Justicia y las autonomías pactan la puesta en marcha "flexible" de tribunales de instancia

El Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas han acordado este lunes por unanimidad la culminación de la implantación de los Tribunales de Instancia a 31 de diciembre excepto en Asturias, que lo hará el 15 de febrero, y habrá flexibilidad para que la entrada en funcionamiento de los equipos que lo requieran se realice de forma progresiva.

Según ha informado el Ministerio de Justicia, durante la reunión sectorial que se ha celebrado hoy de manera telemática se ha acordado por unanimidad que las oficinas judiciales que darán apoyo técnico a todos los Tribunales de Instancia de las grandes ciudades entrarán en funcionamiento a partir del 31 de diciembre, salvo en Oviedo, Gijón y Avilés, que lo harán el 15 de febrero, con el fin de permitir a estos partidos judiciales llevar a cabo los últimos ajustes técnicos.

Desde el departamento que dirige Félix Bolaños aseguran que tanto el Ministerio como las comunidades con las competencias en Justicia transferidas han constatado que está todo listo para la entrada en funcionamiento de los tribunales de instancia a principios de año, tal y como establece la ley de Eficiencia de la Justicia.

Eso a pesar de que los jueces decanos de Madrid, Valencia, Barcelona, Sevilla, Alicante y Palma de Mallorca habían alertado de las "carencias y falta de preparación" y habían solicitado una moratoria en la implantación de esta tercera fase, que el Ministerio de Justicia estaba dispuesto a conceder si así lo pedían los consejeros regionales.

Pero finalmente el Gobierno y las comunidades autónomas han acordado por unanimidad la culminación de la implantación de esta ley a 31 de diciembre en la práctica totalidad del territorio.

No obstante, también han decidido dotar de cierta flexibilidad a todos los partidos judiciales de tal manera que la entrada en funcionamiento de los equipos que lo requieran se realizará de forma progresiva en función de las necesidades organizativas y de cargas de trabajo, sin afectar al servicio público de justicia que se presta a la ciudadanía.

Justicia subraya, en este sentido, que los medios personales y materiales están ya a disposición de los tribunales de instancia.

En la reunión, presidida por el ministro Félix Bolaños, y que se ha desarrollado en un clima de cordialidad, se han presentado los primeros datos de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, "que ya está ofreciendo resultados tangibles en la agilización de procedimientos", uno de sus principales objetivos.

Según Justicia, la norma, en vigor desde el pasado mes de abril, ha logrado reducir los actos de comunicación pendientes (notificaciones, requerimientos, etc.) un 36 % de media en las comunidades analizadas.

También ha demostrado su efectividad en la agilización de las ejecuciones de sentencias, con reducciones de las ejecutorias pendientes, en algunos territorios, de hasta un 69 %. Además, los ciudadanos han realizado ya casi 98.400 trámites judiciales en las Oficinas de Justicia en el Municipio, desde su creación en el mes de junio. Antes no existía la posibilidad de llevar a cabo estas actuaciones telemáticamente desde cualquier municipio.

Esta tercera fase implica la entrada en funcionamiento de 100 Tribunales de Instancia en los grandes partidos judiciales como Barcelona, Madrid, Zaragoza, Palma o Valladolid.

La norma ha tenido una implementación progresiva y ya el pasado junio, en una primera fase, comenzaron a funcionar los 315 primeros tribunales de instancia, a los que se añadieron otros 16 en octubre. Con la tercera fase se prevé alcanzar 431 tribunales en todo el país.

El objetivo de la ley es transformar la planta judicial para integrar todos los juzgados unipersonales y de primera instancia en una única organización en cada partido judicial: 3.900 juzgados unipersonales pasarán a ser 431 tribunales de instancia.

En cuanto a la financiación, el Ministerio ha realizado una inversión que supera los 325 millones de euros, procedentes de fondos europeos, en las 12 comunidades con la competencia de Justicia transferida.