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La Dirección General de la Función Pública del Ministerio de Hacienda y Función Pública ha abierto un expediente disciplinario a Carlos García Lucas, actual interventor del Ayuntamiento de Sant Pere de Ribes (Garraf), por la presunta comisión de dos faltas muy graves en el desarrollo de sus tareas en este Ayuntamiento. Carlos García Lucas ya estuvo sancionado por su actuación en el Ayuntamiento de Vila-seca, donde estuvo destinado en dos etapas desde 2011 a 2017 y en 2019.
Mientras se tramita el expediente disciplinario, este órgano estatal ha acordado también la suspensión de sus funciones como interventor por un período de seis meses y a la espera de la resolución definitiva. Se da la circunstancia de que tanto el secretario como el instructor de este expediente son funcionarios también de habilitación de carácter nacional.
El expediente disciplinario al que ha tenido acceso el ‘Diari’y que se abre desde el Ministerio de Hacienda y Función Pública deberá analizar cuatro situaciones que podrían acumular hasta una decena de faltas muy graves en la conducta profesional de este funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
El expediente disciplinario que emprende ahora la instructora designada por la Dirección General de la Función Pública hacia este funcionario nacional se sigue muy de cerca desde Vila-seca, donde el propio investigado ya fue destituido por dos faltas graves en la segunda etapa en el consistorio del Tarragonès.
La primera falta grave resuelta en el consistorio de Vila-seca trataba de la situación de bloqueo económico que por su actuación profesional generó en el Ayuntamiento y que provocó una situación anómala en el devenir municipal poniendo en riesgo, no solo la salud de las arcas municipales, sino la supervivencia laboral de los proveedores, que en algunos casos tuvieron que renegociar con sus bancos ante la falta de cobro.
La segunda falta grave, todavía en curso judicial, es la resolución de la denuncia de un total de 24 trabajadores municipales de Vila-seca por un presunto acoso laboral. La Direcció General d’Administració Local de la Generalitat ya lo consideró falta grave en su momento y lo apartó de sus funciones por espacio de 12 meses.
El funcionario investigado ahora por el Ministerio de Hacienda y Administración Pública estuvo en Torredembarra desde junio de 2010 a junio de 2011 (periodo que también está en fase judicial por el Cas Torredembarra) y luego pasó al Ayuntamiento de Vila-seca hasta 2017. De allí se fue un año al de Sant Pere de Ribes antes de volver, en 2019, a esta ciudad del Tarragonès.
En 2021, Carlos García se trasladó de nuevo a Sant Pere de Ribes (tras los expedientes disciplinarios abiertos en Vila-seca), donde está ejerciendo de interventor en el Ayuntamiento.
El pasado mes de junio, la Direcció d’Administració Local de la Generalitat remitía al Ministerio de Hacienda una valoración jurídica incluso más grave que la que se estudió y resolvió en Vila-seca en 2021 y que es el resultado de la recopilación de situaciones ocurridas en el consistorio de Sant Pere de Ribes.
Esta valoración jurídica habla de cuatro actuaciones que podrían desembocar en faltas muy graves por parte de este funcionario.
Se trata de obstaculizar expedientes sometidos a fiscalización previa; desobediencia a los requerimientos y decretos de Alcaldía; obstrucción y dilación de la tramitación de los expedientes de nómina y seguridad sociales; y finalmente, omisión de la función de intervención formal del gasto y el ingreso fuera de plazo de las liquidaciones tributarias y de la seguridad social.
El informe de la directora general de este departamento del Ministerio resuelve que «se incoa expediente disciplinario a Carlos García Lucas por los hechos denunciados, por cuanto pudieran ser constitutivos de faltas muy graves según lo dispuesto en la normativa básica estatal».
