Los hogares concentran la mayoría de créditos dudosos en España

Los hogares concentran seis de cada diez préstamos dudosos en España. Con 46.000 millones de euros a finales del primer trimestre de este año calificados por la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) como préstamos dudosos (Non Performing Loans o NPL), aventajan en mucho a los préstamos dudosos firmados por empresas no financieras, que suman hoy unos 27.400 millones de euros.

En conjunto, sumando particulares y empresas, esos préstamos dudosos (generalmente préstamos bancarios en los que han pasado más de noventa días sin que el prestatario pague las cuotas o los intereses acordados, o sobre los que se considera poco probable que sean reembolsados), ascienden hoy en España a unos 74.200 millones de euros, Se trata del segundo mercado secundario de deuda NPL más grande de la Unión Europea, solo por detrás de Francia, que suma 122.200 millones de euros en préstamos dudosos. La realidad de ambas economías, sin embargo, es hoy bien distinta. Mientras Francia está pasando apuros con su deuda pública, las perspectivas de crecimiento de España mejoran.  

En el caso de los préstamos dudosos firmados por particulares en España, un 56,3% se concentran en crédito al consumo, con 25.900 millones de euros, mientras que los restantes 20.100 millones de euros hasta sumar 46.000 millones de euros son hipotecas sobre viviendas. Las garantías inmobiliarias, sin embargo, son mucho menores cuando se atiende a los 27.400 millones de euros en préstamos dudosos suscritos en España por empresas no financieras. De ellos, apenas 6.500 millones de euros (un 23,7%) son préstamos empresariales con garantía inmobiliaria, mientras que los restantes 20.900 millones de euros no cuentan con inmuebles detrás.

El de los préstamos dudosos en España se ha convertido en un mercado de deuda secundaria atractivo para los fondos de compra y administración de créditos más agresivos de Europa, que han visto la ventana de oportunidad que ofrece España en tanto que único Estado miembro de la Unión Europea que todavía no ha transpuesto la Directiva 2021/2167 sobre los administradores de créditos y los compradores de créditos, que endurece la regulación y el control sobre unas empresas que operan en un sector que en España suma 74.200 millones de euros.