Tres de los hombres que asesinaron a sus parejas el año pasado habían sido condenados o sometidos a medidas cautelares por violencia de género con otras mujeres, según la Memoria que presentó ayer la Fiscalía.
Además, seis tenían antecedentes, la mayoría con varias víctimas. Esta impunidad a largo plazo se refleja además en la cifra de condenados por agresiones machistas que no cumplieron la pena impuesta por los tribunales en 2022, revelada en el documento. «Se impusieron 7.113 penas de prisión, de las que 4.992 han sido suspendidas y 120 sustituidas». Esto significa que más del 70% de los que han cometido un crimen machista tan grave como para ir a la cárcel no llega a ingresar en un centro penitenciario.
La mayoría se libra al no existir sentencia firme y esperar la decisión tras una apelación. No es el caso de los que cometen un asesinato machista. De las 58 condenas del año pasado para los feminicidas, once fueron dictadas por un Tribunal Superior luego de la apelación. En todos estos casos se confirmó la resolución de la primera instancia: asesinato consumado -en unos con alevosía (la mitad de ellos) y otros también con ensañamiento (una cuarta parte)-, homicidio consumado, asesinato en grado de tentativa y homicidio intentado.
El año pasado terminó con 50 víctimas mortales de violencia de género. El 44% de las asesinadas había denunciado: 22 víctimas habían formulado 37 denuncias con 17 procesos judiciales con sobreseimiento provisional y había tres órdenes de alejamiento vigentes y cinco «extinguidas».
Concentración de diciembre La concentración de asesinatos machistas de diciembre provocó «alarma social y preocupación en todas las instituciones», debido a que el 58% de las 12 mujeres asesinadas habían realizado una denuncia por violencia contra quien finalmente le quitó la vida. Ha sido el segundo mes más sangriento del histórico, después de los 13 feminicidios en un mes ocurridos en 2013. La Fiscalía descarta las teorías que señalan que esa concentración se produjera por la «mayor convivencia», los «días más cortos», el clima, las fiestas familiares por navidad o el «efecto mimético». «No parecen determinantes». Ahora bien, la tendencia desde 2010 es descendente.
En el documento, los fiscales resaltan la «concurrencia de alevosía» y de ensañamiento (infligir un sufrimiento innecesario para la comisión del delito), y las agravantes de parentesco, discriminación por razón de género (dominación del hombre sobre la mujer) o abuso de superioridad. Como atenuantes, se aplicó la eximente incompleta de trastorno mental en dos casos, confesión en seis ocasiones y confesión tardía en tres, dependencia a bebidas alcohólicas, reparación del daño, alteración psíquica, dilaciones indebidas y drogadicción.
En cuanto a todo tipo de delitos relacionados con la violencia de género, se tramitaron ante los juzgados unas 42.000 medidas de protección, un 8% más que el periodo anterior, y los tribunales denegaron una de cada tres. Fueron dictadas 6.105 prohibiciones de aproximación y 1.356 órdenes de prisión provisional.
Huérfanos y mundo rural Se reflexiona también sobre la protección de los hijos del maltratador que son menores de edad. La «imposición de prohibiciones de aproximación y comunicación», según explican los fiscales, se «reserva para los casos en los que los menores son las víctimas directas del delito, en supuestos de riesgo alto o extremo, reiteración delictiva o hechos muy graves, como homicidios o asesinatos de sus madres o maltrato habitual prolongado en el tiempo». El año pasado nueve niños quedaron huérfanos y se acordó la privación de la patria potestad en cuatro ocasiones y en un caso la «inhabilitación especial» mientras durara la pena.
Un «aspecto muy preocupante» reseñado por los fiscales es la «cultura patriarcal en la sociedad rural», donde hay «mayor dificultad» para reconocer «las conductas machistas abusivas y violentas», para denunciar y «para salir de la violencia y recuperar su vida». En el periodo analizado en la Memoria, la tercera parte de los asesinatos de género se cometieron en poblaciones de menos de 20.000 habitantes, de los que cinco sucedieron en pueblos de menos de mil, y allí sólo una había denunciado más de diez años antes.
