Los tarraconenses, hartos del ruido

En enero del año pasado se presentaba a exposición pública el Mapa estratègic de soroll de l’aglomeració del Tarragonès (Tarragona y La Canonja), el diagnóstico más detallado hasta la fecha sobre las zonas de la ciudad donde hay niveles más altos de ruido y la cantidad de vecinos que están afectados.

Un año antes el Diari hablaba con tres vecinos de zonas problemáticas para conocer su situación. Ahora, pasados más de dos años (uno desde la publicación del mapa) volvemos a hablar con los tres para conocer su situación.

Uno de ellos es Mireia Barrio, vecina de la calle Jaume Vidal i Alcover, cerca de la A7, una de las zonas del mapa con niveles de ruido más alto de Tarragona. Cuenta que, igual que entonces, el ruido de la autovía sigue ocasionándoles todo tipo de trastornos. Han puesto doble ventana, como muchos vecinos del edificio, pero su calvario sigue idéntico, especialmente en verano cuando hace calor y toca abrir las ventanas. Lo nota especialmente su hija de dos años a quien el ruido despierta cada dos por tres. «Después de muchos anuncios las prometidas barreras acústicas no han llegado. Los diagnósticos están muy bien, pero quienes sufrimos el ruido vivimos agotados», resume.

Andreu Ximenis, vecino de la Part Alta y miembro de la plataforma Farts de Soroll, es contundente: «no ha mejorado nada» dice, cuando le preguntamos por el ruido en su zona. Al contrario, este verano sin restricciones y con abundancia de terrazas está pasando factura. «Por las noches en la Plaça dels Sedassos hay momentos en que no se ve el suelo de tanta gente... Además, incluso cuando quitan las terrazas hay bares que dejan puertas y ventanas abiertas hasta las seis o siete de la mañana... Están jugando con nuestra salud. Por las noches te despiertas cada 15 minutos y al final ya no puedes dormir... Y encima parece que el incívico es el vecino que se queja porque no deja que los demás se diviertan».

El tercero de los vecinos es Manuel (prefiere no dar su nombre) y es el único que dice que su situación ha cambiado en algo para mejor, pero porque personalmente ha dedicado muchas horas de esfuerzo y dinero a tratar de que se regule el ruido de la TAP, ya que vive al lado. Incluso ganó un juicio que hizo temporalmente se suspendieran los conciertos por la noche.

«Mi mujer llegó a desmayarse, tuvimos problemas de salud muy graves y nos han quedado secuelas... Además, si quisiera vender este piso para mudarme, me encontraría con que se ha devaluado porque tendría que advertir de que hay este problema», explica.

Pese a que la situación ha mejorado hay normas que se siguen incumpliendo, como hacer carga y descarga a horas prohibidas (nos envía un vídeo). Ya no tiene que medicarse, pero no piensa bajar la guardia. Como no siempre recibe respuesta del ayuntamiento, ahora manda burofaxes directamente al alcalde «cada uno me cuesta 16 o 18 euros», dice. Del último juicio, aunque el juez le dio la razón, no ha recuperado lo que invirtió en audiometrías. «Esto ha implicado un gran desgaste», reconoce.

Deberes a última hora

Si se usa un símil escolar Tarragona ha estado haciendo los deberes respecto a su estrategia contra el ruido a ultimísima hora. El proceso comenzó en 2018 con un mapa de capacidad, para el cual se hicieron mediciones y se establecieron valores límite en función de las zonas y sus usos (viviendas, escuelas, industria...). Así pues, se sabe qué valores exigir si se va a abrir un nuevo establecimiento en una zona, por ejemplo.

Posteriormente vino el mapa estratégico, que se presentó en enero del año pasado (aunque contempla del 2017 al 2022) y que relaciona el nivel de ruido con la cantidad de personas que lo padecen. Se trata de cumplir una normativa de la Unión Europea que obliga a las ciudades de más de 100.000 habitantes a informar de los niveles de contaminación acústica mediante mapas de ruido, con el fin de que la ciudadanía esté informada y alertada. Aquí la conclusión fue que el 22% de la población estaba expuesta a altos niveles de ruido (más de 65 decibelios).

Y, finalmente, este mapa tenía que venir acompañado de un plan de acción. Pero valga decir que el de Tarragona y La Canonja, aunque comprende del 2018 al 2023, en realidad se aprobó en diciembre de 2021, cuando ya debía llevar tres años en marcha.

Para el próximo mapa estratégico, el de 2022-2027 sí que la ciudad podría ponerse, por fin, al día. Desde el Ayuntamiento de Tarragona explican que ya se han hecho las mediciones correspondientes y se han enviado a la Generalitat de Catalunya, ya que la normativa europea ahora es más exigente.

Hay un plan, pero no obligación

En el plan de acción actual se encuentra, por ejemplo, la realización de un estudio acústico específico de la Part Alta con mediciones durante un mes, para ver si había que declararla zona ZARE (zona acústica de régimen especial), lo que habría obligado a tomar medidas específicas. El estudio se hizo y determinó que aunque los límites superaban lo permitido no llegaban a los que se exigen para que el caso histórico tuviera esta consideración.

Los resultados, huelga decir, no dejaron contentos a vecinos como Ximenis que lamenta que se tuvieran en cuenta la media de las mediciones y no los picos que se sufren debido a las actividades de ocio

También se llevó a cabo, explican las fuentes municipales, un plan para minimizar el ruido del Espai Jove La Plamera, con cambios en los equipos de sonido y en los horarios. En el plan se contempla, además hacer un seguimiento específico de la TAP.

Se habla de mayor control y aparecen aspectos más generales como el fomento del uso de la bicicleta y patinetes eléctricos con la construcción de carriles bici. O el cambio de los vehículos municipales por otros menos contaminantes.

Desde el punto de vista estratégico el plan contempla tener en cuenta el ruido a la hora de actualizar el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, que comenzará en breve, o incluir en la próxima licitación del contrato de la basura unos límites de ruido a la hora de prestar el servicio. Igualmente habla de tener en cuenta los criterios de calidad acústica en las modificaciones del POUM.

Cuando se apruebe el Mapa 2022-2027 será el momento, también, de ver si el plan de acción se ha cumplido. Eso sí, valga aclarar que los municipios ahora mismo están obligados a tener estos mapas y planes, pero todavía no se evalúa si las medidas que proponen se están cumpliendo.

Mero trámite

César Asensio, miembro del Grupo de Investigación en Instrumentación y Acústica Aplicada de la Universidad Politécnica de Madrid, explica que el de Tarragona no es, ni mucho menos un caso aislado. Opina que si bien con el confinamiento la sociedad estuvo más sensibilizada por el problema del ruido, en realidad eso no se ha traducido en una mayor acción por parte de las administraciones.

A Asensio le conocemos gracias a la federación de Asociaciones de Implantados Cocleares de España, AICE, desde donde recuerdan que el ruido no solo puede provocar pérdida de audición, sino que nos enferma y hace aumentar los ingresos hospitalarios porque provoca, entre otros, subida de la tensión arterial y problemas cardiovasculares.

Asensio confirma que los mapas y planes estratégicos son un importante diagnóstico pero, no hay obligación de cumplirlos: «si haces un documento y luego lo dejas en un cajón no pasa nada; no hay una exigencia más allá de la exigencia moral».

También considera que hace falta estudiar más el ruido que ocasiona el ocio, especialmente en el sur de Europa, donde hay más actividad en la calle, ya que la mayoría de los estudios se centran el tráfico rodado, que es el que afecta a más personas a nivel global.

Lamenta, además, que los objetivos para las zonas urbanas los municipios en España son de 65 decibelios por el día y 55 por la noche «y esos ya son 10 decibelios más de los que recomienda la OMS para nuestra salud».

Eso sí, apunta que aunque las normas son laxas, al menos un buen punto de partida sería que las autoridades las hicieran cumplir.