La adjudicación del contrato de la basura

El pleno celebrado en el Ayuntamiento de Tarragona este pasado viernes acordó adjudicar a la empresa francesa GBI Paprec el comúnmente denominado contrato de la basura, el más importante, por su coste, para un consistorio, como refleja el hecho de que en el caso de la capital asciende a 233 millones durante una extensión de diez años. Escoger bien a la firma que se ocupará de la limpieza es, por otra parte, un asunto fundamental en una ciudad como Tarragona, que tiene en este ámbito una de sus principales asignaturas pendientes. Por todo ello, un proceso de este tipo debe llevarse a cabo con el máximo rigor, la máxima exigencia y la máxima transparencia, como no puede ser de otra forma en cualquier contrato público. En el caso de la ciudad de Tarragona, el cambio de empresa concesionaria –hasta ahora era FCC la encargada de realizar el servicio– se ha visto salpicado por una serie de vicisitudes que han hecho que el recorrido hasta llegar a esta adjudicación no se haya visto exento de cierta polémica. Un concurso al que curiosamente, pese a su importancia también para las empresas por el dinero que significa, quedó desierto al no presentarse ninguna firma; un conflicto entre la anterior y empresa y el equipo de gobierno del Ayuntamiento que incluso llenó de gritos y pancartas el salón de plenos; multas que ahora deben ser devueltas...

Sería deseable que la adjudicación del contrato de la basura a la nueva empresa que prestará el servicio constituya el inicio de un nueva etapa en la limpieza de Tarragona y los ciudadanos puedan disfrutar de una recogida de residuos eficaz y de unas calles –mobiliario urbano incluido– limpias, lo que en todo caso es una tarea que no solo compete a la empresa, sino que interpela al civismo del conjunto de la sociedad. La imagen de Tarragona y el dinero de los contribuyentes están en juego, por lo que, cabe insistir, las administraciones han de perseguir la eficacia y la eficiencia, actuando con total transparencia y poniendo el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos por delante de cualquier otra consideración.