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El secretario del Ayuntamiento remitió el pasado 6 de junio al juzgado contencioso administrativo número 2 de Tarragona una relación de los sueldos cobrados por los concejales de PDeCAT, ERC y ARAReus, los tres grupos que conforman el gobierno de la ciudad en 2016, 2017 y lo que ha transcurrido de 2018.
Todo ello a raíz de la petición de Ciudadanos de una prueba anticipada ante el juicio previsto el 21 de mayo de 2019 donde se decidirá si el gobierno municipal debe o no rebajarse los sueldos. El juzgado requirió el pasado 18 de abril un informe detallado de los sueldos que perciben los concejales del gobierno.
El partido de Juan Carlos Sánchez presentó en febrero del 2017 una denuncia al juzgado contencioso administrativo de Tarragona al considerar que podría estarse cometiendo un presunto delito de malversación de dinero público. Y es que el pleno del Ayuntamiento, en abril de 2016, acordó con los votos a favor de todos los grupos en la oposición (que suman mayoría, 16 de 27 concejales), una reducción del salario que perciben los cargos en el gobierno. Un mandato al que el gobierno ha hecho caso omiso hasta hoy.
Ciudadanos considera que el hecho de que sea el pleno el encargado de fijar las retribuciones económicas de los concejales a inicios del mandato, lo empodera para poder alterar dichas cantidades durante el mandato. En cambio, el gobierno municipal, siempre ha argumentado, con informes de los técnicos municipales bajo el brazo, que en el pleno solamente se aprueban mandatos políticos, no ejecutivos, y que es el gobierno el que decide, a posteriori, si lleva a cabo los encargos del pleno.
Los sueldos no se han bajado
El documento enviado al juzgado por parte del Ayuntamiento, certifica que no se han bajado los salarios, un extremo que puede confirmarse a través del portal de transparencia del gobierno, en el que se resume toda la información referente al consistorio. El alcalde roza los 75.000 euros, el máximo que le permite cobrar el decreto de sueldos. Concretamente, su salario se eleva hasta los 74.999,94 euros brutos durante el 2017.
No muy por debajo están el resto de concejales en el gobierno, cuyos sueldos brutos anuales oscilan entre los 68.500 y los 58.500 euros.
Aunque las retribuciones están fijadas con un máximo de salario bruto anual, según el informe emitido por el secretario del consistorio, algunos de los concejales exceden el límite en algunos pocos céntimos.
Trifulca política y judicial
El de los sueldos es el enésimo enfrentamiento que suman el gobierno y Ciudadanos durante el presente mandato. Más allá de las consideraciones legales, el clima entre las formaciones que dirigen la ciudad y el partido naranja es, cuanto menos, tenso. Una situación que se traslada a los plenos, cuando los intercambios de reproches son constantes.
El pasado 1 de octubre marcó otro hito en las relaciones entre el alcalde de la ciudad, Carles Pellicer, y Ciudadanos. El hecho de que Juan Carlos Sánchez presentara una denuncia por un delito de incitación al odio contra el alcalde enfrentó severamente a ambos.
Más aún cuando el juez decidió abrir una causa en Reus que llevó a Pellicer ante el juez y a los portavoces de PDeCAT, ERC, ARAReus y la CUP ante el juez. De hecho, los concejales de la CUP, Marta Llorens, Oriol Ciurana y Mariona Quadrada fueron detenidos. Los dos primeros pasaron una noche en comisaría, después de no presentarse ante el juez cuando fueron requeridos.
