Suspenden el bloqueo de Telegram en España a falta de un informe

La Fiscalía de la Audiencia Nacional hizo un informe previo favorable al bloqueo temporal de Telegram acordado por el juez Santiago Pedraz el pasado viernes a raíz de una denuncia de Mediaset, Antena 3 y Movistar Plus+ en la que acusaban a la aplicación de alojar sin permiso contenido protegido por derechos de autor.

Según han informado a EFE fuentes jurídicas, el fiscal informó a favor de esta medida que ahora Pedraz ha dejado en suspenso a la espera de recibir un informe policial sobre las características de esta aplicación de mensajería instantánea así como sobre la incidencia que pueda tener este bloqueo sobre los usuarios.

Tras su auto del viernes, Pedraz ha dictado este lunes una breve providencia en la que acuerda, con carácter previo a la suspensión temporal de los recursos asociados a Telegram, solicitar a la Comisaría General de Información de la Policía Nacional un informe sobre la plataforma Telegram para conocer dichos datos.

De este modo, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 deja en suspenso el bloqueo temporal de Telegram que acordó en un auto del pasado viernes, medida que contó con el informe favorable de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, según han informado a EFE fuentes jurídicas.

En dicho auto, el magistrado dirigía un mandamiento a las operadoras de telecomunicaciones y de acceso a Internet con autorización para operar en España para que procediesen a la suspensión de los recursos asociados a Telegram.

Pedraz les dio tres horas de plazo que contarían desde la recepción de la comunicación judicial, si bien el domingo las operadoras aseguraron que aún no la habían recibido.

Esta medida cautelar fue adoptada por el juez en el marco de un procedimiento por un delito de vulneración continuada de derechos de propiedad intelectual contra los titulares de diversos canales creados en la red social Telegram.

Pedraz la acordó por considerar la medida, al igual que la Fiscalía, «necesaria, idónea y proporcional», al entender que no hay otra alternativa para frenar la difusión de esos contenidos.

En su resolución, el juez explicaba que las autoridades de las Islas Vírgenes británicas (donde está la sede social de la empresa de mensajería) no han colaborado con la comisión rogatoria enviada a Telegram para que informase de determinados datos e identificara a los titulares de las cuentas utilizadas para la infracción.

La falta de información por parte de Telegram, argumentaba, no le permite continuar instruyendo la causa por lo que tomó la decisión de bloquear la plataforma para evitar «la reiteración de los hechos denunciados».