Pisos sociales invisibles en SPiSP

En enero de 2012 se inauguró la nueva Llar de Jubilats del barrio. El alcalde, Josep Fèlix Ballesteros, anunció un nuevo equipamiento junto a ella. A día de hoy la promesa sigue siendo sólo palabras

19 mayo 2017 23:37 | Actualizado a 22 mayo 2017 11:34
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El barrio de Sant Pere i Sant Pau inauguraba el 9 de enero de 2012 la nueva Llar de Jubilats. La antigua sede había quedado pequeña, en la calle Violant d’Hongria, y el Consistorio levantó el nuevo equipamiento en el Camí del Pont del Diable.

Aquel frío lunes el alcalde habló ante un gran número de vecinos (jubilados o no) para explicarles los planes municipales para el barrio. En ellos, Ballesteros contemplaba edificar junto a la Llar de Jubilats un centro de día que mejorara las prestaciones para los vecinos más ancianos. La idea, en aquel 2012, sólo era una intención política. Pero a medida que pasaron los meses, la concejalía de Serveis a la Persona –Victòria Pelegrín estaba al frente– empezó a trabajar para que las palabras se transformaran en algo material.

 

La Cooperativa de Viviendas

Una de las piezas claves para materializar el centro de día (luego, con el tiempo, se cambiaría a pisos sociales) era contar con el respaldo de la Cooperativa de Viviendas, un organismo ahora sin actividad que se creó para construir el barrio hace 43 años. A pesar de su inactividad, la Cooperativa tiene un capital (estimado en unos 600.000 euros) y locales que con su disolución deberán revertir en el barrio. Así lo expresa en sus estatutos.

Mientras el Ayuntamiento y la Cooperativa de Viviendas buscaban la mejor fórmula de disolución para canalizar el dinero, la idea de un centro de día cada vez chirriaba más para construirse en Sant Pere i Sant Pau.

La crisis económica del momento y la escasa viabilidad (añadida a las dificultades de contar con plazas públicas subvencionadas por la Generalitat) hicieron replantear qué clase de equipamiento era mejor para ubicarse al lado de la Llar de Jubilats.

 

La propuesta factible

En verano de 2013, la todavía concejal de Serveis a la Persona, Victòria Pelegrín, sentaba en el despacho del alcalde a la Cooperativa de Viviendas, a la Associació de Veïns y a una empresa experta en el sector asistencial para poder desencallar ese proyecto prometido.

La reunión terminó con una nueva idea encima de la mesa. Más factible que una residencia o centro de día y fácil ejecución a pesar del clima de crisis.

Se trataba de construir pisos asistenciales con un comedor social en la planta baja con precios competitivos para las personas con escasos recursos económicos del barrio (y de fuera de él).

La propuesta, que se iría dibujando a lo largo de los siguientes meses, planteaba hacer 32 viviendas de unos 45 metros cuadrados de media y cuyo precio estuviera al alcance de personas de la tercera edad (los vecinos del barrio tendrían preferencia).

La idea era que la empresa experta realizara un proyecto y un estudio de viabilidad. Se calcula que la inversión será de 2,5 millones (incluyendo el dinero de la Cooperativa de Viviendas) y que se amortizará con una concesión administrativa pública de 30 ó 50 años.

 

Desaceleración

La empresa especializada pactó con la Cooperativa de Viviendas la fórmula para invertir su capital y evitar que éste se fuera a las arcas de la Generalitat. Esta opción es real si el dinero en las cuentas de esta entidad (que no tiene actividad alguna) sigue sin justificarse.

Con todo, los meses han pasado y las reuniones con el Ayuntamiento para iniciar el concurso público no terminan de cerrarse. Por ello, la Cooperativa de Viviendas y la empresa que ha realizado el borrador han manifestado recientemente su resignación y su escasa confianza en que el proyecto que se prometió hace tres años sea una realidad a corto plazo. La última reunión fue en diciembre y no se avanzó ni un ápice.

Desde el Ayuntamiento, el actual concejal responsable, Javier Villamayor, niega rotundamente que el proyecto esté aparcado en un cajón y recuerda tanto a la Cooperativa como a la empresa experta que el principal interesado en que los pisos se hagan es el Ayuntamiento. Pero antes de convocar un concurso público, hace falta la oficialidad de la disolución de la Cooperativa de Viviendas –sigue en el limbo este proceso– y tener el proyecto con su informe de viabilidad encima de la mesa. Con estos ingredientes, el Ayuntamiento sí puede convocar el concurso público. Sin ellos, los pisos asistenciales seguirán en el aire.

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