FCC amenaza al alcalde y 13 concejales de Tarragona con la vía penal si el Ayuntamiento firma el contrato de la basura con Urbaser

La crisis del contrato de la basura de Tarragona sube un peldaño más. Solo 24 horas después de que el pleno municipal del Ayuntamiento de Tarragona aprobara adjudicar la concesión a la segunda clasificada del concurso público, Urbaser, ahora la tercera –FCC– amenaza con «responsabilidades administrativas y penales» al alcalde Rubén Viñuales (PSC) y 13 concejales si la próxima semana se firma el contrato con la nueva compañía, que asciende a 208 millones de euros para los próximos diez años.

Así lo indica la empresa en un escrito que registró ayer en la administración con sede en la Plaça de la Font. En el documento, al que ha tenido acceso el Diari, la firma denuncia que el acuerdo avalado este pasado jueves con los 14 votos del PSC (9), Junts (3) y los dos tránsfugas es un «claro abuso de derecho por parte del Ayuntamiento», con una interpretación «completamente artificiosa» para «impedir que se pueda recurrir».

¿Sin recurso administrativo?

El acuerdo del pleno tarraconense de anteayer establecía adjudicar el contrato a Urbaser, instando a la empresa a firmarlo «en un plazo máximo de cinco días», después de que hace 11 meses el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic eliminara del proceso a la oferta mejor puntuada, la de GBI Paprec. Estos «cinco días» se traducen en el hecho de que la voluntad municipal es la de firmar con la nueva concesionaria la próxima semana, un hecho que lleva a las empresas recurrentes –FCC y GBI Paprec– a acelerar sus alegaciones.

Se da el caso, sin embargo, de que el punto avalado este jueves en el Saló de Plens especifica que contra dicho documento «no procede la interposición de ningún tipo de recurso administrativo», ya que los servicios jurídicos municipales entienden que «se trata de la ejecución de una resolución» del tribunal administrativo, por lo que «si la interesada estima que su contenido no se ajusta a lo resuelto, puede presentar ante el propio tribunal un incidente de ejecución».

Este posicionamiento enfureció a la tercera clasificada del concurso y gestora del servicio municipal de la basura desde el año 2002, FCC. «La adjudicación vulnera nuestro derecho de defensa y a la tutela judicial efectiva», se afirma en el escrito, en el que se lamenta que, ahora, el consistorio no abra un periodo de diez días para presentar alegaciones.

«Esta infracción, por si sola, ya debe comportar la nulidad del acto administrativo», indica FCC en el escrito, a la vez que denuncia la conducta «completamente inadmisible», con una «ilegalidad flagrante» del Ayuntamiento por el hecho de cerrar la puerta a recursos administrativos y no notificar el acuerdo. FCC critica, además, la adjudicación a la segunda clasificada. «Se trata de un acto administrativo propio, cualificado y de contenido sustantivo a todos los efectos», se indica en el recurso, en el que se denuncia que la resolución del tribunal administrativo no especifica que deba adjudicarse el contrato a la segunda clasificada. «Se limita a dejar sin efecto la adjudicación a GBI Paprec y la retroacción del proceso de licitación para excluir su oferta», indica.

Finalmente, FCC exige al Ayuntamiento que «deberá abstenerse de continuar con la formalización del contrato con Urbaser», bajo el riesgo de «incurrir en incumplimientos flagrantes de la normativa en materia de contratación pública», amenanzando con «responsabilidades administrativas y penales» a «las autoridades responsables de esta actuación». «Esta parte está dispuesta a reclamar a través de todos los mecanismos legales si no se respetan los derechos», concluye la compañía en el escrito.

TGN descarta la prevaricación

Este periódico intentó ayer conocer la opinión del gobierno municipal, pero no fue posible tener ninguna declaración sobre el escrito de FCC. La amenaza penal llega después de que en el pleno del jueves ERC pusiera sobre la mesa una posible prevaricación por el hecho «de adjudicar a una empresa que se sabe que ha incumplido, según el tribunal administrativo». Pese a ello, el secretario general, a instancias de tres preguntas «en directo» del alcalde, aseguró durante el pleno que no hay riesgo de conducta penal y confirmó que la única vía es adjudicar «porque el tribunal no ha dicho expresamente que deba paralizarse el procedimiento».