La Generalitat quiere multar a Iqoxe con 2 millones de euros

Primer gran paquete de posibles sanciones contra Iqoxe. Tres años después de la trágica explosión que acabó con la vida de tres personas –dos trabajadores y un vecino de Torreforta que se encontraba en su domicilio a casi tres kilómetros de la industria–, ayer la Generalitat de Catalunya anunció su propuesta para multar con más de dos millones de euros a la compañía ubicada en el polígono químico sur, en el término municipal de La Canonja, tras corroborar que se habría vulnerado la normativa de seguridad industrial.

Así lo anunció el Departament d’Empresa i Treball –liderado por el conseller Roger Torrent (ERC)– que justificó la elevada cuantía económica en el hecho de se habrían detectado hasta cuatro infracciones «muy graves», según la tipificación que establece la Ley 9/2014 del 31 de julio sobre seguridad industrial de los establecimientos, las instalaciones y los productos.

Modificación del producto

Ayer, el gobierno autonómico detalló de manera pública las cuatro infracciones «muy graves» que se habrían detectado en el expediente abierto a raíz de la explosión de un reactor de la firma, hace casi 39 meses, que paralelamente también está en el juzgado de Instrucción.

La mayor parte de la propuesta de sanción –un millón de euros– se centra en el hecho de que, a juicio de los técnicos de Empresa, «se fabricó un lote del producto MPEG500 modificando la receta de fabricación», concretamente «la medida del lote, el catalizador a utilizar y la cantidad usada», todo ello «sin respetar las instrucciones del fabricante, sin evaluar las modificaciones y sin efectuar ninguna prueba ni ningún ensayo previo para constatar si la reacción era segura».

Paralelamente, la Generalitat quiere tramitar una sanción administrativa de 500.000 euros contra Iqoxe por considerar que «se silenciaron las alarmas sonoras del sistema de seguridad en la sala de control». Asimismo, el Govern impulsa una sanción de medio millón más porque «en el momento del accidente, así como en instantes anteriores, el panel de la sala de control de la unidad U-3100 no estaba siendo objeto de supervisión».

Finalmente, en el informe elaborado por la Generalitat se proponen 100.000 euros adicionales de sanción por el hecho de que la empresa no habría «proporcionado formación específica de su puesto de trabajo a los trabajadores».

Ayer, el alcalde de Tarragona –Pau Ricomà (ERC)– manifestó que las infracciones descritas por la Generalitat «son muy graves» en el accidente «más importante que ha tenido nunca la industria química en Tarragona». El máximo representante municipal se mostró «satisfecho» con la actuación «rigurosa y totalmente independiente» del Govern. «Desde Tarragona hemos sido exigentes desde el primer momento, solicitando precisamente este tipo de inspecciones», además de «personarnos en la causa penal».

Por su parte, el grupo parlamentario de la CUP exigió ayer al Govern «toda la documentación del expediente sancionador» que incluya, explícitamente, «los motivos de la sanción y la propuesta de sanción detallada». La diputada Laia Estrada puso sobre la mesa que «si no se hubiera producido la explosión de Iqoxe no se habría abierto el expediente que ha permitido detectar estas cuatro infracciones muy graves».

180.000 euros más en 2021

El paquete de sanciones anunciado ayer es la segunda sanción que tramita la administración autonómica contra Iqoxe. La primera fue en verano de 2021, un año y medio después de la explosión, cuando el Departament de Treball puso una multa de 180.000 euros a la compañía por también una infracción «muy grave» en materia de seguridad y salud laboral «durante el proceso de producción».

En ese momento ya se alertó que se trataba de la cuantía económica «más elevada» que prevé la legislación actual en materia de seguridad y prevención de riesgos laborales. Asimismo, de forma paralela a la sanción económica, Inspecció de Treball también propuso imponer a Iqoxe un recargo de prestaciones a la Seguridad Social «de las personas trabajadoras afectadas por la falta de medidas de seguridad y salud laboral que sufrieron el accidente». Ahora, la propuesta realizada en materia de seguridad industrial, por valor de 2,1 millones de euros, puede provocar que el volumen global de la sanción ascienda hasta un montante global de 2,3 millones.

Este periódico intentó conocer la valoración de la propuesta de sanción por parte de Iqoxe, pero fuentes cercanas a la empresa se limitaron a declarar que «se trata de una propuesta de sanción y no de una sanción». Pese a ello, en su comparecencia ante la jueza del pasado 20 de marzo, el exconsejero delegado de la empresa en el momento del accidente, José Luis Morlanes, realizó ante la jueza una intensa defensa durante cinco horas de los protocolos de actuación llevados a cabo por la empresa tras el accidente, hasta el punto de enfatizar ante la magistrada Sofía Beltrán Miralles que la gestión de la empresa «evitó» que la explosión «se propagase y contaminara al medioambiente» y provocara «daños mayores», tanto a la población como a las instalaciones químicas.

Las fuentes consultadas por este periódico confirmaron que la magistrada cuestionó al exconsejero delegado tanto en materia laboral como en el sistema de producción del producto MPEG 500, que es el que explotó provocando la tragedia. Sobre lo primero, Morlanes negó que se incrementara la producción y, de hecho, las fuentes resaltan que aseguró a la jueza que la producción de diciembre de 2019 y de enero de 2020 se redujo «entre un 42% y un 34%» respecto al año anterior, lo que se traduciría en 14.000 toneladas menos que en 2013, que es el último año en el que las instalaciones eran de la antigua Iqua.