El chef que clama justicia

Ángel Rodríguez se acerca a una de las mesas de sus comensales. Les explica el origen, edad y maduración de cada una de las carnes de la carta por las que le preguntan. Resuelve sus dudas al instante. Si algo distingue al Amonaren Etxea es la interacción del chef con los clientes, la alta calidad de sus productos y la calma que se respira en este local especializado en cocina vasca ubicado en el pequeño municipio de Botarell (Baix Camp).

El restaurante es la pasión de Ángel y el establecimiento, un estilo de vida que comparte con su mujer, Manuela. Pudieron inaugurarlo en verano de 2016, tras cuatro años previos en Galicia en los que estuvieron volcados con su nieto. Primero en su acogida y luego en el procedimiento judicial para hacerse con su tutela legal.

Ibra, de 10 años, sufre ceguera, hemiplejia y epilepsia, entre otras patologías, por supuestos malos tratos de los padres, que posteriormente quedaron absueltos, y padece un 96% de discapacidad por una supuesta mala praxis médica en el parto.

Fueron cuatro años en los que ambos estuvieron sin poder trabajar para dedicarse al cuidado de su nieto, que pasó por varias operaciones con el objetivo de que mejorase su estado de salud.

Una vez puesto en marcha el nuevo proyecto empresarial de Ángel y Manuela, él incluso renunció a una incapacidad laboral permanente que le habían concedido en diciembre de 2018 tras una grave lesión en un hombro (tuvieron que implantarle una prótesis tras un accidente laboral).

Pese a los obstáculos que se encontraba en el camino, el máximo deseo de este chef originario de Donosti era trabajar en la cocina, frente a los fogones. Su auténtica devoción.

Cuando el Amonaren Etxea ya se había ganado un prestigio en el territorio, una inspección de trabajo, en 2019, desembocó en la que ahora se ha convertido en una auténtica batalla judicial.

En aquella visita rutinaria a Ángel no se le ocurrió otra cosa que responder que él no trabajaba en el local cuando fue preguntado por sus funciones. «En las fechas de aquella inspección estábamos inmersos en el procedimiento judicial de tutela de mi nieto y por temor a perderla, debido a las amenazas de denuncia de mi ex yerno, esa respuesta fue lo primero que se me pasó por la cabeza», asegura Angel, que se ratificó en sus palabras en una posterior citación, ya en las oficinas de Inspección de Trabajo.

«Cometí un error de interpretación de la legislación laboral y civil, lo reconozco. No soy experto en leyes y contesté como abuelo y con el corazón», admite Ángel, quien luego, asesorado legalmente por un abogado lógicamente decidió decir la verdad y rectificar su primera declaración. La Seguridad Social le había abierto ya un expediente sancionador por un posible fraude.

Todo apuntaba a que el caso quedaría zanjado por su condición más que acreditada de chef, ideólogo y creador del Amonaren Etxea (a tal efecto en febrero de 2017 se dio de alta como autónomo en la Seguridad Social); sus numerosas colaboraciones en medios de comunicación como cocinero; y la declaración como testigos de sus empleados y clientes, entre ellos el alcalde de Botarell e incluso un exdirector de la Seguridad Social de Sabadell.

Pero en una posterior citación a Ángel Rodríguez ni le dejaron declarar ni tampoco fue admitida su nueva versión por escrito. Sólo le requirieron documentación sobre la sociedad mercantil que tiene al 50% con Manuela. «Presentamos un recurso de alzada a trámite ante la inspección provincial de Tarragona, pero se hizo caso omiso de mis alegaciones y siguieron con las diligencias acusatorias, sólo basadas en mi primera declaración y sin ningún interés por tratar de esclarecer la contradicción entre las dos declaraciones», explica indignado el chef, cuyos siguientes recursos tampoco han prosperado hasta la fecha.

Su situación es tal que, en base a ese expediente sancionador, se anuló su alta de dos años a la Seguridad Social y se le condenó a devolver el importe de la baja que cobró a raíz de su accidente laboral. «Son unos 40.000 euros en total, pero si hablamos de todo el proceso la cifra alcanzaría unos 70.000 euros», detalla.

Su siguiente paso será «interponer un recurso extraordinario de revisión, para que se vuelva a valorar que siempre ha sido el chef» comenta su actual letrado, Isaac González. Añade que «este caso es el paradigma de una errónea valoración de los hechos por parte de la administración».

Ángel tiene clarísima su inocencia y clama para que se haga justicia. Admitido el error de su declaración inicial se pregunta «¿cómo un trabajador va a decir que no trabaja a sabiendas de que puede ser sancionado y perder todos sus derechos económicos y de cotización?»; «¿cómo es posible que Inspección de Trabajo de Tarragona no se extrañara de tal declaración, en perjuicio de mí mismo?»; y «¿por qué rechacé una incapacidad laboral permanente si mi único interés según la Seguridad Social era defraudarles?»