El recorte deja en siete las terrazas permitidas en la playa de Calafell
Había 12 solicitudes para las 18 que pretendía el Ayuntamiento. Ahora deberá cambiarse el concurso para la adjudicación. Crecen las quejas por la manera como se ha gestionado la iniciativa
El Ayuntamiento de Calafell abrió la posibilidad a que sobre la arena de la playa hubiese hasta 18 terrazas y se presentaron 12 empresarios con locales en primera línea para optar a una. Pero la Generalitat ya advirtió que no podía haber tantas.
Un informe de la Generalitat en respuesta a una alegación presentada por un local de primera línea señaló que entre terraza y terraza debe haber 100 metros de separación y que no cabían las 18 previstas por el Consistorio.
Una por tramo
El alcalde Ramon Ferré reconoce que deberá modificarse el plan de usos previstos para las playas y que serán siete las terrazas que podrán colocarse sobre la arena. Sólo podrá haber una en cada uno de los tramos de playa delimitados por las calles que dan acceso al paseo marítimo.
Ahora deberá celebrarse una reunión con los 12 empresarios interesados en montar la terraza para determinar cómo se realiza la adjudicación y organizar un nuevo concurso. Entre los propietarios de locales en primera línea hay enfado por la manera como se ha llevado el tema y porque en un primer momento el Ayuntamiento dijo que podrían ser 18 las terrazas cuando la normativa ya determina que sólo puede haber terrazas cada cien metros.
Prueba
La colocación de terrazas sobre la arena y frente a los locales desarrolla la prueba del pasado año cuando se permitió poner dos estructuras que tuvieron una gran aceptación por los usuarios.
El concurso para determinar la homologación de las terrazas ya está hecho y ahora deberá realizarse el del reparto de los espacios ya que no habrá para todos los que la han solicitado.
Consulta
La medida sin embargo también ha generado en la localidad un debate ya que la instalación de terrazas en la playa, entre L’Estany y la Carrerada d’en Ralet, afecta al principal eje turístico y social del municipio y algunos partidos de la oposición consideran que debería haberse hecho una consulta ciudadana.
Los partidos señalan que como mínimo debería haberse planteado a los propietarios con viviendas en primera línea ya que supone un cambio sustancial de las características de su entorno más próximo y en una zona que es de titularidad pública.