La bomba de relojería que se activó el 12 de noviembre de 2014

El 12 de noviembre de 2014 el alcalde de Reus, Carles Pellicer, rompió el pacto con el PP en el Ayuntamiento y expulsó a los populares del gobierno municipal. Tres años y medio antes, el convergente Pellicer había ganado las elecciones y el acuerdo con la cabeza de lista del PP, Alícia Alegret, le había aupado a la alcaldía con un sorprendente gobierno de coalición entre un partido soberanista y otro unionista con el Procés ya en marcha. En 2014, el de Reus era el pacto más importante que mantenían CiU y PP, pero la consulta soberanista del 9 de noviembre lo hirió de muerte. La alta tensión y el anuncio de una querella de la Fiscalía contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, por el 9-N empujaron a Pellicer a romper con Alegret, que dos semanas después abandonó su escaño en el ayuntamiento y la carrera política.

Lo que entonces se interpretó simplemente como un episodio relacionado con las convulsiones del Procés y con la proximidad de las elecciones municipales, tiene otras lecturas a la luz de todo lo que sabemos hoy sobre la llamada Operación Cataluña –la guerra sucia activada por el gobierno de Rajoy, con la complicidad de otros poderes, contra los dirigentes y partidos independentistas y que finalmente está siendo investigada por un juez pese a la extraña renuencia mostrada durante años por el sistema judicial–. La principal conclusión en clave reusense es que el alcalde y los concejales convergentes perdieron el escudo protector de la presencia del PP en el gobierno municipal y no tardaron en sufrir las consecuencias.

Recordemos que en 2014 el Ayuntamiento de Reus llevaba más de dos años inmerso en el caso Innova, aunque las actuaciones se referían a hechos sucedidos durante los anteriores gobiernos tripartitos –PSC, ERC e IC– y los imputados eran los políticos que formaban parte de los mismos, mientras que los altos cargos investigados ya no estaban en el consistorio. De hecho, las piezas abiertas por hechos posteriores a 2011 iban contra Josep Prat como presidente del Institut Català de la Salut (ICS) o contra los consellers de la Generalitat Boi Ruiz y Germà Gordó, no contra responsables en ejercicio del consistorio y las empresas municipales de Reus. Pero las cosas iban a cambiar después de noviembre de 2014, y probablemente sin que los protagonistas de ese cambio de escenario fuesen conscientes de ello.

La trama

¿Qué tiene que ver que el PP fuese expulsado del gobierno local con las detenciones e imputaciones de concejales y directivos sucedidas cinco meses después? La respuesta está en que la visión de conjunto que actualmente disponemos de la Operación Cataluña convierte en muy improbable la idea de que las investigaciones policiales se lanzasen contra un gobierno municipal con presencia del PP. Esto es así por las evidencias que sitúan al ministro de Interior y dirigente del PP catalán, Jorge Fernández Díaz, como ejecutor de la conjura, y a la entonces presidenta del partido en Catalunya, Alicia Sánchez-Camacho, como señaladora de personas a colocar en la diana de las cloacas del Estado.

Como la trama contaba con complicidades entre altos mandos policiales, la judicatura y los medios de comunicación, y sus objetivos eran especialmente CiU y ERC –según consta en diversas grabaciones–, el gobierno convergente de Reus quedó en su punto de mira cuando el PP fue excluido del mismo.

Resulta impensable que esto sucediese antes de la ruptura, teniendo en cuenta además que el propio Fernández Díaz y la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, se hallaban por entonces enfrascados en la llamada Operación Kitchen, una maniobra para obstaculizar la acción de la justicia en casos de corrupción que afectaban a su partido.

La célebre conversación entre Fernández Díaz y el juez De Alfonso –«les hemos destrozado el sistema sanitario», «esto la Fiscalía te lo afina»–, celebrada unas semanas antes del 9-N, es muy ilustrativa sobre contra quienes apuntaban tanto el Ministerio de Interior como la Oficina Antifraude de Cataluña.

Así las cosas, en abril de 2015 fueron detenidos la primera teniente de alcalde de Reus, Teresa Gomis, un exdirector general de Sagessa, un exdirector del Hospital Sant Joan, todos los altos directivos en ejercicio de Sagessa y tres directivos de empresas privadas. Los arrestos, que fueron oportunamente filtrados a los medios de comunicación la noche anterior para mayor impacto de las escenas de detención, se produjeron 26 días antes de las elecciones municipales y el Ayuntamiento fue el epicentro del espectacular operativo policial. Posteriormente, también declararon como investigados el concejal Marc Arza y otros empresarios y directivos.

Estaban encausados por presunto tráfico de influencias en la pieza 4 de la macrocausa Innova –la que generó más detenidos e imputados–, pero seis años y medio después, el juez concluyó que de las investigaciones «no ha resultado nada». Pese a quedar totalmente exonerados, los altos costes personales que hasta entonces habían pagado los perjudicados ya eran irreparables.