Los agricultores critican que el nuevo colector de aguas residuales cruce sus huertas

Malestar entre los agricultores y regantes de las huertas de la Riera de Gaià ante el proyecto presentado por l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), que prevé que el trazado del nuevo colector que recoge las aguas residuales de El Catlllar, Ardenya, La Riera y Altafulla cruce sus cultivos, con un presupuesto de ejecución de 4,2 millones de euros. Actualmente la conducción de estas aguas negras discurre por debajo del cauce del río Gaià para, por sistema de bombeo, fluir a la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Altafulla. Hasta el próximo viernes tienen tiempo para presentar el pliego de alegaciones.

El colector en servicio fue construido durante la década de los 90 e incumple las directrices europeas respecto a los vertidos de aguas residuales en los espacios protegidos. En el caso concreto del Gaià, el tramo de río que esconde el colector, se incluye dentro del Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN), como aclaró el propio alcalde de La Riera, Jaume Casas, al inicio de la asamblea que viernes pasado reunió a cerca de un centenar de afectados con representantes del ACA, Ayuntamiento y Comunidad de Regantes de la localidad.

Una reunión que inicialmente respiraba ambiente un tanto encrespado «por la desinformación a la que hemos estado sometidos». Esta fue la queja generalizada de los asistentes, hasta tildar el proyecto de «arbitrario» como señaló Lluís Llauradó, uno de los afectados. A esto respondió el responsable del ACA en la demarcación, Francesc Benet, quien indicó que el proyecto es en cumplimiento de la sentencia judicial, tras denuncia del Cuerpo de Agentes Rurales, «que nos obliga a retirar el colector del cauce».

El técnico de ACA, Martirià Colominas, que ha participado en la redacción del proyecto explicó, a grandes trazos, un esbozo de las características de la obra. Señaló que el nuevo colector se ha de trazar «a un mínimo de 25 m de distancia en ambas márgenes del Gaià». Para ello será preciso abrir una zanja, con una boca de 80 cm, y de 1,5 m de profundidad, para soterrar la tubería que mide 33 cm de diámetro.

Los recelos surgieron a la hora de conocer las afectaciones y servidumbres derivadas de la conducción: «¿Será posible luego plantar encima?», espetó Joan Virgili, a lo que Colominas puntualizó que «habrá que observar la servidumbre establecida habitualmente de 3 metros, a razón de 1,5 metros a un lado y a otro, donde no se pueden plantar especies vegetales de raíces gruesas y profundas, como los árboles, y sí las hortalizas».

Las alternativas

Los afectados por la expropiación, que se cifran en 152, con el respaldo del alcalde Casas y del presidente de la Comunidad de Regantes, Joan Carles Gual, sostienen que la solución deseable seria una reparación a conciencia del colector existente, para evitar las fugas y escapes de las tapas de los registros que, periódicamente, vierten aguas fecales al cauce. Lamentan que «no se haya hecho mantenimiento alguno en 20 años», con la reparación entienden se evitaría el daño medioambiental que se está generando. Proposición que desde el ACA admiten «tiene escasas opciones de prosperar».

Pero la alternativa que podría tomar cuerpo es que el nuevo colector se construya soterrado por el camino rural que transcurre en paralelo al margen derecho del Gaià, con lo que la afectación se reduciría a solo unos 25 agricultores. Hay que recordar que la huerta de la Riera está dividida en múltiples parcelas de regadío de diversos propietarios.

Ante de todo, los payeses de La Riera quieren evitar el paso de la infraestructura pos sus fincas, posicionamento que priorizan por encima de todo, incluidas las indemnizaciones por la expropiación. Un extremo este que, en el peor de los escenarios también preocupa, como en el caso de Agustí Salvat, que se interesó por las condiciones expropiatorias; Colominas afirmó que los 44.000 euros para expropiaciones es el importe a dividir entre los afectados «atendiendo individualmente cada caso».

Ahora es el momento en qué los propietarios han de presentar por escrito alegaciones al proyecto, que gestionará el Ayuntamiento, plazo que termina el próximo viernes día 13, cuya respuesta puede conocerse dentro de un año. La directora de Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat en Tarragona, Trinitat Castro, que asistió a la asamblea, señaló que una vez recogidas y valoradas las alegaciones i propuestas, éstas serán sometidas a estudio por los técnicos medioambientales, las valorarán y decidirán al respecto, en relación al requerimiento judicial.