El Ayuntamiento de Tarragona se gastó el pasado año 4.812.291,62 euros en tratar las 40.886 toneladas de residuos que se lanzaron al contenedor gris –la fracción resto–.
Son 426.638,74 euros más que los 4.385.652,88 euros de 2023, según los datos aportados por el Servei d’Incineració dels Residus Urbans SA (Sirusa), la planta de valorización energética pública de residuos urbanos.
Se da el caso de que tanto el peso que llega como la cantidad que se paga incluyen al municipio de La Canonja, ya que las toneladas no se facturan aparte.
No solo el consistorio tarraconense pagó más en 2024 que en 2023: lo hicieron todas las localidades que conforman Sirusa, que ofrece sus servicios a los ocho ayuntamientos que forman la Mancomunitat per a la Gestió Integral de Residus, organización pública propietaria de la entidad: Tarragona, Reus, Cambrils, Vila-seca, Salou, Valls, Constantí y La Canonja.
Además, también llega el resto de Cunit, del Consell Comarcal del Tarragonès y de alguna empresa privada. Cada uno de ellos abona a la empresa tanto un impuesto –que luego la compañía transfiere a la Generalitat– como una tasa por cada tonelada de basura que se recibe.
En total, el pago de los ayuntamientos de Tarragona, Reus, Cambrils, Vila-seca, Salou, Valls, Constantí y La Canonja fue de 14.134.658,32 euros, por los 12.813.077,13 que se abonaron en 2023.
Es un 10% más. También han aumentado las toneladas que han llegado a la planta provenientes de los ocho ayuntamientos: de las 113.691,90 de 2023 hasta las 120.090,56 de 2024.
Además, también hay otros ayuntamientos e instituciones que envían residuos, como el Ayuntamiento de Cunit, el de Creixell y el de Roda de Berà, la Autoritat Portuària de Tarragona, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), los Mossos d’Esquadra, Secomsa, el Mercat del Camp, Mercadona, los campings La Siesta y Sangulí, y algunas empresas de gestión de residuos.
En total, en 2024 llegaron a las instalaciones de la empresa pública 152.031 toneladas, y la Autorització Ambiental Integrada (AAI) permite 168.192, lo que significa que la planta estaría al 90,4% de lo que puede asumir.
¿De dónde viene el aumento?
Fuentes de la Mancomunitat admiten al Diari que, hoy por hoy, no disponen de una explicación sobre por qué creció en 2024 una cifra que llevaba años a la baja de forma general.
El incremento podría haberse debido a que la generación de residuos haya aumentado en una mayor medida de lo que lo ha hecho la recogida selectiva y el reciclaje. Otra explicación es que el reciclaje se haya reducido y que la ciudadanía lance más basura al contenedor gris.
Esa posibilidad es la que barajó el grupo municipal de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en Tarragona, que insistió este martes en que, desde 2019, la ciudad había reducido en 7.000 toneladas la basura enviada a incinerar. Una reducción acentuada durante los años del coronavirus.
El concejal republicano Carles Farré argumentó que «los datos indican que el porcentaje de recogida selectiva de 2024 estaría alrededor del 35%, dos puntos por debajo del 37% de 2023». «La incompetencia de la consellera Sonia Orts (edil de Neteja Pública) nos aboca al desastre», añadió. ERC instó al gobierno municipal a implementar cuanto antes los contenedores inteligentes.
¿Qué llega a la planta?
La basura que llega a la planta es la del famoso contenedor gris, que es aquella que no se ha separado previamente. También se reciben los residuos de otras plantas de tratamiento y de la limpieza viaria.
Los desechos que llegan se someten a altas temperaturas, a partir de las cuales se genera energía térmica y eléctrica, que sirve para autoabastecer a la planta.
Los desechos que llegan se someten a altas temperaturas, a partir de las cuales se genera energía térmica y eléctrica
En un comunicado a raíz de las declaraciones de ERC, la Mancomunitat indica que «se debe tener en cuenta que se contabilizan conjuntamente las toneladas de los ayuntamientos de Tarragona y de La Canonja, tanto las recogidas en contenedores grises como los residuos de limpieza viaria» y que «la gestión de la recogida selectiva y la separación es competencia de cada ayuntamiento».