La Federació Catalana de Futbol, entre los tribunales y la división interna

La Federació Catalana de Futbol (FCF) atraviesa un momento institucional delicado. En apenas una semana, su presidente, Joan Soteras, ha sido protagonista de varios frentes que han reavivado la polémica respecto al organismo que preside. Primero, por sus declaraciones públicas al Diari sobre el presidente del Nàstic, Lluís Fàbregas, a quien señaló afirmando que «lo peor que tiene el Nàstic es su presidente». Días después, este miércoles, el vicepresidente económico, Miquel Sellarès, presentó su dimisión irrevocable mediante una carta en la que criticó duramente la gestión interna y el papel del director general, José Miguel Calle.

El Diari de Tarragona ha tenido acceso a documentación judicial que recoge las causas penales y procedimientos administrativos en curso en los que Soteras y varios cargos o exdirectivos de la FCF figuran como investigados, querellados o denunciados. Todos los casos se encuentran en fase de instrucción o pendientes de juicio oral, y los implicados mantienen su presunción de inocencia.

Escenario incierto

La acumulación de procesos judiciales, querellas cruzadas y renuncias dibuja un panorama incierto para la Federació Catalana de Futbol, que afronta una de las etapas más convulsas de su historia reciente. Pese a ello, Soteras ya ha dejado claro en numerosas ocasiones, la última al Diari, que tiene previsto cumplir el año y medio de mandato que le queda, aunque luego también confirma que no tiene pensado presentarse de nuevo a las elecciones. A la espera de que los tribunales y los organismos competentes se pronuncien, todas las partes implicadas mantienen su derecho a la defensa y la presunción de inocencia hasta que se dicten resoluciones firmes.

Entre los procedimientos en curso, el Juzgado de Instrucción número 2 de Sabadell (DP 78/2024) investiga a Soteras junto con varios cargos federativos —entre ellos Víctor Güell, José Miguel Calle, Álvaro Montoliu, Albert Prieto, Sergi Garrido, Alejandro Guerrero, Jesús Manchado Villena y Jesús Manchado Lozano— por presuntos delitos de falsedad continuada en documento público y privado y administración desleal.

Esta causa, vinculada al último proceso electoral de la FCF, analiza supuestas irregularidades en la presentación de avales, el recuento y la validación de votos, y es considerada una de las de mayor impacto institucional por la implicación directa de buena parte de la cúpula federativa.

En Barcelona, el Juzgado de Instrucción número 19 (DP 587/2023) instruye una causa por presunto falso testimonio en la que figuran Joan Soteras, Miquel Sellarès y Oriol Camacho. El procedimiento, ya pendiente de juicio, incluye una petición fiscal de dos años de prisión y multa económica, y se originó a raíz de un enfrentamiento interno entre miembros del entorno directivo por la gestión de expedientes federativos.

También en la capital catalana, el Juzgado de Instrucción número 12 (DP 403/2025) mantiene abierta una investigación por presunta denuncia falsa derivada de un conflicto con un exasesor jurídico de la federación. Soteras encargó a una agencia de detectives un dosier comprometido de la vida privada de su opositor, Ivan Carrillo, que negó conocer el informe.

Además, el número 21 (DP 5/2025) tramita una querella presentada por Oriol Camacho contra Soteras por injurias y calumnias, actualmente pendiente de la apertura del juicio oral. En este contexto, otro juzgado barcelonés mantiene pendiente la apertura de juicio oral por una querella similar interpuesta por Juanjo Isern, que fue directivo de la federación y mantiene un litigio con la actual presidencia. Soteras lo acusó de delitos que Isern asegura no haber cometido.

Fuera de Barcelona, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Tortosa (DP 554/2022) continúa investigando una presunta suplantación de identidad que afecta a Miquel Àngel Esquerré, directivo en la FCF de Soteras y agente de la Policía Local de Roquetes. El caso está relacionado con las votaciones celebradas en mayo de 2022 y con la presunta utilización irregular de credenciales en el proceso de sufragio, usurpando la identidad de presidentes de clubes.

Por último, el Juzgado de Instrucción número 5 de Barcelona (DP 247/2024) investiga al exvicepresidente Josep Llaó por una presunta denuncia falsa derivada de un litigio previo con un exasesor jurídico. Aunque de menor impacto interno, este caso se suma al conjunto de procesos judiciales abiertos y contribuye a ensanchar el escenario de conflicto en la cúpula de la FCF.

El caso Camacho

El caso de Oriol Camacho añade un nuevo matiz a la crisis. Según informó La Vanguardia, Camacho solicitó a la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) la condición de alertador de corrupción, un mecanismo que protege al denunciante ante posibles represalias. Tras varias reuniones entre el organismo y la FCF, Camacho perdió inicialmente esa condición, la recuperó tras recurrir y volvió a perderla definitivamente a finales de julio. 

En teoría debía reincorporarse a su puesto en septiembre, aunque finalmente ha obtenido la baja permanente. «Da la sensación de que Antifrau retuerce la ley a ver cómo te la pueden quitar; justamente un organismo así debería ser proclive a protegerte», lamenta Camacho, que ha solicitado ahora el amparo judicial. Desde Antifrau se limitaron a señalar que tienen prohibido informar de casos individuales