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El Ministerio de Cultura comunica a la Fundación Francisco Franco el acuerdo para su extinción

Urtasun firma el procedimiento de acuerdo con la ley de memoria democrática, paso previo al cierre de la entidad franquista

El presidente de la Fundación Francisco Franco, Juan ChicharroEFE

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El Ministerio de Cultura ha comunicado a la Fundación Francisco Franco el acuerdo para su extinción. Tal como informa el departamento del gobierno español, el ministro Ernest Urtasun ya ha firmado el procedimiento conforme a la ley de memoria democrática. Se trata de un paso previo al cierre de la entidad franquista, fundada en 1976 y dedicada “principalmente” a la difusión de la “dimensión humana y política” del dictador, según sus estatutos. Cabe destacar que la ley de 2022 considera que la apología del franquismo que enaltezca el golpe de Estado y la dictadura, o ensalce a sus dirigentes, son actividades “contrarias al interés general”. Corresponde al Ministerio de Cultura instar la extinción judicial de las fundaciones en las que concurra esta causa.

En una atención a los medios este viernes, desde la delegación del gobierno español en Barcelona, Urtasun ha subrayado que el ejecutivo estatal será "extremadamente escrupuloso" en el cumplimiento de la ley de memoria democrática. El ministro ha remarcado que no permitirán que ninguna fundación funcione contraviniendo la normativa. "Actuamos de forma contundente y muy rigurosa", ha reiterado.

Según la ley de fundaciones, el procedimiento previo a la extinción judicial comienza con el acuerdo de inicio y la notificación a la fundación. Después tiene lugar el trámite de alegaciones de la fundación durante 10 días hábiles y, a continuación, comienza el período de prueba. Posteriormente llega la propuesta de resolución, que se notifica a la fundación, y se abre un nuevo trámite de alegaciones de otros 10 días hábiles.

A continuación, la Abogacía del Estado elabora un informe y, posteriormente, se resuelve el acuerdo para instar la extinción judicial. Seguidamente, se traslada la resolución a la Abogacía del Estado para que la tramite ante la autoridad judicial. Finalmente, se firma la resolución judicial que acuerda la extinción. El último paso es la liquidación de los bienes de la fundación en cuestión, que se destinan a otra entidad sin ánimo de lucro.

El Ministerio de Cultura ha seguido estos pasos. Y el 24 de octubre Urtasun firmó el acuerdo de inicio del procedimiento previo a la extinción judicial. De acuerdo con la documentación recogida, se elaboró el acuerdo de inicio del procedimiento.

Y, a la vista de los informes recibidos, se apreció la concurrencia indiciaria de la causa de extinción prevista en la ley de memoria democrática, lo que motiva, por tanto, acordar el inicio del procedimiento. Finalmente, este miércoles se notificó a la Fundación Francisco Franco.

Reforma de la ley de asociaciones

El pleno del Congreso aprobó el 10 de abril, con los votos de la mayoría de la investidura, la abstención del PP y el voto en contra de Vox, la modificación de la ley de asociaciones con el objetivo de disolver cualquier entidad que enaltezca el franquismo o que menosprecie y humille a las víctimas del golpe de Estado de 1936 y la posterior dictadura.

La ley pretende cerrar el paso a la Fundación Francisco Franco, que ya tenía un proceso abierto por parte del Ministerio de Cultura para su disolución y que podría intentar escapar convirtiéndose en asociación. El texto, impulsado por el PSOE, fue aprobado con los votos de socialistas, Sumar, ERC, Junts, PNV, Bildu, Podemos y BNG. Vox votó en contra, y PP y UPN se abstuvieron.

La reforma, que se aprobó en comisión el pasado 25 de marzo, busca impedir que la Fundación Franco eluda el proceso de disolución iniciado por el ministro de Cultura, pasando de ser una fundación a una asociación.

En junio de 2024, Urtasun anunció el inicio del procedimiento para extinguir la Fundación Franco en cumplimiento de la ley de memoria democrática. El ministerio inició las actuaciones previas para obtener pruebas y elementos que permitan llevar el caso ante un juez para que dicte su disolución.