TGN gastará 204 millones hasta 2032 en el contrato de la basura y la limpieza

El Ayuntamiento de Tarragona planea reducir un 10% el gasto económico en el servicio de la limpieza viaria y la recogida de la basura, invirtiendo un montante global de 204 millones de euros entre 2023 y 2032. Así se especifica en el documento de pliego de condiciones que ayer pasó por la comisión previa al pleno municipal que, este viernes –en caso de aprobarse–, debe servir para sacar a licitación pública el mayor contrato del consistorio, que caduca precisamente el día de las próximas elecciones municipales: el 28 de mayo de 2023.

En el encuentro de ayer, el texto se avaló con el voto a favor de ERC, Junts per Tarragona, CUP y En Comú Podem y las abstenciones de PSC, Ciutadans y PP. De repetirse esta misma votación dentro de tres días el redactado pasaría el corte del Saló de Plens y podría convocarse el concurso necesario para evitar la prórroga del contrato que finaliza dentro de solo ocho meses, tras veinte años desde su entrada en vigor.

La previsión de los técnicos municipales es la de reducir notablemente el coste, pasando de los 23 millones de euros actuales a un promedio de 20,8 entre los cinco lotes en los que se dividirá la futura contrata. Las estimaciones son que el lote más cuantioso sea el 1, que concentrará el servicio de transporte y recogida de residuos, la limpieza viaria e información y educación ambiental, con un presupuesto de 19 millones de euros al año. Asimismo, el segundo pack del contrato costará unos 892.000 euros anuales en el servicio de limpieza en las playas, solares, terrenos y caminos municipales. En el tercer lote se destinarán unos 592.000 euros por año para gestionar la Deixalleria Municipal. Todos estos packs del contrato se concesionarán por un periodo de nueve años, más otros dos de prorrogables.

Asimismo, el cuarto y el quinto lote, que son los nuevos, serán para cinco años, más otros cinco adicionales. En el cuarto –que se centrará en el control de la ejecución del servicio y de calidad– se destinarán unos 225.000 euros al año, mientras que el quinto –que será para la plataforma inteligente de ciudad– se invertirán 157.000 euros.

Según las estimaciones de los técnicos municipales, será necesaria una inversión de dos millones para arreglar la actual nave y para impulsar otras mejoras, como es el hecho de que el servicio se está prestando ahora «con maquinaria, tecnología y metodología de hace diez años», según se indicaba en la consulta preliminar que el consistorio sacó a licitación hace meses para conocer las opciones de mercado. Según las estimaciones iniciales, se prevé que esta apuesta económica pueda amortizarse durante la duración del contrato.

Paralelamente, también se contempla invertir un millón de euros para una campaña de implantación, con el objetivo de incrementar el porcentaje de recogida selectiva en los próximos años. De hecho, en la actualidad este índice es de un 34%, cuando el escenario que se contempla en la previsión del ejecutivo local es de casi el doble (65%) mediante acciones como el sistema de control de acceso, el porta a porta o la limitación de aportaciones a la resta. Entre las medidas sociales también se prevé encargar tareas a centros especiales de trabajo.

Realizado de manera interna

El concejal de Serveis Centrals, Jordi Fortuny (ERC), recalca que se trata de un pliego de condiciones «revolucionario», ya que «se pagará en función del trabajo realizado». El primer teniente de alcalde valora que el trabajo técnico «se ha realizado internamente», y que el documento «ya ha superado todos los filtros».

Desde el PSC, su portavoz –Sandra Ramos– destaca que su formación está estudiando «con determinación» el pliego recibido «hace solo cinco días y que debe votarse este mismo viernes». Finalmente, Lorena de la Fuente (Cs) considera que el precio estipulado (20,8 millones) «es muy elevado», ya que «hay ciudades de características similares Tarragona, como Mataró o Alicante, que tienen un coste menor con un buen servicio». Asimismo, De la Fuente alerta del «afán recaudatorio» por el incremento de las sanciones previstas.