La crisis habitacional se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la sociedad y cada vez más también a nivel político. Sin embargo, los promotores tarraconsenses aseguran que «las posibilidades de que el sector privado pueda construir vivienda de protección social son cero». Así lo ha afirmado el presidente la Associació de Promotors i Constructors de Catalunya (APCE) en Tarragona, Daniel Roig, que este jueves ha hablado sobre la situación de la vivienda en el Camp de Tarragona, en una conferencia en la Cambra de la Propietat Urbana.
Roig ha puesto el foco en los gastos que comporta la construcción de vivienda y ha asegurado que estos se han disparado en más de un 30% en el periodo desde 2005. Este aumento principalmente se ha agudizado en los últimos dieciocho meses, tras la crisis inflacionista generada después de la Covid y con la guerra de Ucrania. Esto ha situado el coste que asumen los constructores en unos 213.000 euros por cada nueva unidad. «Cuesta exactamente lo mismo la vivienda libre que la social», afirmó Daniel Roig.
A esta cantidad hay que sumarle los gastos de urbanización, teniendo en cuenta que estos no tan solo incluyen el asfaltado de las calles o las conexiones eléctricas, sino que también hay que añadirle el porcentaje del suelo dedicado a equipamientos o el 15% de la superficie que «tenemos que regalar a la administración para vivienda social» cuando se pone en marcha un nuevo plan parcial. Todo esto representa unas cargas económicas que, según calculan, pueden suponer cerca de 41.000 euros por vivienda.
Si la situación no fuera suficientemente compleja, el sector de la construcción sumaba un tercer ingrediente. Y este es la falta de suelo. «En ciudades como Reus, no se ha construido una calle nueva en los últimos quince años», ha afirmado Daniel Roig.
Los promotores denuncian que no se está poniendo al mercado suelo nuevo y que en estos momentos están edificando en terrenos que se dejaron preparados hace «veinte años».
Con todos estos elementos, la APCE calcula que el precio mínimo de venta de una vivienda debería situarse alrededor de los 350.000 euros. «Estamos construyendo a unos precios que no podemos vender», ha apuntado Roig.
El representantes de los promotores y constructores de Tarragona ha explicado que «las directrices europeas nos han marcado unos estándares de calidad, que seguramente no podemos permitirnos ya que ahora mismo estamos construyendo viviendas como en Copenhague pero los sueldos no son los mismos».
Reto demográfico
Todo esto hace que el sector exija la disminución de las cargas tributarias, como el IVA o la expedición de licencias de obras. Y es que, según este, ahora mismo «estamos en niveles de escasa producción en todo el país jamás vistos». Sin embargo, según los estudios de la Generalitat, el déficit de vivienda en Catalunya es de unas 100.000 unidades y cada año tendrían que construirse 20.000 nuevos pisos para dar respuesta al reto demográfico que comporta no tan solo la llegada de la inmigración sino también el hecho de que el promedio de personas per vivienda es de dos personas, mientras que en 1975 esta cifra era de 3,5 personas.
Los promotores afirman que no son «optimistas» y se muestran «preocupados» por el momento actual. Por este motivo piden un pacto político y social en materia de vivienda a 25 años vista, que blinde las estrategias y los recursos necesarios para cada año independientemente del color político del gobierno como pasa con las pensiones. Solo así creen que podrá «normalizarse» la situación.
Durante la conferencia en la Cambra de la Propietat Urbana, también se habló de la preocupación del colectivo sobre el hecho de que Tarragona ciudad lleve desde 2020 sin POUM. «Esto todavía puede acentuar más el problema». Entre el colectivo hay «pesimismo» ya que ven como ahora están edificando en los «últimos solares». Asimismo, lamentan que hasta el momento no han sido consultados para definir las nuevas reglas del juego.