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Los vecinos del barrio del Carme reclaman al Ayuntamiento de Reus que abra expedientes disciplinarios a los propietarios de las viviendas vacías y en mal estado o que actúe de manera subsidiaria para solucionar la situación. Éste fue uno de los principales puntos que se trataron ayer en el transcurso de la asamblea extraordinaria convocada por la Associació de Veïns l’Harmonia del Carme en el Institut Salvador Vilaseca y que contó con la presencia de un gran número de residentes.
Todos ellos, coincidieron a la hora de señalar que la degradación de muchas de las casas del barrio está hipotecando su reforma. Más todavía cuando el presidente de la entidad, Josep Machado, dio cuenta del censo elaborado que suma 47 inmuebles en mal estado o que, incluso, amenazan ruina. Entre las más afectadas están la calle Girada, calle Sant Esteve, calle Closa de Freixa, calle Sant Antoni, calle Vapor Vell o calle Sant Gaietà. Recientemente, además, en la calle Alt del Carme se produjo el derrumbe parcial del interior de una casa a consecuencia de las fuertes lluvias.
Uno de los problemas que generan algunas de estas viviendas vacías del barrio del Carme, y que también salió a relucir ayer en la asamblea, es la presencia de okupas, lo que ha obligado en algunos casos a tener que tapiar puertas y ventanas.
Más allá de la problemática relacionada con las viviendas vacías y en mal estado, el propio Josep Machado también expuso la posibilidad de pedir al consistorio que ceda los distintos solares públicos que pueblan el barrio del Carme a constructores privados para que puedan edificar.
Una idea que el propio concejal de Urbanismo, Marc Arza, ya puso sobre la mesa durante la celebración del pasado pleno municipal sin llegar a concretar más allá de haber realizado algunos primeros contactos.
Los inmuebles del Incasòl
El barrio del Carme está a la espera de que se inicie el derribo de los tres inmuebles propiedad del Incasòl ubicados en la calle Sant Francesc. Una actuación que, en un principio, dejará la zona con un amplio espacio de aparcamiento hasta que la Generalitat y el Ayuntamiento no lleguen a un acuerdo sobre su uso futuro.
