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La Eurocámara duda que sea legal el escaño del expresident Carles Puigdemont

El abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, pidió en cambio la anulación del suplicatorio argumentando que se trata de un caso de «persecución política» y prueba de ello, señaló, es la reforma del delito de sedición que ha propuesto el Gobierno de España y tramita ya el Congreso de los Diputados.

| Actualizado a 25 noviembre 2022 19:20
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El Parlamento Europeo aseguró ayer ante el Tribunal General de la Unión Europea que el expresident catalán Carles Puigdemont accedió al escaño «probablemente de forma ilegal», en la vista en la que su defensa pidió la anulación del suplicatorio porque supone «persecución política».

El recurso que Puigdemont interpuso contra la Eurocámara por levantarle la inmunidad parlamentaria quedó ayer visto para sentencia, tras una sesión de más de cinco horas en la que el abogado del Parlamento, Norbert Lorenz, defendió que la institución trató al expresidente de forma «perfectamente correcta».

Hasta tal punto es así, dijo, que «en enero de 2020, se le permitió tomar asiento en el Parlamento Europeo y como hemos visto por una sentencia del Tribunal General, probablemente de manera ilegal», pues la Eurocámara «nunca ha recibido notificación» de que Puigdemont y los otros eurodiputados de Junts per Catalunya (JxCAT), Toni Comín y Clara Ponsatí, pudieran ser parlamentarios.

Los tres eurodiputados accedieron al escaño con el permiso del expresidente del Parlamento David Sassoli, después de que la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre el caso del líder de ERC, Oriol Junqueras, dijese que la condición de eurodiputado se adquiere tras la proclamación de los resultados de las elecciones europeas.

Por tanto, «el Parlamento, en realidad, tuvo un comportamiento extremadamente abierto y correcto con los demandantes. Y ha tratado también de manera totalmente correcta el suplicatorio de suspensión de inmunidades», señaló Lorenz.

El abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, pidió en cambio la anulación del suplicatorio argumentando que se trata de un caso de «persecución política» y prueba de ello, señaló, es la reforma del delito de sedición que ha propuesto el Gobierno de España y tramita ya el Congreso de los Diputados. «Es público y notorio que varios ministros españoles importantes y el propio presidente del Gobierno, el señor (Pedro) Sánchez, han estado diciendo estos últimos días que el cambio en la legislación es para obtener la entrega del señor Puigdemont a España», afirmó Boye.

«¿Cuántos casos conocen sus señorías del cambio del Código Penal en un Estado miembro para obtener una extradición? Yo solo conozco este», continuó el abogado de Puigdemont.

La abogada del Estado, Andrea Gavela Llopis, negó en cambio que exista persecución política porque el sistema jurídico español es «garantista».

Según dijo, el Tribunal Supremo español emitió las euroórdenes contra los eurodiputados huidos a Bélgica para «posibilitar» su «presencia en el proceso penal» por unos hechos «muy anteriores» a la celebración de las elecciones europeas. Y «de acuerdo con el derecho español aplicable, no se ha podido ni concluir el sumario, ni se ha podido efectuar el enjuiciamiento sin la presencia de los recurrentes, precisamente, por ser un sistema garantista que establece esta exigencia en interés del derecho de defensa de los demandantes», añadió Llopis.

Imparcialidad

Boye defendió también la anulación del suplicatorio argumentando que el presidente de la comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo que analizó la petición del Supremo, el eurodiputado de Ciudadanos Adrián Vázquez, no fue imparcial durante el proceso, ya que forma parte de un partido que ha mostrado «hostilidad» hacia los líderes independentistas. Tampoco lo fue, según el abogado, el ponente del informe que recomendó el levantamiento de la inmunidad, Angel Dzhambazki, dado que forma parte del mismo grupo político en la Eurocámara (ECR) en el que está inscrito Vox, partido que inició la causa del procés.

El Congreso da el primer paso para derogar la sedición

La propuesta del PSOE y Unidas Podemos para suprimir el delito de sedición se abrirá definitivamente paso en el Congreso, que el jueves por la noche aprobó tramitar la iniciativa después de un agrio debate repleto de críticas al Ejecutivo por parte de la oposición, que la considera un pago al independentismo.

Al filo de la 1 de la madrugada, tras una maratoniana jornada parlamentaria en la que el Gobierno sacó adelante los Presupuestos Generales de 2023, la cámara baja apoyó la toma en consideración de la iniciativa, con 187 votos a favor, 155 en contra y 6 abstenciones.

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