Cuando los estragos de la pandemia aún no han hecho justicia con las personas más vulnerables que perecieron en ella, vuelven a la palestra hechos luctuosos que nos recuerdan los días más inquietantes de la misma así como las miserias institucionales, por no profundizar en las humanas.
Retrocediendo en el tiempo a aquel año de incertidumbre, de muerte y desesperación, encontramos a quienes lo dieron todo a lo largo de sus vidas a cambio de nada y durante el camino se encontraron cuando ya columbraban el final con unos gerifaltes que les despreciaron sin conmiseración alguna. No puede por menos de aterrorizarnos lo que ha trascendido sobre lo ocurrido en los geriátricos. Ni las mentes más retorcidas e inhumanas podrían imaginar el alcance nefasto de lo vivido en estas residencias, sálvense las que puedan, que algunas habrá. De terror son las cifras –más de 18.000 ancianos sucumbieron en lugares en donde un día concibieron como idóneos para su hogar–.
La rumorología popular, en cambio, entiende erróneamente una residencia de ancianos como aquel tétrico lugar de donde sólo se puede salir metido en una caja de pino. Por aquel entonces las salidas se producían por la puerta de atrás y en masa introducidos en bolsas funerarias, a menudo entre confusiones dado que cada noche los éxitus se multiplicaban.
Ya sabemos que nuestros mayores son los que se llevaron la peor parte. Las residencias, telón de fondo siniestro para miles de vidas que llegaron en ellas a la consunción más extrema. Fueron trágicos los resultados a rebufo de una ausencia de médicos y enfermeros, a las carencias de materiales de protección y sin posibilidad de que los enfermos fuesen derivados a hospitales. Abandonados a su suerte, sin que las administraciones públicas arbitraran medidas para paliar el abandono en el que se debatían.
Pero el horror no acaba ahí: cuando sus vidas llegaban al punto de no retorno; a saber, cuando exhalaban el último suspiro de vida, sin compañía alguna, sin familiares, solos ante la muerte, acompañados de un terrible virus, sus compañeros de habitación habían de convivir con el cadáver, porque nadie acudía a retirarlo. ¡Espeluznante! No se me ocurre otro adjetivo más apropiado para enmarcar las escenas que se vivieron en algunos centros de mayores. A pesar de todo ello, ¿alguien asumió responsabilidades?
Durante la pandemia más de 18.000 ancianos sucumbieron en lugares que un día concibieron como idóneos para su hogar
Todo ello en general parecía ya fruto del pasado, porque sabemos que la pandemia nos había hecho ser mejores personas, más empáticas y humanas, somos love friendly forever, nada de lo ocurrido volvería a suceder...
Pues lamentablemente creo que no va a ser así. La Fiscalía Provincial de Barcelona ha interpuesto una denuncia ante el juzgado por la muerte de ocho personas entre agosto y principios de septiembre de 2022 por una intoxicación de salmonela en una residencia geriátrica de Barcelona. Esperemos que sea una excepción a la regla, aunque dudo mucho de esta afirmación. Este geriátrico mantiene a día de hoy a su dirección. ¿Asume alguien responsabilidades? Estamos mal acostumbrándonos a que el débil y vulnerable sea sometido a los estándares de una sociedad egoísta que aparta lo que cree que ya no le sirve, lo que le incomoda y le produce estorbo y agobio porque su fiel reflejo le produce estrés. Aunque sea de gran valor añadido como es la ancianidad. Lugar donde todos vamos a ir a parar.
La sociedad está muy sensibilizada, como debe ser, ante el maltrato infantil y por eso cuenta con mecanismos eficaces de detección y denuncia, pero no tanto ante el maltrato a los ancianos desvalidos. El caso de las agresiones denunciadas en múltiples residencias de ancianos o el caso arriba indicado es sólo el último episodio de un grave problema del que sólo emerge la punta del iceberg.
Los abusos físicos y psicológicos a los ancianos son muy comunes y en muchos casos documentados por cámaras ocultas que los propios familiares instalan en las habitaciones de los geriátricos o en el los domicilios particulares donde cuidadoras sin titulación lidian con el anciano. Muchas familias llegan a este extremo tras comprobar que sus quejas planteadas a los responsables de los centros no tienen respuesta. Más tarde se ha podido comprobar que la residencia no comunicaba las quejas y denuncias a la consejería de Políticas Sociales y Familia como establece la normativa vigente. Se da pues, en este caso, una de las premisas que mayor inquietud social provoca, la opacidad, no sólo por parte de la entidad denunciada, sino también por parte de la Administración que debe ejercer el control, las Comunidades Autónomas. La falta de transparencia es una de las condiciones que favorece el maltrato institucional. Las familias deberían poder conocer cuántas denuncias o quejas se han presentado contra el centro en el que van a ingresar a un pariente.
Como se ha demostrado en otros países, esa es una información del máximo interés para la comunidad y un mecanismo preventivo muy eficaz contra los malos tratos. De poco sirven las inspecciones puntuales, y menos cuando son anunciadas con anterioridad. Esas inspecciones pueden detectar carencias estructurales y deficiencias materiales, pero difícilmente pueden captar las conductas inadecuadas, vejatorias o de maltrato en el cuidado de los ancianos.
No se encuentra lo que no se busca. Una de las prácticas más cuestionables es el abuso de los fármacos para tener a los ancianos en un estado de aletargamiento que permita suplir la falta de personal o la colocación de doble pañal por la noche, así como la mala praxis en la sujeción del paciente. Hay que aplicar medidas para evitar los abusos y uno de los mecanismos de prevención y control puede ser la participación de las familias en los órganos de gestión.
La profesionalización del sector serviría para alcanzar unos estándares de calidad mínima entre el personal, por lo que sigue siendo un reto
La profesionalización del sector serviría para alcanzar unos estándares de calidad mínima entre el personal, por lo que continúa siendo un reto. Lograr una titulación específica, que de hecho ya existen múltiples títulos de FP, pero que de igual modo todos sirven y ninguno funciona, significaría dignificar a la profesión y poner de relieve los conocimientos necesarios respecto al usuario.
Como algunos recordarán, allá por septiembre de 2022 Mario Tuérago, de 82 años y usuario de una residencia de ancianos de Moscatelares, pronunció un discurso que dejó helados a la par que ridiculizados a los políticos del Ayuntamiento de Sebastián de los Reyes, donde denunció las condiciones en las que vivían él y sus compañeros en un centro de mayores. Tuérago puso en valor la valentía y el coraje en la defensa de la dignidad del residente. Contó cómo tuvieron que vivir un verano a más de 40 grados, así como que algunos residentes tuvieron que ser ingresados por deshidratación y que la seguridad era insuficiente, entre otras negligencias de las que responsabilizó a la Comunidad de Madrid porque «mira para otro lado cuando se trata de velar por la salud y el bienestar de sus ciudadanos». Me gustaría ver a los políticos, del signo político que fuere, sufrir tales agravios en sus cómodos despachos, ayuntamientos y plenarios. Deseo que Mario y sus compañeros puedan vivir como merecen de una vez por todas.
