En marzo de 2027 la ciudad de Tarragona, igual que todos los municipios de más de 50.000 habitantes de Catalunya, deberá contar con un Plan Municipal de Accesibilidad. Se trata de un documento donde aparece un diagnóstico detallado todas las barreras existentes en el municipio en espacios públicos como aceras, plazas, parques, playas o espacios naturales. También entran en consideración los edificios municipales así como los medios de transporte y los servicios sobre los que tenga competencia el Ayuntamiento.
Además del diagnóstico, el documento debe tener una planificación de las acciones y obras que hay que realizar para solucionar dichas barreras.
La obligación de contar con un Plan de Accesibilidad no es precisamente nueva, tiene más de treinta años. Ya en 1991 una ley autonómica daba un plazo de dos años a los municipios para contar con uno.
Ahora la novedad es que en marzo de este año entró en vigor el Codi d’Accesibilitat de Catalunya (que despliega la Llei d’Accesbilitat de Catalunya 2014). Este código es el que establece el plazo de tres años para hacer el plan, así como otros ocho años para implementarlo.
30% de los vecinos se beneficia
La Fundació ECOM, entidad que aglutina actualmente a 120 entidades de personas con discapacidad física y orgánica de toda España (108 de ellas en Catalunya) durante la presentación de su informe anual sobre las vulneraciones de los derechos a estas personas, aprovechaba este nuevo plazo para pedir a los municipios que no han cumplido con su deber «responsabilidad y empatía».
Rubén Domínguez, responsable del Área de Accesibilidad de ECOM, explica que los planes de accesibilidad son una herramienta para conocer la situación real del municipio y para planificar y priorizar las acciones necesarias. «Si no analizas no puedes hacer propuestas de mejora. A estos planes no hay que tenerles miedo», dice.
Apunta, además, que «cuando hablamos de accesibilidad, aunque defendemos los derechos de las personas con discapacidad, en realidad son acciones que mejoran la vida de toda la ciudadanía. En torno a un 8,5% de la población tiene una discapacidad reconocida y para ella es imprescindible la accesibilidad. Pero si contamos a las mujeres embarazadas, a los bebés que van en cochecitos, a los que están comenzando a andar, a las personas mayores que comienzan a tener problemas de motricidad... Vemos que pasamos de un 8,5% a un 30% de la población. Además, nunca sabes en qué momento de tu vida puedes tener una lesión que te ponga delante de estos obstáculos».
Una de las dificultades, explica, es que los municipios pueden decidir hacer un plan de accesibilidad que incluya todos ámbitos o separarlos e incluirlos dentro de otros planes municipales y «es aquí donde habrá que estar vigilantes». En todo caso, asegura, es clave que se consulte la opinión de las personas con discapacidad.
Lo siguiente será conseguir que se cumplan. «Lo que hemos visto hasta ahora son los municipios que comenzaron a hacer sus planes, con más o menos fortuna, en 2014. Algunos los hicieron y los dejaron en un cajón porque no tenían un presupuesto. Con el nuevo código esperamos que no se repita esta manera de actuar».
El Ayto. se lo propone para 2025
Consultados respecto a la obligación de contar con el plan, fuentes del Ayuntamiento de Tarragona explican que en el presupuesto del año que viene hay una partida de 200.000 euros para comenzar a trabajar en el documento, aunque todavía no se ha determinado el departamento que lo gestionaría. Prometen, eso sí, realizar un proceso de participación ciudadana.
En esta materia ha habido una sucesión de plazos que no se cumplen. En 2014 el Ayuntamiento prometía que el año siguiente se crearía una comisión que se encargaría de impulsar la redacción del plan.
En vista de que no se concretaba, en 2016 ERC presentó una moción en el pleno municipal pidiendo que se realizara. Se aprobó por unanimidad de todos los partidos y el Ayuntamiento de entonces volvió a prometer hacer el plan en 2017. En vista de que no se hacía, ese mismo año se aprobó otra moción, esta vez de ICV-EUiA.
Lo más parecido que ha tenido la ciudad hasta ahora es el Pla Municipal d’Actuació per a la Millora de l’Accesibiltat, PAMAT, que se presentó en 2018. Se centraba en analizar solo algunas aceras muy transitadas, edificios públicos y paradas de autobús. Los resultados eran llamativos: de los 167 tramos de acera analizados, solo el 5% era completamente accesible.
El plan se quedó en un cajón hasta 2021, cuando se convocó a las entidades de personas con discapacidad para que dieran su opinión. De las obras que marcaba el plan, no obstante, solo se hicieron algunas actuaciones puntuales. Las fuentes municipales reconocen que ahora ya «ha quedado desactualizado».
«Lo hemos dado por perdido»
Lluís Roig es arquitecto técnico jubilado y fue hasta hace poco Coordinador d’Accessibilitat de la fundació COAATT (Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Tarragona). Usuario de una silla de ruedas, estuvo al frente del PAMAT.
Roig, quien durante años se ha dedicado por activa y por pasiva a reclamar la necesidad de un Plan de Accesibilidad Municipal asegura que «somos muchos los que lo hemos dado por perdido. Ahora hay un nuevo plazo, pero plazos ha habido siempre y eso no ha metido prisa a ninguno de los consistorios de distintos colores políticos que hemos tenido en Tarragona».
Señala que ante esta inacción «hemos optado por buscarnos la vida usando los itinerarios que están más adaptados y evitando los que no están en condiciones».
El experto en movilidad lamenta que, hasta ahora, se ha dado prioridad a cubrir el expediente «a ir trampeando la situación». En su opinión, para poder hacer bien las cosas sería necesario contar con una conselleria de accesibilidad para evitar lo que pasa ahora, que distintos departamentos municipales se pasan la pelota.
