Reivindicación histórica
El Parlament tramita por la vía rápida la conversión de los funcionarios de prisiones en agentes de la autoridad
El asesinato de la trabajadora de Mas d’Enric y el aumento de agresiones reavivan el debate sobre la seguridad penitenciaria mientras se tramita la condición de agentes de la autoridad
El Parlament de Catalunya ha acordado tramitar por lectura única la proposición de ley impulsada por el PSC para reconocer la condición de agentes de la autoridad al personal funcionario y directivo de los centros penitenciarios. La medida, que busca dotar de mayor “seguridad y protección jurídica” a este colectivo, ha contado con el apoyo de Junts, PPC, Vox y Aliança Catalana (AC), mientras que ERC, Comuns y la CUP han votado en contra de su tramitación exprés.
El texto, además, incluye el compromiso de que la Generalitat indemnice al personal por lesiones y daños sufridos en el desempeño de sus funciones, una reclamación histórica que se ha intensificado desde el asesinato de la trabajadora penitenciaria Núria López en la cárcel de Tarragona (El centro penitenciario de Mas d'Enric en El Catllar), en marzo de 2024.
La Generalitat ya reconoció fallos en el protocolo penitenciario del caso y aceptó indemnizar a la familia con 40.400 euros .
La muerte de Núria López, un punto de inflexión
El crimen del mes de marzo de 2024 en la prisión tarraconense conmocionó al sistema penitenciario catalán: fue la primera vez en democracia que una trabajadora de una prisión era asesinada por un interno.
Desde entonces, los funcionarios han vuelto a denunciar falta de personal, protocolos poco seguros y riesgo en tareas como las cocinas, donde se produjo el asesinato.
La Generalitat modificó posteriormente las condiciones de acceso a ciertos puestos para evitar que internos con delitos de sangre accedieran a espacios sensibles .
La muerte de López coincidió con un incremento histórico de agresiones a funcionarios: en 2024 se registraron más de 600 ataques a personal penitenciario, el peor dato en décadas, según información de los sindicatos y plataformas de funcionarios.
Las movilizaciones se extendieron por varios centros del país y miles de funcionarios participaron en protestas con lemas como “Queremos volver vivos a casa”, reclamando medidas urgentes de seguridad y responsabilidades políticas.
Reivindicaciones que llegan al Parlament
La situación derivada de la muerte de López ha estado muy presente en el debate de este miércoles en el Parlament de Catalunya. Para el PSC y los grupos que apoyan su iniciativa, el reconocimiento de los funcionarios como agentes de la autoridad es una respuesta necesaria para proteger a quienes trabajan en un entorno de alto riesgo.
Para los sindicatos, el paquete de cambios actuales sigue siendo insuficiente. Consideran imprescindible reforzar plantillas, mejorar la evaluación de internos peligrosos y garantizar el principio de indemnidad. Tras el asesinato, varias organizaciones reclamaron incluso dimisiones y la creación de una comisión de investigación parlamentaria, una petición que también trasladó la familia de la víctima meses después .
Críticas desde ERC, Comuns y CUP
Los grupos que se han opuesto a la tramitación por vía rápida han comparecido junto a la Xarxa Dret i Presó, cuyos representantes alertaron de que la reforma no responde a una necesidad real de los centros penitenciarios.
David Aranda, miembro de la entidad, calificó la propuesta de “paso hacia la policialización” de los trabajadores y advirtió de que podría tener efectos negativos para la población reclusa. “Estamos retrocediendo a tiempos de franquismo en materia penitenciaria”, aseguró.
ERC, Comuns y CUP han insistido en que la respuesta legislativa debe ser pausada, dialogada y con participación de todos los actores del sistema penitenciario.
Próximos pasos
Con el acuerdo para tramitar el texto por lectura única, los grupos parlamentarios disponen hasta el viernes 5 de diciembre para presentar enmiendas, según ha comunicado el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull.
Mientras tanto, el recuerdo de Núria López y la presión del colectivo penitenciario mantienen vivo un debate que ha vuelto al centro de la agenda política, especialmente en Tarragona, donde se produjo el crimen y donde los trabajadores aseguran que “aún queda mucho por hacer” para garantizar la seguridad en las cárceles catalanas.