La dificultad de topar los alimentos

Los precios de los productos que consumimos se han encarecido notablemente en los últimos meses, hasta el punto de que, si siempre nos han parecido caros, ahora amenazan con volverse inasequibles para muchas familias. Están en función de los costes de producción, del transporte y de la comercialización. En todo este proceso hay quien los ofrece más ajustados y quienes los elevan tentados por la ambición de obtener mejores beneficios.

En este contexto, en España ha saltado la polémica con la propuesta de la vicepresidenta Yolanda Díaz de poner un límite de precios, temporal, a entre 20 y 30 alimentos básicos. Aunque la también ministra de Trabajo no aboga por un decreto ley que suponga una intervención en el mercado, sino por un acuerdo entre las cadenas de distribución alimentaria y los consumidores para ayudar con esta fórmula a las familias más vulnerables, su sugerencia tiene pocos visos de prosperar.

Aplicar esta medida mediante un decreto sería ilegal, porque supondría una intromisión en un mercado que, a diferencia del eléctrico, no está regulado. Se violarían, con claridad, las normas de libre mercado de la Unión Europea. Incluso hacerlo recurriendo a un pacto también sería de dudosa legalidad, toda vez que se infringirían las normas de Competencia, que impiden cualquier convenio para la conformación de precios.

Y también sería ilegal vender a pérdidas, es decir, por debajo de los costes de producción, encarecidos por los precios de la energía y los carburantes. Pero es cierto que en Europa estamos asistiendo a un proceso inflacionario y es lógico e imprescindible que los poderes públicos, desde la Comisión Europea hasta los gobiernos de los países miembros, intenten adoptar medidas para rebajarlos y de manera especial para impedir que algunos se aprovechen del descontrol que existe para subirlos más de lo que se justifica. Hay que hacerlo, pero sin violar la legalidad.