que alquilaban no excedía los 10 o 15 residentes, la cantidad final de personas que asistían en las fiestas se estimaba entre 300 y 400. Los investigados no daban la ubicación de la fiesta hasta muy entrada la noche para reducir los riesgos de una eventual actuación policial.
El grupo criminal estaba perfectamente organizado, puesto que tenían muy bien atribuidas las funciones específicas de cada uno de ellos: alquiler de los espacios, convocatoria de los asistentes a través de redes sociales, contratación de los caterings, seguridad y control acceso a la finca, equipos de sonido y luz, camareros, etc.
Las viviendas de turismo rural donde se consumaron las fiestas se encuentran en las comarcas del Maresme, Noguera, Garraf, Pla de l'Estany, Alt Camp, Baix Empordà, Gironès, Bages, Osona, La Selva y el Tarragonès.
Los tres detenidos pasaron a disposición judicial el día 8 de abril, con más de 25 hechos en conjunto imputados al grupo criminal, y la autoridad judicial decretó su libertad con cargos.
Además de los hechos penales que se los atribuyen, por parte de la Unidad Central de Juego y Espectáculos del Cuerpo de Mossos d'Esquadra también se tramitaron las correspondientes denuncias por infracciones a la ley 11/2009, de regulación administrativa de los espectáculos públicos y las actividades recreativas, por la celebración de estos tipos de acontecimientos sin disponer de la autorización administrativa correspondiente, y por el incumplimiento de la normativa sanitaria en prevención de la COVID, vigentes en el momento de los hechos.
