Tres exalcaldes de la provincia de Tarragona, a juicio en 2026 por presunta corrupción

Más de diez años después, la investigación a gran escala del caso Efial, de presunta corrupción, llegará a juicio. Según ha podido saber el Diari, el pleito se producirá en la sección primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional los días 14, 15, 16, 17, 28, 29 y 30 de septiembre de 2026, y 1, 13, 14 y 15 de octubre de ese mismo año.

Están imputadas dieciséis personas, entre ellas tres exalcaldes de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) en la provincia de Tarragona: Andreu Martí (de L'Ametlla de Mar entre 2003 y 2015), Daniel Masagué (de Torredembarra entre 2008 y 2014), y Rafael Vidal (de Ascó entre 2007 y 2015). 

Se les acusa de prevaricación y malversación de caudales públicos por, presuntamente, formar parte de una compleja estructura destinada a facilitar adjudicaciones mediante procedimientos irregulares. La investigación concluyó que la llegada de la consultora Efial a determinadas corporaciones locales constituyó una herramienta válida para conseguir el direccionamiento en la adjudicación de contratos y eliminar la libre competencia.

El presunto fraude asciende a los 8.731.780 euros, 8.381.840 de los cuales en Tarragona

A los exalcaldes se suman doce personas más, ya que se cita a diversos técnicos municipales de diferentes ayuntamientos y a algún familiar. Según la investigación, en el presunto amaño de contratos aparecen catorce consistorios: Barcelona, Llinars del Vallès (Barcelona), Masquefa (Barcelona), Vilassar de Dalt (Barcelona), Torredembarra, L'Ametlla de Mar, Ascó, Tortosa, Cambrils, Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Calonge (Girona), Girona, La Seu d'Urgell (Lleida) y Tàrrega (Lleida). 

No obstante, el magistrado José Luis Calama, responsable de la instrucción, ya descartó en su momento que las contrataciones en los ayuntamientos de Vilassar de Dalt y Tàrrega tuvieran carácter delictivo. Con todo, el presunto fraude total asciende a los 8.731.780,82 euros, 8.381.840,82 de los cuales (el 95,9%) en Tarragona: 4.585.746,13 en L'Ametlla de Mar, 2.023.143 en Ascó, 1.055.130 en Tortosa, 504.321,69 en Torredembarra, 199.800 en Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant y 13.700 en Cambrils.

El 'modus operandi'

La consultoría Efial (rebautizada en 2016 como Consultoría en Gestión Innovadora y absorbida por la empresa Coordinadora de Gestión de Ingresos –CGI–), habría sido incorporada en diversos ayuntamientos, siempre presuntamente, como una herramienta para que sus responsables eludieran los controles jurídicos y económicos ejercidos por los órganos fiscalizadores municipales, como el secretario y el interventor.

Su papel principal consistía, según las pesquisas, en emitir documentos técnicos y jurídicos que contradecían los informes oficiales previos, proporcionando una aparente cobertura de legalidad a decisiones administrativas que, en varios casos, han resultado ser contrarias a derecho.

Esta estrategia se sostenía, en gran medida, gracias a la promoción y creación de Entidades Públicas Empresariales (EPE). Aunque esta figura está reconocida legalmente, en la práctica se utilizaba para relajar los controles administrativos y reducir la aplicación de la normativa sobre contratación pública. 

Las EPE se caracterizaban por falta de recursos humanos, materiales e infraestructura, lo que las convertía en meras sociedades interpuestas cuya finalidad era modificar el régimen jurídico aplicable a las adjudicaciones públicas. Así lo señaló, por ejemplo, la Agencia Tributaria en su informe sobre la empresa pública Idetsa en Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant.

Estas entidades asumían funciones que originalmente correspondían al ayuntamiento —que ya contaba con funcionarios habilitados para desempeñarlas—, pero al carecer de capacidad operativa, externalizaban la gestión a favor de empresas privadas, en especial la propia Efial. Esta consultora, a su vez, resultaba contratada de manera sistemática por estas EPE, a través de, tal y como señala el juez Calama, procedimientos plagados de "irregularidades" y con indicios de adjudicación dirigida.

La investigación también detectó que profesionales vinculados a Efial —como arquitectos e ingenieros—, aunque no figuraban oficialmente como empleados, elaboraban los pliegos técnicos de los concursos y participaban en reuniones previas con licitadores y autoridades públicas. Estas reuniones, en ocasiones, se realizaban antes incluso de la publicación de los concursos, en lugares concertados y con presencia de representantes de Efial, funcionarios y empresas candidatas.

Cuando surgían discrepancias legales o advertencias sobre la ilegalidad de algunas actuaciones, los ayuntamientos, presuntamente, recurrían sistemáticamente a 'colaboradores externos' que, aunque supuestamente eran independientes, estaban estrechamente vinculados a Efial. Estos profesionales emitían informes favorables ad hoc que servían para justificar y dar apariencia de legalidad a las actuaciones impulsadas desde la consultora y sus EPE.

El nacimiento del caso se remonta a 2012, cuando la portavoz de ERC en el consistorio torrense, Montserrat Gasull, presentó una denuncia

Todo empezó en Torredembarra

Este procedimiento tiene su origen judicial en una investigación iniciada en 2013 en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de El Vendrell a raíz de una denuncia formulada por la Fiscalía Anticorrupción en relación con posibles ilegalidades cometidas en la contratación pública del Ayuntamiento de Torredembarra.

El nacimiento del caso se remonta a 2012, cuando la portavoz de ERC en el consistorio torrense, Montserrat Gasull, presentó una denuncia por irregularidades en la contratación de la consultora Efial, que llevaba a cabo trabajos contables para el consistorio. Un germen que destapó una red mucho más amplia de presuntos delitos de corrupción y que acabó salpicando a muchos otros municipios.

Así nació el caso Efial, que acabó derivando en el del 3% y abrió la caja de pandora de la presunta financiación irregular de CDC. En el territorio, Torredembarra fue la primera pieza del dominó: la Guardia Civil registró el Ayuntamiento durante 14 horas en 2014 y terminó deteniendo al alcalde Masagué, a otros seis concejales (de CiU y PP) y a un empresario local. El exalcalde terminó en prisión sin fianza (estuvo en Brians I, desde donde dimitió) y el resto de arrestados quedaron en libertad.

Un año después, en julio de 2015, Masagué volvía a ser detenido durante dos días por la Guardia Civil. En esta ocasión, también se arrestó al empresario Jordi Sumarroca, dueño de la constructora Teyco y uno de los fundadores de CDC. A partir de ahí, se empezó a tirar del hilo hasta desencadenar el caso del 3%. En 2016, se detuvo a Andreu Martí, al que se relacionó con cuentas en paraísos fiscales y que salió de la cárcel tras pagar 600.000 euros de fianza.

En Madrid hubo absoluciones

La investigación judicial se alargó durante años y no fue hasta 2020, después de varios aplazamientos, cuando se empezó a juzgar a los acusados. A día de hoy se han juzgado cuatro de las nueve piezas.

En dos de ellas –por financiación ilegal de su campaña y por la contratación de la interventora–, Masagué alcanzó acuerdos de multa e inhabilitación y no llegó a juicio oral. Después, fue condenado a dos años de prisión –que se rebajaron a cuatro meses y medio– por adjudicar a dedo los chiringuitos de playa.

No obstante, en diciembre de 2024, cuando se celebró el juicio de la pieza de los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid acusados de prevaricación, la Audiencia Nacional absolvió a los quince imputados, argumentando que "no se produjo ninguna ilegalidad", a pesar de que algunos reconocieron los hechos.

L'Ametlla y Tortosa son acusaciones particulares

Los ayuntamientos de L'Ametlla de Mar y de Tortosa están personados como acusación particular en el caso. El primero lo hizo con la entrada de Jordi Gaseni (ERC) al gobierno local.

Por su parte, el consistorio tortosino se presentó para acusar a Antonio Martos, la única persona procesada vinculada a la trama en Tortosa. La voluntad del Ayuntamiento, tal y como explicó el alcalde Jordi Jordan (Movem Tortosa-PSC) es "recuperar la pérdida económica a través de diversas contrataciones irregulares" entre 2008 y 2012, relativas a las empresas municipales GUMTSA y Tortosasport.

El Ayuntamiento de Tortosa cuantifica su fraude en 1,6 millones de euros

Una pérdida que el propio ente municipal cifra en 1,6 millones de euros, la misma cantidad de la fianza de responsabilidad civil que la Audiencia Nacional interpuso a Martos el mes de marzo de 2024.