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Tarragona quiere que el casco sea obligatorio para los usuarios de bicicletas y patinetes. Un debate que ahora mismo está abierto en muchas ciudades y que el Ayuntamiento va a encarar de cara al inicio del nuevo curso. Así lo confirma el concejal de Territori, Xavier Puig, quien asegura que en septiembre convocará una reunión de la Comissió de Mobilitat en la que «pondremos encima de la mesa un cambio en un punto de la ordenanza, que ahora mismo recomienda la utilización de casco, pero que no lo obliga».
El texto actual se remite a la normativa Estatal, la cual por el momento tan solo aconseja la utilización de este elemento de protección. Sin embargo, el auge de la movilidad sostenible hace que ahora mismo algunas ciudades se estén plantando la posibilidad de ir más allá.
Según datos que daba a conocer hace unos días el Ayuntamiento de Tarragona, en lo que va de año –hasta el día 16 de julio– se habían registrado en la ciudad un total de 34 accidentes con vehículos de movilidad sostenible. De estos, en 31 hubo uno o varios patinetes implicados, mientras que en los otros tres había bicicletas. En cuanto a la gravedad de los accidentes, seis se saldaron con daños materiales, mientras que el resto han dejado un balance de 24 herido leves y cinco de graves.
Con estos datos encima de la mesa, el concejal de Mobilitat asegura que la propuesta que planteará el Gobierno será de que el casco sea obligatorio tanto para las bicis como para los patinetes, «independientemente de si los vehículos son particulares o de alquiler». Entre los argumentos que se han sopesado está la mejora de la seguridad del propio usuario. «La bici y el patinete necesita protegerse igual que una moto, ya que el asfalto es igual de duro para todos», argumenta el tercer teniente de alcalde. Y, aunque la velocidad no es la misma, el Consistorio defiende que los elementos de seguridad deben ser los mismos.
Por otro lado, con esta medida quiere lanzarse un mensaje de cara a los usuarios, ya que la ordenanza dice que tienen que circular de forma obligatoria por la calzada. «Por mucho que haya una normativa, que se hagan cursos y que se esté multando, este es un elemento muy importante, porque el hecho de ponerse el casco ya te está diciendo que no tiene ningún sentido ir por la acera», explica Puig. Para ello, su utilización se concibe como un «elemento de disciplina» ya que aquellas personas que desobedezcan la normativa podrán ser identificables de una forma muy evidente por parte de la Guàrdia Urbana. «El hecho de ser usuario y que tengas que seguir el ritual de ponerte el casco, significa que hay unas normas a las cuales todos estamos sujetos», añade.
También para las empresas
Uno de los factores que deberá estudiarse es el encaje de este cambio en la ordenanza de cara a los usuarios de los patinetes eléctricos de alquiler. El Ayuntamiento tendrá que hablar con las empresas Bird, Spin y Reby, que son las que ahora mismo prestan este servicio a la ciudad, a la espera de la incorporación de una cuarta. Sobre al respecto, Puig indica que «de alguna forma estás mandando un mensaje que la seguridad y el civismo son dos elementos muy serios para Tarragona».
Para las compañías supondrá un gasto adicional, ya que la idea es que los patinetes lleven este elemento de seguridad incorporado, para aquellos usuarios que lo cogen de forma esporádica. No obstante, el Consistorio defiende que esto no será un elemento disuasorio. «Abrimos los brazos a que puedan establecerse, pero también somos exigentes en cuanto a los procesos de mejora», argumenta.
El equipo de gobierno abrirá este debate de cara al mes de septiembre, cuando se cumplirá el primer año del proyecto Ciutat 30. Más allá de rebajar el límite de velocidad de cara a los vehículos de motor, este suponía un cambio en la normativa que regulaba la movilidad de los patinetes y bicicletas en la ciudad, que en la anterior ordenanza apenas aparecían. Un año más tarde se actualizará el reglamento, con la obligatoriedad del casco, así como también se prevén algunos «ajustes» que se introducirán a partir de la experiencia de estos meses. En este sentido, Mobilitat y Guàrdia Urbana se están reuniendo para abordar estos aspectos, que se llevarán a la comisión. «También nos interesa escuchar la opinión del resto de grupos políticos, por tal de valorarlo entre todos», decía Puig.
La medida tendrá que aprobarse en el pleno y se abrirá un periodo de información pública de cara a los usuarios, por lo que su entrada en vigor podría ser entre octubre y noviembre. La ausencia de casco podría tipificarse como una falta grave, lo que, según el texto de la ordenanza, puede comportar una sanción que puede alcanzar los 1.500 euros.
Desincentivar el uso
La cooperativa L’Escamot, que está trabajando con el Ayuntamiento acciones de seguridad para estos usuarios, no es partidaria de esta «obligatoriedad». «Debemos pensar en medidas que garanticen la seguridad, pero que no desincentiven el uso», apuntaba Pedro Redondo. Este colectivo considera que el casco puede tener un efecto contraproducente, que desacelere la demanda creciente de movilidad sostenible. «En territorios en los que están en fases más avanzadas se ve que lo que realmente tiene un impacto en la seguridad es la transformación de la infraestructura», añade.
