El último llamamiento de Puigdemont para que la UE se implique en la cuestión catalana ha caído, de nuevo, en saco roto. La Comisión Europea se ajustó al guion de los últimos meses y eludió ayer pronunciarse acerca del ingreso en prisión de nueve exmiembros del Govern o de una orden de detención contra el expresident. Fuentes comunitarias valoraron que estas cuestiones son «un asunto de las autoridades judiciales», cuya independencia, añadieron, respetan plenamente.
A nivel de países, tanto Francia como Alemania reafirmaron su respaldo al Ejecutivo español. La de París es una de las voces que más alto se ha alzado contra la deriva independentista. Insistió en su apoyo al marco constitucional y confió en que las elecciones del 21 de diciembre abran el camino para retomar el diálogo. Alemania fue más allá y justificó la decisión de la juez Carmen Lamela: «España es un Estado de derecho», un argumento que echa por tierra las acusaciones de Puigdemont, según las cuales en España el expresident no tendrá un juicio justo.
El independentismo también obtuvo apoyos internacionales, aunque muy lejos de los que se necesitan para consolidar el reconocimiento de una república catalana: Venezuela, Escocia y la región belga de Flandes.