¿Reducción de posibles condenas en Inipro?

El caso Inipro, que investiga una presunta financiación ilegal del PSC mediante el Institut Municipal de Serveis Socials (IMSST) y que sentará en el banquillo de acusados al exalcalde Josep Fèlix Ballesteros y a la edil socialista Begoña Floria, no deja de deparar sorpresas. Pocos días después de que la nueva fiscal jefa, María José Osuna, prácticamente descartara en una entrevista en la televisión TAC12 que el esperado juicio pueda celerarse «antes de 2024», ayer fue el presidente de la Audiencia Provincial, Joan Perarnau, quien dio el titular: en caso de posibles condenas, es muy posible que estas se vean reducidas. Cabe recordar que la Fiscalía pide cinco años y ocho meses de cárcel para Ballesteros, por los 13 y 14 años que le solicitan la CUP y la acusación del Ayuntamiento, respectivamente.

¿Por qué se albira en el horizonte esta rebaja de las penas? Perarnau lo tiene claro. «Ahora estamos señalando a dos años vista, por lo que en el mejor de los casos nos situamos entre finales de 2023 y principios de 2024 para ir a juicio, ya que se está en fase de admisión de pruebas y en lista de espera». Según el máximo representante del organismo judicial, y teniendo en cuenta que la instrucción del caso se inició en 2013 –hace ya nueve años–, en está década entre la investigación y la vista oral podría concurrir el principio de «dilación indebida», lo que comportaría un atenuante en el proceso penal que hace que se rebaje la pena por la tardanza en celebrarse el juicio, ya que un juzgado penal debe resolver los casos «en un tiempo razonable», según se indica en el artículo 24.2 de la Constitución. Y un plazo de once años no se ajustaría, según Perarnau, a un calendario «razonable».

«Ya estamos aplicando la dilación indebida de manera sistemática, por lo que la reducción de penas es de cajón», añadió ayer el presidente de la Audiencia, quien concretó que la sección quarta del organismo –que será la encargada de enjuiciar al exalcalde, a la exportavoz municipal y a otros siete acusados– acumulaba a finales de 2021 un total de 361 casos pendientes de resolver, con una lista de espera de 24 meses para iniciar un juicio que, en el caso Inipro –pese a no tener aún ni fecha–, ya es el más esperado de la historia reciente de la ciudad.