El exministro socialista José Luis Ábalos ha anunciado que mantiene su acta de diputado en el Congreso y que pasará al grupo Mixto, con lo que desoye la exigencia del PSOE que le dio un plazo de 24 horas para dejar su escaño por el caso Koldo.
Tras varios días de presión de responsables socialistas, incluido el propio Pedro Sánchez, Ejecutiva Federal del PSOE decidió el lunes dar un plazo de 24 horas a Ábalos para que entregara su acta de diputado al considerar que tiene “responsabilidad política” en el caso en el que está investigado su exasesor Koldo García, por el supuesto cobro de comisiones ilegales por contratos en la compra de mascarillas durante la pandemia.
«He decidido hacer caso a quienes me quieren» que «me han pedido con sinceridad que siga adelante, no me rinda y defienda mi honorabilidad», ha dicho el exministro en rueda de prensa. Ábalosha recordado que «no está acusado de nada», ni forma parte de la investigación, ni ha tenido «ningún enriquecimiento ilícito».
Según Ábalos, su gestión en este caso «se limitó a conseguir equipos de protección lo más rápido y económicamente posible» ya «rebajar los costes y posibles comisiones de los intermediarios».
Además, añadió, intentó «salvar el dinero público» congelando los pagos a los proveedores hasta recibir la mercancía, algo que «no se ha producido en otras contrataciones».
El PSOE registra la comisión para investigar el caso y otros
El PSOE ha registrado en el Congreso la solicitud de una comisión de investigación para esclarecer “los hechos, responsabilidades y enseñanzas” sobre la contratación de material sanitario en la pandemia que realizó la Administración del Estado y sus distintos organismos y otras administraciones públicas.
En el marco del caso Koldo García, el exasesor del que fuera ministro socialista José Luis Ábalos, la comisión también quiere estudiar y valorar “posibles modificaciones de la legislación estatal en materia de contratación pública para evitar que aparezcan irregularidades en el futuro”.
De este modo, de acuerdo con el escrito de solicitud al que ha tenido acceso EFE, se investigarán los procedimientos de contratación llevados a cabo en las diferentes Administraciones públicas.
Según el texto, resulta “intolerable siempre cualquier irregularidad o delito en la contratación pública, pero especialmente reprochable el aprovechamiento para lucro personal de aquel drama de la pandemia” que causó la muerte a tantas personas.
