Trabajadores pobres

El dato habla con contundente claridad de la precariedad que rodea a buena parte del mercado laboral en este país. Que 130.000 asalariados de Tarragona, es decir, cuatro de cada diez trabajadores –la cifra se puede extrapolar al resto de España, pues el porcentaje es muy similar– ni siquiera lleguen a cobrar mil euros al mes representa un problema de enorme magnitud. Y es que con una inflación desbocada y los precios de los productos básicos por las nubes, hablamos de miles de familias que, pese a contar con un empleo, no pueden afrontar las necesidades más fundamentales.

A nivel nacional el 38,8% de los asalariados cobraba en 2021 el salario mínimo interprofesional (SMI) o menos, lo que supone un total de 7,3 millones de empleados con un salario medio anual de 6.140 euros, de acuerdo con los últimos datos publicados por la Agencia Tributaria. Y la situación, ya de por sí dramática, empeora aún mas en el caso de las mujeres, toda vez que la crisis ha agrandado la brecha de género y ellas cobran aún menos. En estas circunstancias, no es de extrañar que, como denuncian las ONG y entidades sociales que se dedican a ayudar a los más vulnerables, la cifra de personas que necesitan socorro para sobrevivir se haya disparado en los últimos meses.

Es verdad que el papel que llevan a cabo estas organizaciones humanitarias es tan ingente como necesario, como también lo es el esfuerzo que realizan las instituciones y los diferentes servicios sociales –con mayor o menor determinación, con mayor o menor eficacia y rapidez– para ayudar a los más necesitados. Es una obligación del Estado garantizar a todos los ciudadanos una vida digna, pero la presión sobre los servicios sociales y las ONG disminuiría considerablemente si mejoran sustancialmente las condiciones laborales y el empleo vuelve a ser el antídoto contra la pobreza que era no hace tanto. Porque si no es así, ¿qué nos queda?