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El Congreso aprobó ayer, con los votos a favor del PSOE y sus socios parlamentarios –se pronunciaron en contra el PP, Vox, UPN y Coalición Canaria– la ley de amnistía, una norma muy polémica que ha provocado una catarata de reacciones en las que hay que separar el fondo de la forma y la sobreactuación de la crítica razonada. Es indudable la importancia política de este episodio.
De hecho, el principal argumento esgrimido por los impulsores de la ley se basa en la búsqueda de la reconciliación y de una salida dialogada a los problemas políticos de Catalunya, un objetivo loable, como ha reconocido la propia Comisión de Venecia.
Pero el acuerdo alcanzado está rodeado de incógnitas y de riesgos que suscitan bastantes dudas. De entrada, es indudable que el procedimiento ha venido condicionado por las necesidades políticas de Pedro Sánchez y de su entendimiento con Junts para garantizar la viabilidad del despegue de la legislatura, por lo que se ha visto obligado a satisfacer las demandas del secesionismo catalán, que ha tensado la cuerda y ha puesto exigencias para garantizar el blindaje de Carles Puigdemont de una posible investigación de los jueces.
La búsqueda de la reconciliación es un objetivo loable, pero el acuerdo está rodeado de riesgos que suscitan bastantes dudas
Es verdad que el Gobierno tiene legitimidad para promover una vía diferente a la meramente judicial para abordar el problema catalán. Pero tampoco cabe cualquier solución ni pagar cualquier precio.
Uno de ellos es el riesgo de una colisión con el Poder Judicial, que podría tener efectos muy negativos. Por otra parte, el hecho de que la medida de gracia no se haya visto acompañada de gestos de contricción o de autocrítica en los partidos soberanistas, que, por el contrario, ya han advertido que es solo un paso más hacia la autodeterminación –una actitud que sin duda se agudizará en la campaña para las elecciones del 12 de mayo–, enfría aquel objetivo de la reconciliación.
Está en juego la convivencia, pero también el correcto funcionamiento del sistema. El tiempo dirá si la ley ha servido para cumplir el objetivo anunciado.
