Operación Catalunya: La comisión de investigación avanza con las declaraciones de Artur Mas y Soraya Sáenz de Santamaría

Los audios sobre la Operación Catalunya publicados por el periodista Jordi de Planell en RAC1 durante la comisión del Congreso que investiga esa trama contra el movimiento independentista, han generado serios interrogantes sobre el nivel de implicación en la operación del gobierno central, del poder judicial y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pagada con recursos públicos y diseñada para perjudicar a adversarios políticos mediante informes policiales falsos, pruebas fabricadas, espionaje ilegal, filtraciones y chantajes, la Operación Catalunya pone en cuestión la seguridad jurídica que se le supone a un Estado de derecho y el papel de los medios de comunicación que se prestaron a seguirle el juego.

Las citadas grabaciones ponen de manifiesto la implicación de María Dolores de Cospedal, entonces ministra de Defensa y secretaria general del Partido Popular, como parte activa de la trama parapolicial que pretendía acabar con el independentismo. En uno de los audios, Cospedal y el comisario José Manuel Villarejo alardean del retroceso electoral de Convergencia i Unió en las elecciones de 2012, cuando el partido de Artur Mas retrocedió de 62 a 50 diputados en el Parlament. De eso se trataba también la Operación Catalunya, de alterar los resultados electorales en plena vorágine del «procés».

Sin sonrojarse, Cospedal manifestó en la comisión parlamentaria, que los audios que la incriminan estaban «editados». La exlíder del PP en Catalunya, Alicia Sánchez Camacho, otra de las protagonistas de la trama, también negó en la misma sede la veracidad de los audios. De hecho, los comparecientes implicados en la Operación Catalunya han negado la existencia de la trama. Mariano Rajoy manifestó que no existía ninguna trama parapolicial durante su mandato y el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, afirmó que la Operación Catalunya «es un invento».

La trama

La Operación Catalunya fue una trama parapolicial que se inició en 2012, coincidiendo con el auge del movimiento independentista. Fue urdida durante los gobiernos del PP, con Mariano Rajoy como presidente del gobierno y Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior. El objetivo era desacreditar y perjudicar a los líderes, partidos y organizaciones del movimiento independentista mediante métodos ilícitos.

Los audios publicados por RAC1 también evidencian las presuntas maniobras que llevaron a cabo para presionar a la Audiencia Nacional para que admitiera las denuncias contra el independentismo.

Medios como El Mundo, La Razón, ABC, OK Diario o El Confidencial y las radios y televisiones de Atresmedia y Mediaset facilitaron o se hicieron eco de los infundios, que no solo atacaban a políticos sino a cargos, personalidades y líderes supuestamente afines al independentismo, incluidos jueces y fiscales. Solían acusarles de desviar comisiones ilegales al extranjero o deslizaron acusaciones de blanqueo y evasión fiscal.

Informes falsos de Mas y Trias

Entre 2012 y 2014 se elaboraron y difundieron informes policiales sin respaldo judicial, sin firmar y sin destinatario, que acusaban de corrupción a algunos de los dirigentes políticos independentistas del momento. Esos bulos se difundieron a través de los medios afines y entre el silencio del resto.

«La policía vincula cuentas en Suiza de Pujol y Mas con la corrupción de CiU» fue la portada del diario El Mundo del 16 de noviembre de 2012, una semana antes de las elecciones al Parlament. Se basaba en un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que nunca fue validado ni reconocido oficialmente. Cuatro meses después, el informe fue desmentido por el banco suizo Lombard Odier y el comisario jefe de la UDEF, Manuel Vázquez, declaró ante el juez que el informe no fue redactado por su unidad.

«Investigan una cuenta de 12,9 millones de Xavier Trias en Andorra», publicó el mismo medio el 27 de octubre de 2014. Trías habría transferido fondos desde Suiza a Andorra. El banco UBS tardó poco en certificar que Xavier Trias, entonces candidato a la alcaldía de Barcelona por CiU, no había tenido nunca cuenta en esa entidad. El banco matizó que el número de cuenta publicado por El Mundo no se correspondía con el formato que utiliza la entidad.

Caso Pujol

Aunque está abierta la causa judicial por fraude fiscal contra la familia Pujol, durante 2014 se intensificaron las operaciones de la policía patriótica, con presiones a la Banca Privada d’Andorra (BPA) para obtener información sobre las cuentas bancarias de la familia mediante coacciones y falsedad documental.

RAC1, que tuvo acceso a una relación de correos electrónicos entre dos remitentes del CNI y el comisario Villarejo, publicó que el expresidente del gobierno español, Mariano Rajoy, habría estado al frente de las maniobras policiales en Andorra para conseguir información sobre las cuentas de políticos independentistas, y que terminaron con la liquidación de la BPA. Según esa información, Rajoy habría autorizado personalmente la operación -desarrollada entre el verano de 2014 y marzo de 2015- para hacer caer el banco y tomar el control de las supuestas cuentas del independentismo.

Felip Puig, salpicado

Otro de los políticos salpicados por la trama es Felip Puig, exconseller de Empresa i Ocupació y de Interior. El diario La Razón publicó en febrero de 2015 que Puig pidió una comisión del 5% por una obra en el Puerto de Barcelona. La noticia se basaba en el testimonio del bróker francés François Seroux, pero posteriormente se demostró que había sido inducido a declarar falsamente por agentes policiales. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya archivó la causa por falta de pruebas.

En este caso, fue el digital Público el que publicó un audio en el que Seroux admitía que había sido utilizado «contra la Generalitat». Público recalca en esa información que la brigada parapolicial se valía de testimonios falsos para desprestigiar a políticos soberanistas.

«La fiscalía te lo afina»

El entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, propuso utilizar a la Fiscalía para acelerar la publicación de un supuesto caso de prevaricación en el que estarían involucrados dos consellers de CiU y que la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) investigaba.

En la grabación de unas conversaciones entre Fernández Díaz y el entonces director de la OAC, el juez Daniel de Alfonso, publicadas por Público el 26 de febrero del 2017, se escucha a De Alfonso explicando que primero tenía que cerrar los expedientes antes de publicar la información para que no se le relacionara a él con la filtración. Fernández Díaz le sugiere emplear la Fiscalía con la frase: «Esto la Fiscalía te lo afina, hacemos una gestión».

Rosell y la prisión preventiva

Uno de los casos más flagrantes de indefensión lo padeció el expresidente del F. C. Barcelona, Sandro Rosell, considerado cercano al independentismo, pese a que él negó tales vinculaciones. Rosell fue detenido y encarcelado en mayo de 2017, acusado de blanqueo de capitales. Tras permanecer en prisión provisional casi dos años, fue absuelto en abril de 2019 por la Audiencia Nacional. La posterior querella de Rosell contra el ex comisario Villarejo y otros agentes de la Policía Nacional por elaborar los informes falsos fue archivada por el Juzgado de Instrucción 13 de Madrid por falta de indicios.

En su intervención ante la comisión del Congreso que investiga la Operación Catalunya, de la que se considera víctima, Rosell reclamó tomar medidas para atajar la «corrupción» que afecta a «una parte del Estado». También criticó a la jueza Carmen Lamela, que le mantuvo en prisión provisional incondicional durante 22 meses. La defensa solicitó hasta trece veces el cambio por otras medidas menos graves. La jueza y la fiscalía alegaron el riesgo de fuga para mantener a Rosell en prisión, aunque nunca se demostró que tuviera fondos en el extranjero. En julio de 2018, Lamela -que también intervino en el caso de los jóvenes de Altsasu, el juicio del 1-0 o la operación Tándem- fue nombrada por el Poder Judicial magistrada de la sala segunda del Tribunal Supremo.