El tope al gas genera un nuevo cargo que encarece la luz

«Este impuesto me ha trastocado mucho los planes. No podemos más, no sé cómo voy a salir de esta. Ya he quitado tres neveras del supermercado para poder ahorrar y me voy a cambiar de compañía», reconoce Joan Poch, responsable de un supermercado Coviran en Tarragona que ha sido víctima de la letra pequeña del Real Decreto del Gobierno que limita el tope del gas y, en teoría, debe abaratar las facturas. No está sucediendo así en algunos casos. La diferencia es bien palpable en las tres últimas facturas de este negocio. En junio pagó 1.355 euros de luz. En julio la factura se elevó a 4.830 euros y en buena parte por un nuevo cargo que aparecía claramente detallado: ‘Ajust RDL 10/2022’.

Esto es, ajuste por el Real Derecho 10/2022, un concepto que antes no pagaba y que ahora asciende a 1.392 euros. En agosto la cantidad fue aún más elevada: 1.723 euros por ese cargo añadido que ha aparecido por sorpresa y un dispendio total que se ha encaramado a los 4.800 euros. Entre el 35 y el 40% de la factura procede de este nuevo importe.

«He preguntado y no hay nada que hacer, es un impuesto para todos que ya me han dicho que tengo que pagar o, si no, me cortan la luz», lamenta Poch, sumido en la confusión por lo que es un contrasentido: una medida para pagar menos está provocando que algunos clientes reciban facturas desorbitadas justo cuando la iniciativa ha echado a andar.

El origen se encuentra en el mes de junio, cuando la Comisión Europea autoriza a España y a Portugal a aplicar lo que se conoce como excepción ibérica. Ambos países pasaban a limitar el precio del gas que se emplea para producir electricidad con el objetivo de contener el impacto de la escalada de precios en el mercado mayorista desde la guerra de Ucrania. «Es una medida para parar el impacto que el aumento del precio del gas tenía en la electricidad, puesto que es la tecnología más cara y la que determina el coste cuando es la última que entra a generar para cubrir la demanda», explica Roger Medina, economista e investigador del Institut Ostrom.

Comprar el gas más caro

La Comisión Europea calculaba que esta medida supondría un coste de 6.300 millones en forma de compensación a las gasistas, que sería asumido por los consumidores. ¿Por qué esa compensación a esas empresas que ahora se plasma en la factura? «El tope del gas aprobado implica que el precio que pueden utilizar las centrales de ciclo combinado que usan el gas para generar electricidad está limitado a 40 euros el megavatio hora. Si una central tiene que comprar el gas a 100 euros, en la oferta que presente en el mercado solo se le retribuirá como si presentara una de 40. Como que el precio de mercado también lo cobran todas las tecnologías, como la hidráulica, la solar o la eólica, en realidad las están retribuyendo a un coste menor, pero esas empresas del gas están generando a pérdidas», cuenta Medina.

Es decir, que compran el gas a 120 o 150 euros –o incluso a 240 este verano– pero solo lo pueden retribuir a 40. Se genera un desequilibrio que hay que solventar abonando la diferencia. «Hay una institución que es el operador ibérico, y a todos los operadores de las centrales de gas y carbón se les reduce las ofertas que presentan. Es algo que se hace en función de la demanda eléctrica de cada hora y de cada día», cuenta Medina.

Una afectación desigual

Lo que ocurre es que el cambio no está afectando de la misma manera ni en el mismo momento a todos los consumidores, aunque lo acabará haciendo. «Lo están viendo de una forma más directa los clientes de la tarifa regulada, que son un 40% del total de los pequeños consumidores, los hogares, porque sus casos están más ligados a la energía que se comercializa cada día. No se percibe tanto ahora en el mercado libre, el 60% del total, porque tienen precios cerrados y aún no soportan el coste de compensación». Algunos clientes de ese mercado libre, sin embargo, también se han visto perjudicados en los últimos meses.

La afectación será más elevada cuando haya revisiones y renovaciones. Medina estipula de forma aproximada y a nivel medio que «en facturas domésticas el coste de ese cargo puede oscilar entre los 40 y los 50 euros» y alerta de que «la medida tiene unos efectos colaterales, pero es algo que ya estaba acordado desde el primer momento, aunque desde el Gobierno se debería haber hecho un buen ejercicio de comunicación para aclararlo». Todo ello sometido a los vaivenes de precios en un contexto tan inestable. «Hay días en los que la compensación es superior al precio del mercado», asume Medina. En la tormenta perfecta se ha juntado el excepcional precio del gas, que se ha disparado este verano a 315 euros el megavatio hora. Eso ha hecho que la compensación a las gasistas haya sido especialmente elevada.

Pese a todo, y a pesar de esos montantes exagerados que están disparando la quejas, topar el gas «debe repercutir en acabar pagando menos, lo que pasa es que aquí también influye lo que no se ve, no ves lo que habría pasado si no hubiera estado en vigor esta medida», dice Medina. Estos primeros afectados por este mecanismo imprevisto padecen especialmente, aunque es previsible que el impacto puede amortiguarse. «La medida está prevista hasta el 31 de mayo. En los primeros seis meses se reconoce un precio de 40 euros por megavatio pero a partir de entonces se aumenta a los 70 por hora, lo que quiere decir que la compensación será menor. El otro factor es que cada vez se renovarán más contratos y se dividirá esa contraprestación entre más gente», aclara Medina.

El descontento y la incomprensión campan por gremios y patronales. «Se nos ha multiplicado lo que pagamos. Yo he pasado de pagar 500 a 3.000 este verano, es un aumento muy elevado en comparación con lo que veníamos y estamos todos igual», cuenta Christian Compte, responsable de la discoteca Totem y portavoz de Associació d’Empresaris de Discoteques i Sales de Festa de Tarragona. Jordi Andreu, presidente del Gremi de Forners de Tarragona, relata un incremento «de 500 a 850 euros en luz, más grande de lo que estábamos acostumbrados, y la afectación es generalizada».

«Es algo escandaloso», dice Manel Simon, director general de la Associació Empresarial de Fruita de Catalunya (Afrucat), con presencia especial en lugares como las Terres de l’Ebre. «En una empresa media que en julio pagó 4.400 euros el ajuste del decreto es de 1.900». Afrucat ha presentado una queja al Ministerio de Transición Ecológica con una reclamación muy directa. «Si el objetivo de este plan era rebajar los precios, en nuestro caso no se está cumpliendo», explica Simon.

¿Qué ha sucedido en esta ocasión? «Nosotros negociamos toda la energía eléctrica con las comercializadoras. En mayo, a través de una subasta con los proveedores, cerramos los precios hasta el 31 de diciembre, antes de que empezara a entrar en vigor el decreto», cuenta Simon. Se trata de tarifas cerradas y fijas para lo que quedaba de año. «Yo estoy pagando lo que negocié en mayo pero también me están colocando este impuesto adicional. ¿Por qué pasa esto si antes yo tenía ya un contrato cerrado? En nuestro caso no nos tendrían que aplicar este coste adicional», dice Simon.

El tope no se ha impuesto solo a los clientes de la tarifa regulada, los primeros en notarlo, sino que se les cargará a los del mercado libre que renueven su contrato entre el pasado 26 de abril y el próximo 31 de mayo, cuando caduca la medida. Pese a todo, el propio Gobierno, expertos y otras voces sostienen que el tope debe funcionar a largo plazo y en términos generales. «Hay que tener en cuenta que, sin él, el precio del gas en agosto, absolutamente desorbitado, habría sido de 450 y no de 315. Algo sí está sirviendo», sostiene Joan Vila, presidente de la comisión de energía de Pimec.

Las reclamaciones por la luz se disparan un 38% en Tarragona

Cada día Tarragona registra más de dos reclamaciones al sector eléctrico, según los datos de la Agència Catalana del Consum del primer semestre de 2022. En estos primeros seis meses ha habido 442 reclamaciones, 73 al mes. Es un 38% más que en 2021, cuando había 53. Ya en ese año, este tipo de quejas vehiculadas a través del organismo de la Generalitat se habían disparado, conforme la escalada en el precio de la luz ha ido siendo cada vez más acusada y poniendo en serios problemas a familias y negocios.

Seis de cada diez casos tienen que ver con la facturación o el cobro como motivos de la denuncia. Las 267 situaciones por esa razón registradas hasta ahora, en medio año, son un 40% más que todas las que hubo durante 2019 enero.

Cualquier comparativa que se analice muestra un incremento exponencial. En 2021, las reclamaciones presentadas solo por el concepto ‘contrato y condiciones contractuales’ se duplicaron en Tarragona.

Por regiones, en el Camp de Tarragona ha habido 304 reclamaciones en la primera parte de este año y en el Ebre 138.

Está por ver si el nuevo cargo genera más quejas al respecto. De momento, las asociaciones de consumidores están ya recibiendo casos. «Los casos que nos encontramos en FACUA son consumidores con tarifas de mercado libre que detectan que su factura presenta un importe superior al esperado y, cuando proceden a fijarse en el detalle de dicha factura, detectan un nuevo cargo destinado a compensar el tope del gas fijado en la normativa», explica Miguel Ángel Serrano, vicepresidente de FACUA.

Serrano añade que «no existe uniformidad por parte de las comercializadoras eléctricas a la hora de informar al usuario sobre dicha compensación. Puede que esta ni siquiera se llegue a informar en la factura».

«Nos llegan muchas quejas»

El responsable de FACUA añade: «Si el usuario detecta un aumento del importe medio de sus facturas que no se corresponda con su consumo real, lo recomendable es que acuda a una asociación de consumidores y usuarios para que podamos analizar el contenido de dichas facturas y así comprobar a qué puede deberse este aumento».

«Nos están llegando muchas quejas de todo tipo de empresas. Como ha subido tanto el gas, la compensación que se paga a las gasistas es elevadísima y eso reduce el efecto del tope al gas y encarece las facturas, sobre todo de aquellos que pactaron un precio fijo y ahora ven que es variable y más alto», reconoce Esther Lorente, delegada de la OCU en Catalunya, que admite: «Pese a todo, si no existiera ese tope se estaría pagando más».