Maribel es una tarraconense que paga algo menos de cuarenta euros por su alquiler. Se arruinó tras la crisis económica de 2008 y llegó a un acuerdo con el banco para que le condonara una deuda de 170.000 euros y le ofreciera un alquiler social en el piso que había comprado y que no estaba pudiendo pagar.
La Agència de l’Habitatge de Catalunya cifra en 9.473 las ayudas que se dan en Tarragona al pago del alquiler, lo que se traduce en un total de 20.495.160 euros. En toda Catalunya, se dan 67.354 ayudas, que suman 175.002.130 euros. El dato se ha triplicado en comparación con hace una década, cuando las ayudas eran de apenas 20.000 y estaban cifradas en no más de 50.000.000 euros.
Para sumar oferta destinada a las clases necesitadas, la Generalitat de Catalunya ha iniciado un plan para incorporar, hasta 2030, un total de 50.000 viviendas de protección oficial (VPO). Según apuntan fuentes del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, esta planificación priorizará que el régimen de los pisos que se incorporarán al parque sea el alquiler.
¿Qué piensan los expertos?
Ante esta declaración de intenciones y consultado por el Diari, Sergio Nasarre, catedrático de Derecho Civil y una de las voces más autorizadas en materia de vivienda, subraya los datos que publica la Agència de l’Habitatge: «El dilema está en si queremos continuar con la sociedad subsidiada dependiente de la Administración pública».
«El dilema está en si queremos seguir siendo una sociedad dependiente de la Administración; creo que no debería ser así», Sergio Nasarre, catedrático de Derecho Civil
«Creo que no tiene que ser así», sentencia Nasarre, quien expone que «es algo insostenible, hasta el punto que territorios como el País Vasco, Madrid o Catalunya han tenido que soltar lastre y vender stock de vivienda en alquiler porque es carísima de mantener».
Sin embargo, destaca que «tiene que haber vivienda social de alquiler para las personas vulnerables», pero comenta que la duda es si eso tiene que extenderse a la clase media. En la misma línea, el director de la Càtedra UNESCO d’Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili (URV), Héctor Simón: «Una parte del parque público debe destinarse al alquiler social para las personas vulnerables; es un error que toda la política se enfoque en crear un gran parque de alquiler».
Simón apunta a que «mantener un parque de alquiler social es costoso y complicado de gestionar, además de que su administración es ineficiente y está lejos de los parámetros de calidad de otros modelos». «Además, es una forma de tenencia no deseada por la mayoría de personas», sentencia.
¿Demasiada ambición?
Por su parte, el director de estudios de la plataforma Pisos.com, Ferran Font, manifiesta que el de 50.000 viviendas es un objetivo ambicioso y que «entra en una guerra de cifras en la que están las formaciones políticas».
«Mantener un parque de alquiler social es muy costoso», Héctor Simón, director de la Càtedra UNESCO d’Habitatge de la URV
Por ese motivo, Font se muestra algo escéptico sobre cómo el Govern podrá llegar a esta cifra: «Durante los últimos años, se ha construido muy poco, así que creo que es realmente difícil incluso llegar a la mitad de estos 50.000 inmuebles».
Subraya también que es importante que este tipo de planes de vivienda, que son a medio o largo plazo, cuenten con el consenso de diferentes formaciones políticas para que no haya un gran giro de guion en el caso de que el poder cambie de manos.