«Apostamos por el turismo sostenible y familiar»

Noemí Llauradó Sans (Reus, 1978) cumple su tercer año como presidenta de la Diputació de Tarragona. Justo ahora afronta el tramo final de un mandato marcado por la afectación de la pandemia del coronavirus, las consecuencias del cambio climático con los temporales y los incendios y la reciente inflación a raíz de la Guerra en Ucrania.

Más o menos se ha dejado atrás la Covid, pero el conflicto con Rusia ha disparado la inflación un 10%. Vaya mandato...

Sí, es un mandato intenso. Empezamos con los incendios de la Ribera d’Ebre, los temporales Gloria y Filomena además de otros incendios y la pandemia, con la afectación que tuvo en el turismo, el ámbito cultural... Pese a todo ello, en la Diputació hemos avanzado en el plan de mandato ofreciendo los servicios a los ayuntamientos, movilizando nueve millones de euros. Y ahora el conflicto en Ucrania ha provocado una crisis económica que empezamos a notar y que puede recrudecerse en otoño.

¿Cómo puede afectar a los municipios de la demarcación?

Lo notarán en los precios de los suministros básicos, como la electricidad. De hecho, la Diputació ya está ampliando crédito para los servicios que ofrecemos, como las escuelas de educación especial o los conservatorios, ya que hemos tenido que incrementar las partidas de los proveedores, así como la contratación, que ha aumentado de precio.

¿El gran peligro es que haya obras que se queden sin hacer o paralizadas ‘sine die’ por el precio?

Puede haber contratistas que desistan de hacer obras... Deberemos ver las posibilidades que nos ofrece la normativa estatal para intentar hacer frente a ello.

La inflación disparada llega después de la crisis sanitaria. Muchos ayuntamientos están tocados ante esta nueva crisis...

Exacto, es una situación coyuntural. La Diputació apoyará a los municipios con su asistencia técnica, asesoramiento jurídico y económico o herramientas como el Pla d’Acció Municipal (PAM), en el que este mandato hemos destinado 85 millones en ayudas a los 184 consistorios y las seis EMD para el gasto corriente o inversiones. También hemos aprobado de la mano de todas las formaciones políticas ayudas por consenso, como la del área de atención al ciudadano, en cultura o a las carreteras.

Sí, a diferencia de los ayuntamientos o de la Generalitat, aquí en la Diputació PSC y Cs aprueban el presupuesto de ERC y Junts per Catalunya

Sí, es la forma de funcionar desde hace tiempo en la Diputació. No es nuevo pero se ha podido mantener pese a todas las dificultades. Somos la única diputación catalana, y diría que española, que aprueba las cuentas y las modificaciones de crédito por unanimidad. Esto no es fruto de la casualidad, sino de la buena voluntad, el debate y el diálogo entre todos los grupos. Cuando llevamos los asuntos a las comisiones ya se han debatido previamente porque el objetivo común es mejorar la vida de la gente. Aquí todos somos concejales o alcaldes, y todos entendemos perfectamente las necesidades de los ayuntamientos.

¿La Diputació debe ser el modelo a seguir por la Taula de Diàleg entre Estado y Generalitat?

El diálogo siempre es bueno. Hace posible que haya una negociación y que, a raíz de ello, pueda haber acuerdos. La política es esto: diálogo, negociación y acuerdos para llevar a cabo políticas para mejorar la realidad como servidores públicos que somos durante un tiempo.

Estamos en un momento de emergencia climática, con temporales y sequía. ¿Cómo puede lucharse contra ello desde el mundo local?

El cambio climático es una realidad desde hace tiempo, todos los esfuerzos son pocos. Debemos intentar mitigar los efectos negativos y adaptarnos, ya que estamos en un momento complicado. Asesoramos a todos los municipios y los apoyamos económicamente, como el Pacte per l’Energia Sostenible, que ha servido para que muchos ayuntamientos cambien sus luminarias por otras de más sostenibles; o para beneficiarse de las calderas de biomasa para cubrir el gasto energético y usarlas para limpiar el bosque. También hemos aprobado planes de ocupación para limpiar el sotabosc.

Uno de sus grandes objetivos al inicio de este mandato era frenar la despoblación. ¿Lo han conseguido?

Hemos adoptado medidas bien valoradas por los ayuntamientos. Debemos garantizar que en los micro pueblos –los de menos de mil habitantes en comarcas como Terra Alta, Ribera d’Ebre o el Priorat– se garantice el acceso a los servicios. Debe haber vivienda, ocupación y escuelas o centros de atención sanitaria. En vivienda, en el mandato pasado ya se empezó la línea de ayudas para la rehabilitación, con 100.000 euros. Y en este mandato hemos incrementado la partida hasta los 1,1 millones para que se destinen a políticas sociales y lograr que la gente se quede o vaya a vivir en el municipio. También apostamos por espacios multiservicios para que haya venta de producto alimentario básico, peluquerías o servicio de podología. Buscamos que la gente no se vaya del pueblo.

Para ello, sin embargo, es clave la conexión por carretera y potenciar la fibra óptica.

Sí, es importante. La fibra óptica hace posible que se instalen empresas y autónomos, y que estos puedan trabajar desde casa. Junto a la Generalitat estamos desarrollando el acuerdo para que los municipios tengan fibra óptica pública.

¿La asignatura pendiente ahora son las entidades financieras? Cada vez hay más municipios sin ninguna sucursal bancaria.

Sí, hay dificultades para la población de mayor edad. Estamos trabajando una propuesta para que haya más servicios bancarios.

Es un servicio básico...

Sí, lo es. La gente mayor necesita poder disponer de dinero en metálico y poder realizar sus gestiones con el banco. Buscamos propuestas que puedan sumarse a las que impulsa la Generalitat con el Estado. Esperamos ejecutar alguna medida este mismo mandato.

¿Hay buena predisposición por parte de los bancos?

Hay sensibilidad, sí.

¿Frenar el despoblamiento permitiría también evitar incendios porque los campos estarían más cuidados?

El equilibrio territorial es clave. No podemos tener núcleos de población abandonados, pero debe haber opción de que la gente pueda quedarse. Además, si seguimos así, al final las ciudades medianas y grandes no podrán ofrecer todos los servicios necesarios. Entre todas las administraciones también debemos apoyar más a la payesía. Nosotros ya mantenemos colaboración en formación con los sindicatos agrícolas. La gente debe poder vivir de la payesía, ya que esto permite tener más campos conreados para frenar el riesgo de incendios.

¿La Intermodal será un punto de inflexión del territorio?

Sí, seguro. Llegará, hay voluntad y determinación. Es una necesidad para garantizar la vertebración de la movilidad sostenible del territorio. Y la ferroviaria es la más sostenible. Será una gran inversión que conectará con el Corredor del Mediterráneo y el aeropuerto. Deberemos apretar, porque viendo el nivel de ejecución estatal de las inversiones será necesario estar encima del tema, pero todos los ayuntamientos y las instituciones del territorio estamos alineados.

Lo que depende de la Generalitat es el tranvía.

Tirará adelante, es una apuesta por la movilidad sostenible, que nos vertebrará y que acercará a los municipios. Agradecemos a la Generalitat que tuviera en cuenta las consideraciones que realizamos en nuestro informe para que el tranvía sea más amable y no tan duro, sin catenarias ni un impacto tan elevado. Es una buena iniciativa.

Durante las últimas semanas, tanto el alcalde de Tarragona –Pau Ricomà (ERC)– como la delegada del Govern –Teresa Pallarès (Junts)– han apostado por impulsar que el Àrea Metropolitana de Tarragona sea una realidad administrativa. ¿Lo ve factible?

Encontrar la forma jurídica debería ser la culminación final. La realidad metropolitana existe, las personas vivimos en un municipios y trabajamos en otro o vamos de ocio en otro, pero debemos ir a compartir servicios entre los municipios que formamos parte de este área, como pasa con los residuos.

¿Falta la definición administrativa para ampliar esta batería de servicios compartidos?

Es la culminación, pero antes de esto primero pueden darse pasos que nos lleven hasta esta realidad. Desde la Diputació nos ponemos a disposición para propiciar los acuerdos y prestar estos servicios para sumar. Por ejemplo, es muy importante estar mejor conectados, no solo entre los municipios sino entre los propios servicios como las universidades o los hospitales. La Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM) puede avanzar en sus funciones con servicios compartidos.

¿Qué podría hacer más la ATM?

Puede ser un embrión para ir avanzando en la visión de Camp de Tarragona, empezando por la movilidad. Desde Reus, con el Hortizó 2032, tenemos el Fòrum Territorial para interactuar con los municipios del entorno para hablar de la realidad del Camp de Tarragona. Y dar más funciones a la ATM fue una de las principales valoraciones.

¿La movilidad debe ser el primer paso para el Àrea Metropolitana?

Todo tiene su tempo y debe irse paso a paso, pero puede explorarse que el primer avance metropolitano sea a través de la movilidad y la ATM.

¿El próximo mandato es el momento para afrontar este reto?

No me gusta poner plazos. No es necesario ir con prisas, pero pueden darse pasos, como este.

Diputació, veguerías, Consells Comarcals, Generalitat... ¿El Àrea Metropolitana sería una capa administrativa añadida?

La Diputació tiene una función esencial, como es el servicio a los municipios. Es cierto que hay una Llei de Vegueries que no se ha desarrollado y que prevé que los Consells de Vegueria sustituyan a las diputaciones en Catalunya cuando se hagan las modificaciones legislativas a nivel estatal. Mientras este paso no llegue, deben aprovecharse los servicios que presta la Diputació, que repercute en el beneficio de la ciudadanía con los servicios, el mantenimiento de carreteras o la Escola d’Art, los conservatorios de la Diputació, el auditorio o la TAP. De momento, todo esto no nos hace superfluos, como indicaron las encuestas que hicimos con los municipios de menos de 10.000 habitantes, que salimos bien valorados.

Y la Llei de Vegueries está en el congelador...

Está en suspenso, sí. A nivel catalán, el Estatut las prevé, pero a nivel estatal la Constitución habla de diputaciones y municipios, y esto no se ha cambiado. En el impasse, deben ofrecerse los servicios a la ciudadanía de la mejor manera posible. En este sentido, desde la Diputació también apoyamos a los Consells Comarcals, por ejemplo.

El turismo vuelve a tener un verano «como los de antes» tras la pandemia de la Covid.

Sí, hay muchas ganas de turismo tras la pandemia y las limitaciones. La Setmana Santa ya fue buena. Empezamos recuperando el mercado nacional y estatal, y ahora ya viene el británico y el francés. Las cifras de final de verano serán buenas con el turismo sostenible, familiar y de natura que estamos favoreciendo. Por ello hemos recibido la ayuda Next Generation para la Via Verda de la Vall de Zafan con los municipios de Tortosa, La Ràpita y Roquetes que fomenta el conocimiento del medio y del entorno.

Este turismo familiar de proximidad muchas veces viene en coche. ¿Debe mantenerse la gratuidad de la AP7?

Era una de las demandas del territorio. Ha tenido unas consecuencias, con margen de mejora, por el aumento de la accidentalidad. Deben encontrarse respuestas que hagan más atractivo el paso por la autopista y evitar las colas.

Habla de turismo sostenible. El Port de Tarragona quiere 250.000 cruceristas a medio plazo. ¿La Diputació apoya esta apuesta?

Nuestro modelo es el del turismo sostenible, pero creo que debemos hacer compatible la diversificación de ofertas. Debe darse voz al sector, hay muchas familias que viven de ello, ya que es una de los principales aportaciones al PIB de nuestro territorio.

¿Hay camino por recorrer aún con el aeropuerto de Reus?

Los números van al alza, se van recuperando líneas y vuelos...

¿La Taula de Diàleg entre Estado y Generalitat de Catalunya debe servir para aproximar más la gestión al territorio?

Siempre se dice que cuanto más cercana sea la gestión, más eficiente es. De momento estamos en la Taula de l’Aeroport, que se encarga de la promoción turística. No hay muchos territorios en los que haya los ayuntamientos, la Diputació y la Cambra en un mismo ente de estas características.

¿Se conoce suficiente el trabajo que hace la Diputació?

Este era una de mis principales objetivos cuando entré. Los ayuntamientos nos conocen muy bien, pero la ciudadanía no. Ayudamos a los municipios y apoyamos a las entidades. A raíz de la pandemia se han consolidado subvenciones a las empresas del ámbito cultural para que el sector vuelva a producir y girar. También organizamos unas jornadas para propiciar el contacto entre los creadores culturales, ya que la cultura es uno de los grandes motores económicos. Apostamos por el sector cultural porque es un gran transformador de la sociedad. Y creo que el propio sector valora este esfuerzo que hacemos, que este año llega hasta los 1,6 millones de euros. También hacemos un gran esfuerzo con el turismo, la industria o el comercio.