La (larga) doble espera judicial del no parking Jaume I

El polémico caso del no parking Jaume I vivirá en pocas semanas momentos decisivos para determinar su suerte final. El aparcamiento soterrado –con un sistema supuestamente inteligente que debía costar inicialmente menos de cuatro millones de euros pero por el cual se abonaron más de 30 sin que nunca haya podido ser una realidad– se encuentra este verano en una doble larga espera para saber si sigue vivo en los tribunales de justicia o si, en cambio, pasa definitivamente a la papelera de la historia.

Dos son las vías que aún están abiertas para poder aclarar qué es lo que pasó para que el coste de construcción del equipamiento robotizado de la Part Alta se multiplicara por casi ocho: la penal y la civil.

¿Vía penal al borde del archivo?

El pasado mes de marzo trascendió que el magistrado del Juzgado de Instrucción número 3 de Tarragona, Vicente José Martínez Pardo, había dictado el auto de sobreseimiento provisional de la causa, cerrando de esta forma una polémica que el Ayuntamiento arrastra desde inicios del siglo XXI. El juez considera que «no concurren indicios suficientes de que los hechos denunciados hayan sido cometidos con los requisitos de los tipos penales por los que se formula la denuncia», «ni con la intencionalidad y el ánimo necesarios para ser constitutivos de infracción penal», por lo que «procede el sobreseimiento de las actuaciones hasta que se justifique debidamente la perpetración del delito».

¿La traducción de todo ello? Que la mala praxis técnica y política no es delito penal. El archivo será definitivo cuando el juez considere que ha prescrito el delito que estaba investigando a raíz de la apertura del expediente judicial en 2008: malversación de caudales públicos. Hasta entonces –no se ha definido cuándo– podría reabrirse el caso si apareciera alguna nueva prueba.

En abril, el Ayuntamiento presentó un último recurso solicitando nuevas pruebas periciales. Ahora, la duda es si con la contestación a la demanda municipal el juez se limitará a responder la petición de la representación de la Plaça de la Font o si, paralelamente, aprovechará para zanjar definitivamente el caso penal. Se aceptan apuestas.

Vía civil: ¿Dobles pagos?

Paralelamente, el proceso del Jaume I también tiene abierta la vía civil en el juzgado de Primera Instancia de Madrid contra las financieras de la maquinaria que, en teoría, debía servir para que el recinto pudiera ser una instalación robotizada. En este caso, la administración municipal tarraconense está pendiente desde el pasado mes de noviembre de saber si el juez acepta a trámite la acusación contra Metropolitan y a BSCH por facturar, presuntamente, maquinaria que no habría sido librada en su totalidad.

En total, los técnicos municipales decidieron acudir ante el tribunal de la Comunidad de Madrid al considerar que el total de los bienes, enseres e instalaciones que debían haber sido incorporados al no aparcamiento mediante el renting con Metropolitan sumaba un montante global de 4.996.087 euros más IVA, de los que, en cambio, solo se habría recibido material por un valor de 831.456. Escasamente, un 16% de los pagado durante 11 años.

Hasta la fecha, el juez aún no se ha mojado sobre si esta última vía puede llegar a buen puerto. En caso de hacerlo, permitiría que el Ayuntamiento aún aspire a poder recuperar algo de todo el dinero desperdiciado durante años en un agujero que, de momento, no sirve para nada. Por el contrario, si el magistrado también cierra la puerta a la opción civil supondrá un punto de inflexión y el mazazo definitivo en el que ha sido el mayor desastre de la historia reciente de la ciudad.