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La provincia de Tarragona no escapa de la problemática global de las okupaciones ilegales, tipificadas como delito. Ya sea en grandes ciudades, en zonas turísticas o en pueblos de interior, hay cientos de casos de personas que viven en un techo que no les corresponde. Algunos por necesidad, otros por intereses ilícitos: plantaciones indoor de marihuana, realquiler de la vivienda a otras personas necesitadas...
Todas las okupaciones tienen su historia, y en algunas de ellas la tragedia y las razones que impulsan a los ‘inquilinos’ a vivir en un techo que no les corresponde son entendibles desde un punto de vista social y vecinal.
Otras no y en los últimos meses se ha comprobado que muchas de las casas ocupadas se habían convertido en un entramado de plantaciones de marihuana que Mossos y Guardia Civil intentan desactivar a medida de que tienen conocimiento de ellas.
La irrupción de la pandemia de la Covid-19 motivó una crisis económica (al margen de la sanitaria) para muchas familias, que perdieron la capacidad económica y con ello la posibilidad de mantener la hipoteca o el alquiler.
La situación provocó que muchas personas que se quedaban sin techo buscaran alguno de alternativo. Familias, muchas con menores, buscaban desesperadamente un techo. Estas son las que el real decreto ley de diciembre el Gobierno intenta proteger. Pero el mismo real decreto, modificado este 19 de enero, también ha dado cobertura a aquellas okupaciones con fines ilícitos y ‘perdonada’ el delito de usurpación de la vivienda en casos que se acredite vulnerabilidad.
La norma y la modificación
El pasado 22 de diciembre, el Gobierno aprobó un real decreto ley para «proteger» a estos colectivos vulnerables azotados por la crisis de la pandemia. Se pretende en este decreto antidesahucio proteger a las personas que no pudieran pagar sus hipotecas o sus compromisos de alquiler, de forma que no quedaran sin techo, en la calle, con lo puesto.
El decreto se modificó el pasado 19 de enero y con el retoque de uno de los artículos se desataba la polémica: «Se modifica el artículo 1 bis (...) para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes, con objeto de dar cobertura a las situaciones en las que los procedimientos de desahucio y lanzamiento afecten a personas económicamente vulnerables sin alternativa habitacional, incluso en las causas penales en las que el lanzamiento afecte a personas que carezcan de título para habitar una vivienda», expone el documento oficial.
La modificación no solo intenta frenar los desahucios de personas vulnerables, sino que incluye la protección de aquellos okupas que puedan tener causas legales pendientes, siempre y cuando supuestamente sean personas vulnerables.
La normativa que se activó en diciembre contemplaba como colectivos vulnerables a las familias afectadas por la Covid-19, a las que ya atravesaran problemas económicos antes de la pandemia y a los inquilinos sin título habitacional (los okupas), siempre y cuando se dieran unas circunstancias de vulnerabilidad.
Pero la modificación da cierta protección al colectivo okupa. El ministro José Luis Ábalos, admitía en diciembre que el desalojo estaría paralizado cuando se trate de personas que hayan okupado viviendas sin que haya habido violencia ni intimidación ni lleven a cabo acciones ilícitas en el inmueble, que su condición vulnerable esté acreditada y que no sea una vivienda habitual ni segunda residencia, ni se trate de un inmueble cedido a otra persona.
Pero un mes más tarde un apartado de la modificación pasa de ser «cuando la entrada o permanencia en el inmueble sea consecuencia de delito» a «cuando la entrada o permanencia en el inmueble se haya producido mediando intimidación o violencia sobre las personas».
Esta modificación permite ciertas artimañanas en las que las okupaciones que podrían abortarse siguiendo el procedimiento legal pueden demorarse si no hay forma de demostrar que la entrada ilegal en la vivienda se ha hecho de forma violenta o con intimidación.
Sin miramientos
Hace una semana, en uno de los bloques del barrio Gaudí de Reus, se abortó una okupación de una vivienda cuyo propietario está ingresado en el hospital. El piso ya tenía puerta blindada, pero la familia que quería quedarse a vivir en él buscaron romper la reja del balcón. Los vecinos, movilizados, impidieron la entrada y colocaron nuevas medidas. Con el nuevo real decreto, supuestamente los okupas también deberían ser desahuciados porque su entrada era por la fuerza, una de las excepciones prohibidas de la norma.
Pero el real decreto aprobado y modificado no ha impedido que las okupaciones proliferen en la provincia, antes y después de su aprobación. En Reus, Tarragona, Salou, El Vendrell, Tortosa, Montblanc, Vila-seca, Torredembarra, Calafell, Amposta, Valls... son algunas de las principales ciudades de la demarcación donde la okupación de viviendas es un problema, que en función de los ‘inquilinos’ sale a la luz pública más pronto o más tarde.
La vulnerabilidad protege a las personas para que no queden sin techo, pero a su vez da cobertura a ciertas entradas en inmuebles de personas que buscan aprovecharse del momento y irrumpen en pisos y casas, manipulan el agua y la luz para tener servicios básicos y residen aprovechándose de la lentitud de los procesos el máximo tiempo posible.
En Roda de Berà, hace ya algunos meses unos okupas decidieron cambiar de casa y dejaron la suya a otros que también vivían de forma ilegal. De forma que las casas que habían usurpado seguían bajo su poder protegiendo ese patrimonio que no les pertenece.
En Cambrils hubo otro caso este 2020 de un vecino que estuvo viviendo en casa de su hermano en Barcelona y a la vuelta le habían ocupado su chalet de Vilafortuny. La presión vecinal y la ley logró recuperar su inmueble, pero pasó cerca de una semana que tuvo que dormir en una pensión porque no tenía techo.
En Torredembarra, dos okupas fueron desalojados por la Policía Local ya que vivían en una segunda residencia. Ellos pensaban que estaban de alquiler porque otra persona, les alquiló el piso a cambio de un precio mensual.
En Salou (por citar una ciudad turística) también se han denunciado casos de personas que han abierto pisos de segundas residencias o de apartamentos turísticos y han ‘realquilado’ la vivienda a un tercero cobrando un dinero y aprovechándose de la vulnerabilidad de las personas, que el nuevo real decreto pretende proteger.
